El manejo del millonario y único programa para emprendedores —Capital Semilla— se mantiene bajo un velo, impuesto por el director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Óscar Ramos, so pretexto de proteger datos.
Sin embargo, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) —ente, por ley, rector de leyes de protección de datos y de acceso a la información— indicó que los argumentos de la Ampyme “carecen de fundamento legal”.
La Ampyme, a juicio de la Antai, desconoce las excepciones de la Ley de Protección de Datos, que permite prescindir de la autorización del titular de los datos “en beneficio del interés público y la rendición de cuentas de los recursos desembolsados”.
Pese a lo dispuesto por el Decreto 126 de 2010, que obliga a la Ampyme a divulgar la lista de los favorecidos con fondos de Capital Semilla, Ramos se negó a hacerlo. En cambio, dijo que la información está disponible para “consulta” en la Dirección de Finanzas de la Ampyme.
La Prensa, en un intento por obtener la información solicitada durante cuatro meses, tras una decena de correos y cartas, al amparo de la Ley de Transparencia, y de peticiones de entrevistas con agenda abierta —esquivadas por Ramos—, acudió a hacer la “consulta” de los beneficiados de los $6.2 millones entregados en esta administración. La consulta dejó más preguntas que respuestas.
Semillas que no ven la luz
“La Dirección General de Ampyme [Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa] o la que ésta designe publicará el listado de los beneficiarios para recibir el Capital Semilla en la página web de la entidad o a través de cualquier medio de comunicación, regional o nacional”. Este es el artículo 38 del Decreto Ejecutivo No. 126, de 23 de julio de 2010, que regula las actividades de la Ampyme.
Meses de inútil esfuerzo
Pero en esta institución nadie cumple la disposición. Su director general, Óscar Ramos, dice que la Ampyme no puede legalmente entregar la lista de beneficiarios del programa Capital Semilla, salvo que lo autorice cada uno.
Ello, a pesar de que ni en Ampyme ni en otras regulaciones se indica la obligación de pedir permiso a los beneficiarios si la información se ha recabado en la ejecución de programas del Estado.
La Prensa lleva cuatro meses solicitando información verificable a la Ampyme de los beneficiarios del programa Capital Semilla, el cual cuenta con millones de dólares del Estado para ser repartidos en pequeñas cantidades, no reembolsables, a miles de solicitantes, quienes, tras un proceso de selección, deben utilizar el dinero para sus emprendimientos.
A pesar de que esta información no solo es pública, sino que debe ser divulgada, el director de la Ampyme solo accedió a que este medio “consultara” un “listado global” de beneficiarios, ubicado en la Dirección de Servicios Financieros de la Ampyme.
La ‘consulta’
El pasado 17 de noviembre, La Prensa acudió a hacer la “consulta”. En la Dirección de Servicios Financieros de la Ampyme esperaban su directora, Gloria Arosemena, y Carla de Bellina, asesora. También, el jefe de Relaciones Públicas de Ampyme, Carlos Cordero, quien codirigió la reunión. Custodiaban cinco carpetas de plástico –visiblemente nuevas– cuidadosamente ordenadas, en cuyo interior se supone estaba la información solicitada.
Cada carpeta contenía la lista de beneficiarios que correspondía a un semestre. Un solicitante recibe un máximo de $2 mil de fondos del programa y en este gobierno se han repartido $6.2 millones –hasta noviembre pasado– a 3 mil 808 personas, de las cuales, 2 mil 232 se dieron este año, informó Arosemena.
La Prensa “consultó” la carpeta Julio-Diciembre de 2021. La información era menos que exigua: 34 páginas; en cada una, dos columnas que identificaban al beneficiario con el “primer nombre” y “primer apellido”: 45 nombres y 45 apellidos en cada página. Ni siquiera el segundo apellido.
Ni monto recibido ni dirección ni cédula ni emprendimiento ni criterio de selección ni seguimiento. Nada verificable. La desolación informativa se repitió en cada página de los restantes cuatro cartapacios.
¿Es todo?, preguntó La Prensa. “Solo tenemos esto. Quisiéramos llevarlo a estadísticas, tener más información... Se nos hace difícil...”, dijo Arosemena. Su meta –añadió– es hacer una base de datos. Cordero –el de Relaciones Públicas– aclaró que la Ampyme tiene un expediente de cada beneficiario, pero su acceso a La Prensa también fue negado.
Ni foto ni notas
Este medio intentó fotografiar una de las listas y las carpetas. Arosemena accedió, pero Cordero lo impidió. “Es información reservada”, sentenció. La Prensa intentó anotar algunos nombres. “Eso no lo puede hacer”, es clasificado, recordó Cordero.
Este medio preguntó por las actas del comité evaluador que elige, a través de concurso, a los beneficiarios. “Es reservado, respondieron. Tampoco se puede “consultar”, salvo que medie autorización del beneficiario, dijo de Bellina, la asesora.
¿Cómo se obtiene autorización para acceder a sus datos si en la información de consulta no está ni el teléfono ni la dirección?, preguntó La Prensa al día siguiente.
“Eso no se ha hecho. Tendríamos que pedírselo [a los beneficiarios]. Es una instrucción que nos deben dar...”, dijo Arosemena. “Tendríamos que pedírselo para dárselo a Mary Triny; sería una acción extra y habría que crear una autorización individual”, añadió. Pero, “si se pide, se hace. Esa instrucción la deben dar y debe ser requete valorada”, subrayó.
Más confidencialidad
La Prensa solicitó indicadores económicos de los emprendimientos desde 2009 –cuando comenzó el programa– a fin de conocer el éxito o fracaso del programa. El pasado 20 de septiembre, Ramos puso obstáculos para dar esa información. Alegó que la respuesta implicaba facilitar información financiera, algo que, según dijo, es confidencial, citando el Código de Comercio.
