En el gobierno que preside Laurentino Cortizo se ha clasificado de “confidencial” –por 10 años– la lista de tenedores de billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).
¿Qué puede tener de confidencial esta información? Una pista: en la filtración de los “Varelaleaks” se menciona que se otorgaron libretas de billetes a diputados como parte de una negociación en la administración del expresidente Juan Carlos Varela, quien tenía minoría en la Asamblea Nacional.
Pero, según la actual directora de la LNB, Gloriela Del Río, se trata de información de acceso restringido, pues “guarda relación con los datos personales y comerciales de los billeteros [y], por motivo de seguridad personal, ya que corren el riesgo de ser víctimas de asaltos y de circunstancias que atenten contra su vida y su patrimonio”.
Estos argumentos están contenidos en la Resolución 2019-61, de 13 de agosto de 2019, es decir, tras solo mes y medio de haber asumido el cargo como funcionaria del gobierno de Cortizo. La información, según el documento, no será conocida antes de 2029.
La mencionada resolución fue la respuesta que obtuvo La Prensa tras solicitar –mediante la Ley 6 de 2002, de Transparencia– la lista de los tenedores de billetes de lotería: nombres, cédulas y las provincias donde operan (ver carta). La petición se hizo el día 12 de septiembre, un mes después de que la funcionaria la clasificara de secreta.
La filtración
Según la filtración de la supuesta conversación del diputado José Luis Varela con su hermano, el expresidente Juan Carlos Varela –en septiembre de 2018, época en la que se aprobaba una dispensa fiscal de $300 millones– el Ejecutivo negoció una serie de favores a los diputados.
Según mútiples chats: los favores a los diputados incluían la cesión de federaciones deportivas, como la Federación Panameña de Béisbol, que hoy preside el diputado Benicio Robinson. Según los chats, también fueron cedidos cupos de taxi; becas escolares y dos y media libretas de lotería de $300 cada una.
Pero, como en todo, hay jerarquías. Robinson –presidente del PRD– y Yanibel Ábrego –por aquel entonces diputada presidenta de la Asamblea Nacional– recibirían más libretas: al menos, 10 libretas (ver chat).
El exdiputado Varela miró los chat. Admitió que eran suyos. “Sí, reconozco haber participado en ese acuerdo en un momento en el que la oposición tenía trancados en la Asamblea temas de interés para el Gobierno y me pidieron que colaborara. Allí se acordó asignarle un número de libretas [de lotería] a un grupo de diputados... Ellos debían recomendar a las personas que eran las beneficiarias y cumplieran con los trámites que exige la Lotería, incluyendo el más importante, que era la evaluación social del beneficiario”, respondió José Luis Popi Varela.
En un comunicado, el exmandatario expuso que lo extraído de su celular –producto de una interceptación telefónica a la que culpa al expresidente Ricardo Martinelli– fue “distorsionado, alterado y manipulado...”.
Prohibir la divulgación de la identidad de los beneficiarios de libretas de lotería “proviene de la Dirección General [de la LNB] tras consulta a su Departamento de Asesoría Legal... La decisión está fundamentada, según se informa, en comunicaciones de la LNB, en que los billeteros no son funcionarios públicos y que publicar la información sensible para su seguridad conlleva el riesgo de amenaza a su vida”, contestó Óscar Ramos, vocero del Gobierno, quien negó que esta directriz emanara del presidente Cortizo.
Dijo que la opinión del Presidente al respecto es que “se debe trabajar de cara a la población con transparencia”.
La Secretaría Estratégica de la Comunicación del Estado expuso que toda acción que proteja la vida de los ciudadanos que trabajan de manera privada, en principio, es positiva y que un billetero que se gana la vida “lo hace bajo un contrato privado, que no es funcionario público y, en consecuencia, la publicación de sus datos de identidad, lugar donde trabaja y la asignación de billetes que debe vender pone en riesgo su vida”.
Sin embargo, esto no fue lo que solicitó La Prensa. La petición fue únicamente conocer el nombre, cédula y provincia donde vende los billetes.
Declarar confidencial esta información fue calificada como “absurda, no se justifica” por Carlos Lee, representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, porque se debe entender que es una concesión “y como concesión debe ser de dominio público”.
Lee explicó que son personas que atienden al público y a la vista de todos, y que otra cosa sería pedir detalles de cuánto ganan por libreta o cuántas libretas tienen.
Calificar la lista de poseedores de libretas de lotería como información confidencial y de acceso restringido, asegurando que se trata de “información comercial” protegida en la Ley 6 “es una tomadura de pelo”, advirtió la abogada y expresidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional, Lina Vega.
Históricamente, Vega recordó que las libretas de lotería han sido fuente de clientelismo y corrupción. “Es curioso que la resolución que limita el acceso a esa información se aprobó en agosto de 2019, solo unos días después de iniciada la actual Administración”. A su juicio, esta decisión viola la Constitución y la ley.
La LNB figura entre las tres entidades que más aportan al Estado, antecedida solo por el Canal de Panamá y el Banco Nacional. El año pasado, la LNB entregó a las arcas estatales $124 millones.
Pese a la resolución de la LNB, Ramos defendió la política del Gobierno sobre transparencia. Alegó que se “promueve la transparencia y la información en todas las gestiones de gobierno y creemos en un gobierno abierto”. Mencionó que la Autoridad de Innovación Gubernamental ha estructurado departamentos de digitalización en cada entidad gubernamental y que se impulsó la ley de asociaciones público-privadas que tiene la cláusula de contratista visible.
Transparencia
Pero lo cierto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado que “la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales” gracias al “acceso a la información pública, activando así un control democrático de las gestiones estatales”.
Así lo resalta Rafael Pérez Jaramillo en su libro Conoce tus derechos, una publicación del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales.
Esta nota fue modificada el jueves 12 de diciembre de 2019, a las 8:37 a.m., para corregir el párrafo que detalla la petición presentada. Decía “La petición se hizo el día 12 de septiembre, un mes antes de que la funcionaria la clasificara de secreta”. Debe decir: “La petición se hizo el día 12 de septiembre, un mes después de que la funcionaria la clasificara de secreta”.
