Un nuevo escollo se presenta en las investigaciones por el presunto pago de sobornos por parte de FCC en la adjudicación, en 2011, del proyecto corredor vía Brasil Tramo II, que tuvo un costo final para el Estado de $216.2 millones.
La Fiscalía Especial Anticorrupción, que adelanta esta investigación desde el 19 de mayo de 2017, no tiene ahora un juzgado competente que se encargue de resolver los recursos pendientes, informaron fuentes del Ministerio Público (MP).
Ello, a raíz de que desde el pasado 30 de noviembre, el Juzgado Undécimo Penal, en donde estaba radicada esta investigación, así como la de las irregularidades en el proyecto de restauración del Patrimonio Histórico, también ligada a FCC, cerró sus puertas debido al proceso de liquidación de los juzgados penales del antiguo sistema mixto inquisitivo.
Este caso, que debe concluir a finales de este año, empezó en 2016 con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Como parte de esta transición, los casos en curso de los juzgados liquidados son enviados al Registro Único de Entrada (RUE) del Órgano Judicial, para que sean repartidos “de manera aleatoria y equitativa” entre los tres juzgados designados para atender estos procesos: el Juzgado Primero Liquidador Penal (antiguo Juzgado Décimo), el Juzgado Segundo Liquidador Penal (antiguo Juzgado Decimoséptimo) y el Juzgado Tercero Liquidador Penal (antiguo Juzgado Decimoctavo). Todavía en el MP desconocen cuál será el juzgado encargado.
Para el MP es importante esta definición, porque el pasado 30 de enero de 2020 el Segundo Tribunal de Justicia declaró nulas las diligencias efectuadas a partir del 24 de octubre de 2019, que incluyen las condenas surgidas tras los acuerdos de pena con algunos de los implicados, firmados en junio de 2019. Además, ese tribunal negó la petición de declarar el caso como causa compleja. Ante este escenario, la fiscal del caso, Ruth Morcillo, tenía como opción pedir que la investigación fuera calificada como compleja y que se homologaran las condenas.
Esto también afecta los trámites de la defensa de los 14 investigados.
En el Juzgado Undécimo reposa, además, una solicitud de acumulación de expedientes de las investigaciones por el proyecto de la ampliación de la avenida Domingo Díaz y el tramo II de vía Brasil, planteada por la defensa de uno de los investigados, el exministro de Obras Públicas (MOP), Federico Pepe Suárez.
También se encuentra el recurso de nulidad presentado por el representante legal de FCC en Panamá, Isaac Figueroa, contra la boleta de citación de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que solicita su comparecencia para una indagatoria.
A diferencia de los otros recursos legales, este ya fue repartido para ser atendido por el Juzgado Tercero de Liquidación, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, quien también tiene el caso Odebrecht.