El 4 de octubre pasado, Ramos informó que, para medir la evolución del programa, se realizaba un muestreo digital, y que no contaba con indicadores económicos, sino con “parámetros de medición de crecimiento”. Es decir, la Ampyme carece de datos que sustenten el éxito o fracaso de Capital Semilla. De hecho, encuestas a los beneficiarios empezaron a aplicarse luego de que La Prensa solicitó esta información.
El más reciente dato sobre los emprendimientos activos de Capital Semilla data de febrero del año pasado, según un análisis de ese mes. Para entonces –dijo Arosemena– estaba operativo el 89% de los emprendimientos.
Actualmente se realiza una nueva medición, mediante encuesta. La encuesta es enviada, vía chat y correos, ya que dicen no tener dinero para otra metodología y por las restricciones pandémicas.
Desde 2019, dieron ayudas a emprendedores por $6.2 millones, lo que ha implicado su formación técnica, la “bancarización” de sus actividades y mejorar su autoestima, dijo Arosemena.
La misma información de carácter general la compartió la Ampyme con la dirección editorial de este medio en octubre pasado, tras insistentes invitaciones de la Ampyme. Pero nada comprobable, como nombres de beneficiados, montos recibidos, seguimientos, etc.
El debate
¿Son o no públicos los datos sobre los beneficiarios del programa Capital Semilla, en especial datos como montos entregados, ramo de negocio, nombre del emprendedor, ubicación y cédula. Información verificable en campo.
La Prensa consultó simultáneamente a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y a la Procuraduría de la Administración sobre la negativa de Ampyme de entregar la información, que este medio solicitó al amparo de la Ley de Transparencia.
La consulta incluyó las cartas de petición de La Prensa y las respuestas que recibió de la Ampyme.
En su rol de “consejera jurídica”, la Procuraduría indicó que brindaría “orientación”, es decir, una opinión no vinculante. Dijo que el Decreto Ejecutivo 126 indica que lo que se publicará de los beneficiarios de Capital Semilla es “el nombre del beneficiario, sin señalar otro dato”. Pese a ello, esta disposición no ha sido cumplida por la Ampyme.
La Procuraduría expuso que la Ley 81 de 2019, de protección de datos, “se aplica de manera preferente” sobre el decreto que regula a la Ampyme (que obliga publicar la lista de los beneficiarios).
Por ello, la información personal de los receptores de Capital Semilla “solo puede ser divulgada a terceros con el consentimiento previo del titular o la autoridad competente”, sostuvo el procurador, Rigoberto González.
De esta opinión se valió el relacionista público de la Ampyme para negar la información solicitada por La Prensa: aludió a la superioridad jerárquica de una ley sobre un decreto. Pero este decreto está plenamente vigente, por lo que su cumplimiento es obligatorio, salvo que se derogue en parte o totalmente, cosa que no ha ocurrido.
Lea aquí: la opinión completa de la Procuraduría de la Administración
La opinión de la Antai es diametralmente opuesta. Cabe recordar que una de las funciones de la Antai es, precisamente, “velar por la debida reserva y protección de los datos e informaciones en poder del Estado que, conforme a la Constitución Política y a la Ley de Transparencia, tengan carácter de información confidencial e información de acceso restringido y datos personales”.
Teniendo en cuenta esta función, la Antai estimó que la información solicitada no viola privacidad alguna. La Antai, “como ente rector en materia de acceso a la información y protección de datos personales”, facultada por Ley 33 de 2013, concluyó que “el argumento” de la Ampyme concerniente a la imposibilidad de entregar la información solicitada “carece de fundamento legal”.
Ampyme, sin sustento
Según la Antai, es “errónea” la invocación que hizo la Ampyme de la Ley de Protección de Datos, pues desconoció sus excepciones, una de las cuales “permite al responsable del tratamiento prescindir de la autorización del titular de los datos, en beneficio del interés público y la rendición de cuentas de los recursos desembolsados del erario”.
Lea aquí: La posición completa de la Antai
“Consideramos que la Ampyme –dijo la Antai– mantiene la obligación de entregar la información de los beneficiarios del proyecto Capital Semilla, con la intención de satisfacer el conocimiento del interés público acerca de los recursos del Estado”.
La entrega de la información –añade– “no vulnera en lo absoluto lo normado” en la Ley de Protección de Datos, pues lo solicitado se ajusta a los casos de excepción, y no se requiere permiso del titular para entregar lo solicitado, a lo que hay que añadir el interés público descrito en la Ley de Transparencia.
Esta opinión, de Walter Rodríguez –encargado de la Dirección de Protección de Datos Personales de la Antai– recordó que para restringir la información debe existir una resolución que lo disponga (que no existe). Y añadió que citar el Código de Comercio para negar los indicadores económicos es “incongruente”.
Más negaciones
La negación de datos verificables sobre la efectividad del programa no es cosa exclusiva con La Prensa. Dos veces, la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresa (Unpyme) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidieron a la Ampyme informes sobre Capital Semilla, sin éxito.
Son $2 dos mil que se entregan a través de las facturas que presentan [los emprendedores]… Uno no sabe si esos productos los utilizaron o los vendieron y se quedaron con la plata [...]. No hay ninguna forma de saber cuál fue el destino final de esos fondos”, se quejó Franklin Martínez, de la Unpyme.
La información y seguimiento “ha sido una conversación que hemos tenido recientemente y es un tema pendiente... No es lo suficientemente robusta para evaluar los resultados” ni de Capital Semilla ni de Banca de Oportunidades, afirmó Eysel Chong, del Conep.
