Un informe de la Superintendencia de Bancos, el testimonio del exdirector de proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Churro Ruiz, y la declaración de varios contratistas que obtuvieron proyectos entre los años 2012 y 2014, fueron parte de los elementos que tomó en cuenta la jueza Baloisa Marquínez, para dictar un llamamiento a juicio contra 26 personas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad de documento, en el caso Blue Apple.
El informe de la Superintendencia de Bancos reveló que no existía concordancia entre los montos declarados y los movimiento de las cuentas de la sociedad Blue Apple.
Además, que Blue Apple fue reportada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el año 2012.
Ruiz, en su declaración a la fiscalía, indicó que Ricardo Alberto Martinelli Linares le planteó una operación en la que debía pedir a las empresas contratistas del MOP, dinero como apoyo político. Esta afirmación fue luego avalada ante la fiscalía por los contratistas.
Razones de la jueza Marquínez para llamar a juicio en Blue Apple
La jueza tercera liquidadora de causas penales Baloisa Marquínez fue enfática en señalar que en los delitos de asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales en el caso Blue Apple, hay indicios contundentes para llamar a juicio a 26 investigados.
En su auto mixto del pasado 15 de noviembre, Marquínez sostiene que las declaraciones del exjefe de proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Churro Ruiz, son precisas al señalar que recibió instrucciones de Ricardo Alberto Rica Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), a fin de establecer una operación para solicitar a empresas contratistas fondos como ayuda política, a cambio de facilidades para la ejecución de proyectos con el gobierno.
Ruiz agregó que los exministros del MOP, Federico José Pepe Suárez y Jaime Ford, también tuvieron participación en el cobro de las facilidades otorgadas a esas empresas.
La jueza también plantea que otro de los elementos que llevan a establecer la existencia de graves delitos (como asociación ilícita y blanqueo de capitales), son las declaraciones contenidas en los acuerdos de colaboración alcanzados con Carlos Cerda, de Constructora Meco; Cesar Jaramillo, de Conalvías; Juan Alexis Rodríguez, de Constructora Rodsa, y Alberto Jurado, de Bagatrac, quienes admitieron haber acordado con Ruiz la entrega de entre 5% a 10% del monto de los contratos.
En el documento también se explica que los pagos realizados por estas empresa se canalizaban a cuentas de sociedades, y que dichas transacciones se realizaron con la colaboración de Joaquín Rodríguez Salcedo, exgerente de Factor Global, y Federico Barrios, representante legal de la sociedad Blue Apple, quienes idearon un sistema de venta de facturas para que los contratistas descargaran o simularan gastos y hacerle llegar fondos a los funcionarios.
En la investigación también se comprobó que entre 2011 y junio del 2017 se depositaron $6.1 millones a Blue Apple, procedentes de los aportes realizados por las empresas contratistas.
Otro de los elementos tomados en cuenta por Marquínez para dictar su llamamiento a juicio, es un informe elaborado por la Superintendencia de Bancos, en donde se precisa que no había concordancia entre los ingresos declarados por Blue Apple y los movimientos de sus cuentas. El reporte precisa que la sociedad había dicho que enviaría transferencias a Venezuela, Perú, y Estados Unidos, pero también lo hizo a Hong Kong, Suiza y China.
El fallo de la jueza indica que Blue Apple simuló el alquiler de una empresa de carga en Suiza, para trasladar materiales de construcción a Panamá, pero que nunca presentó documentación de embarque. Agregó que Blue Apple mantenía la misma dirección que otras empresas asociadas a sus actividades.
Por otro lado, en la investigación hay un reporte del 2012 de la Unidad de Análisis Financiero, que precisa que Blue Apple mantenía movimientos excesivos, que no correspondía al “perfil” de dicha sociedad.
Otro de los elementos de convicción que sacó a relucir la jueza es la declaración de Federico Barrios, quien detalló que se hicieron pagos a Corporación Energía del Istmo, sociedad en la que tenían participación Ricardo Alberto y Luis Enrique Matinelli Linares. Sin embargo, la jueza decidió no llamar a juicio a los responsables de esta sociedad. Además, Barrios contó que Conalvías y Rodsa realizaron pagos directos de sus cuentas a esa empresa, y que él compró la factura para reducir el gasto.
Marquínez decidió abrir causa criminal a 26 personas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (corrupción de servidores públicos), contra el orden económico (blanqueo de capitales), contra la fe pública (falsificación de documentos) y contra la seguridad colectiva (asociación ilícita).
También hay una lista de personas para quienes la jueza decretó sobreseimiento provisional y definitivo.
El juicio está programado para celebrarse del 20 de junio al 1 de julio de 2022, a partir de las 9:00 a.m. Además, se agendó como fecha alterna del 16 al 26 de agosto de 2022.
