La licitación de la Caja de Seguro Social (CSS), adjudicada –en plena crisis del coronavirus– al Consorcio Salud en Control, por 168 millones de dólares, a fin de actualizar, implementar e integrar los procesos de almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos a nivel nacional, ha desatado una guerra política con insospechados enemigos.
El diario Panamá América, controlado por el expresidente Ricardo Martinelli, defendió el pasado 7 de abril la adjudicación del millonario contrato de la CSS a un consorcio integrado por dos sociedades: la panameña PMG Logistics Corp. y la mexicana Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., conocida también en México como Intermed.
El contrato, que es por cuatro años, fue motivo de dos entregas del diario martinellista. En una de ellas, indicó que la contratación del consorcio “ayudaría a mejorar la disponibilidad de medicamentos a favor de miles de panameños que recurren a diario a la entidad”.
Más a favor del consorcio: “Estuvo por debajo del precio de referencia que estableció la CSS para esta contratación de 200 millones de dólares, a razón de 50 millones por año. El Consorcio Control y Salud dará el servicio a razón de 42 millones por año”.
Además –agregó el diario– en su resolución de adjudicación, el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, dijo que el consorcio beneficiado “fue el único proponente que, según la comisión evaluadora, cumplió con los requisitos y exigencias del pliego de cargo, obteniendo un total de 97 puntos de la metodología de ponderación escogida”.
Panama América también habló de la distribución de medicamentos: “deberá [ahora] ser más eficiente con el nuevo servicio de automatización, almacenamiento y entrega final a los asegurados de la CSS...”.
Los argumentos del diario martinellista a favor de la contratación de la CSS salieron a relucir en medio de una avalancha de críticas emanadas en redes sociales y grupos de noticias, que cuestionaron duramente este contrato, por los escándalos que rodean a una de las empresas del consorcio ganador: Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V. (Intermed).
Irregularidades
No hace mucho –en febrero pasado– el director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México fue destituido por “incompetencia... ya que diariamente se ponía en riesgo la salud y vida de los pacientes”, reportaron medios mexicanos. La decisión llegó cuando el personal médico denunció al funcionario ante el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, debido a que Intermed y otra empresa incumplían un contrato de más de 27 millones de dólares para la entrega de insumos fármacos y médicos, pero que –no obstante– eran cobrados a los pacientes, reportó el medio digital mexicano Aristegui Noticias.
Este año tambien se sumó otra denuncia contra esta empresa. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, Santiago Nieto Castillo, en la conferencia de prensa matutina del pasado 4 de marzo que lidera López Obrador a diario, expuso información acerca de esta y otras empresas del sistema de salud a las que se les han identificado irregularidades.
Nieto Castillo reveló que, en total, Intermed ha sido beneficiada con contratos que suman más de 290 millones de dólares –entre 2012 y 2019– por distintas dependencias estatales mexicanas. Y, a pesar de ello, sus informes financieros reflejan pérdidas fiscales por unos 18 millones de dólares.
“Esto no resulta compatible con ningún sistema financiero”, dijo el titular de la UIF mexicana. Significa una defraudación de naturaleza fiscal, operaciones simuladas a partir de facturación falsa y falta de compromiso con el sector salud, dijo Nieto Castillo. Agregó que se han presentado las denuncias correspondientes en las instancias competentes.
Sobre Intercontinental de Medicamentos pesan más denuncias. Esta habría entregado, junto a otras dos compañías, insulinas que “no cumplen” con los estándares necesarios para los tratamientos médicos, denunciaron diputados de Guanajuato (México), en febrero de 2017, reportó el medio mexicano Plano Informativo.
La insulina usada por los hospitales públicos en Guanajuato fue catalogada de “pirata” por los diputados, ya que médicos de esa región concluyeron que “no reunía las características de cualidad y calidad y, como consecuencia, los procesos en los pacientes estaban siendo anormales y no estaban dando los resultados que se esperaban con la aplicación de este medicamento”. Pero, pese a las advertencias, la empresa adquirió otro contrato directo por más de $3.4 millones en México.
Contraataque
Pese a la defensa que hizo Panamá América del contrato, las críticas iban en aumento a medida que se divulgaban los escándalos en México de la empresa ganadora. Panamá América, a la vez que defendió el contrato a favor del consorcio ganador, previamente había arremetido contra el consorcio descalificado por la comisión evaluadora porque alegó que no cumplía las exigencias de la licitación.
El ataque lo hizo en dos ocasiones. La primera fue el 6 de abril y la segunda, al día siguiente, cuando defendió la adjudicación del contrato. Su entrega inicial fue titulada: “Escándalos marcan a empresa que busca contrato en la CSS”, un título que también podía ser aplicado a la empresa mexicana que, empero, el diario martinellista justificaba. De hecho, Panamá América deliberadamente se abstuvo de revelar información comprometedora de Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V.
El ataque de Panamá América se centró en otra empresa mexicana: Distribuidora Disur, que junto con la panameña Sistemas Neumáticos de Envíos, S.A., formaron el consorcio Disur & Motion Health Care, que, como ya se dijo, fue descalificado de la licitación de la CSS.
El diario dijo que Distribuidora Disur pretendía el millonario contrato, “a pesar de contar con un historial marcado de escándalos y supuestas irregularidades, como sobreprecios en las compras de varias entidades públicas de México”. Decía esto, sabiendo que el consorcio al que pertenece Distribuidora Disur hizo una oferta de 130 millones de dólares en la licitación de la CSS, mientras que el Consorcio Control y Salud –su defendida– ganó con una oferta mayor, de casi 170 millones de dólares, es decir, 40 millones más que su competencia.
Panamá América fue más allá. Aseguró que, “según fuentes del mercado, la alianza local de Distribuidora Disur tendría contactos políticos al más alto nivel del Gobierno panameño que ahora intentan tumbar el proceso [de licitación de la CSS], entre ellos, Eduardo Castillero, hermano del presidente de la Asamblea [Nacional de Diputados, Marco Castillero], y el dirigente del partido del gobierno PRD, Celso ‘Chechito’ Carrizo”, funcionario de la Presidencia de la República, quien, contactado por este medio, afirmó no tener nada que ver ni con la licitación en la CSS ni con las empresas licitantes ni tiene vinculación profesional con estas.
Por su parte, Eduardo Castillero emitió un comunicado en el que afirma que su nombre ha sido mencionado “de manera irresponsable e irrespetuosa, sin citar una fuente que pueda probar lo que se me infunda y con el agravante de que en el ejercicio periodístico no se ha cumplido con la responsabilidad universal de constatar ambas versiones y permitírseme aclarar aclarar dicha situación...”
“Niego rotunda y categóricamente cualquier vinculación personal o familiar con la mencionada licitación de la Caja de Seguro Social y con cualquier empresa señalada en este proceso de selección de contratista”, concluye Castillero.
Panamá América, además de detallar las razones por las que el consorcio Disur & Motion Health Care fue descalificado, cita una publicación del 13 de marzo de 2019, del medio digital mexicano de investigaciones periodísticas La Silla Rota: “Distribuidora Disur fue vinculada con el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, en 2016. ‘De acuerdo con información que dio a conocer El Financiero en ese año, Víctor Sánchez Ayala, dueño de la empresa, se vio beneficiado por ser su amigo”.
Luego, citando aún La Silla Rota, Panamá América agregó que la Secretaría de Salud de Morelos compró medicamentos a esa compañía por 570 millones de pesos mexicanos [unos 240 millones de dólares a valor de hoy], es decir, cuatro veces su valor original.
Panamá América extrajo esta información de una historia de La Silla Rota titulada El historial de escándalos de firmas ligadas a compras de medicinas. En esa publicación también es mencionada Intercontinental de Medicamentos. De hecho, la mención se hace en los dos párrafos que anteceden la información de Distribuidora Disur, pero Panamá América, como se dijo, deliberadamente omitió esa información, que habría sido esclarecedora para analizar los antecedentes de ambas empresas. (Ver facsímiles).
Esto fue lo que omitió el diario martinellista: “Otra de las distribuidoras de medicamentos que estuvo en la mira es Intercontinental de Medicamentos SA de CV, que fue descalificada del proceso de licitación en el estado de Tamaulipas en agosto de 2018 por diversas fallas e incumplimientos”… “Según dieron a conocer medios de esa entidad, la empresa ganó la licitación anterior porque prometió instalar robots dispensadores de medicamentos, pero eso no ocurrió, y en su lugar, llevó a su personal, lo que provocó quejas de empleados del sector salud que fueron desplazados. Sin embargo, Intermed fue admitida de nuevo para el proceso de licitación de 2019 en Tamaulipas”.
Y es, precisamente en el campo de la entrega de medicamentos la razón por lo que la CSS le otorgó el multimillonario contrato a Intercontinental de Medicamentos, pero en México, como se lee en el párrafo anterior, es por lo que se originaron la quejas contra esta empresa.
Panamá América, si hubiese buscado un poco más, habría encontrado –también en La Silla Rota– otra investigación titulada Dan a conocer las 10 empresas vinculadas al huachicoleo en medicinas, fechada el 12 de marzo de 2019. (Huachicoleo es un término coloquial mexicano para señalar el robo y venta ilegal de gasolina, pero en este caso, el periodista lo usó para las medicinas).
En esa publicación se indica que Distribuidora Disur SA de CV –descalificada de la licitación en Panamá– era la cuarta en una lista de diez empresas investigadas por presuntos actos de corrupción en la adjudicación de contratos de medicinas en México, mientras que la tercera era Intercontinental de Medicamentos, la misma que ahora la CSS le ha adjudicado el contrato de 168 millones de dólares. La información de ambas empresas es relevantes para Panamá.
Esta última revelación la hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, que divulgó una lista de diez empresas que concentraron el 80% de las compras de medicinas del Instituto Mexicano de Seguro Social, entre otras instituciones.
(Con información de Dalia Pichel y Ereida Prieto).
Esta nota fue modificada a las 12:40 p.m. del sábado 11 de abril de 2020, para incluir un mensaje de Eduardo Castillero...
