El magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, le solicitó en mayo pasado al contralor, Gerardo Solís, intervenir para “evitar” una posible lesión patrimonial por causa de los permisos de ocupación temporal en el astillero Balboa que otorgó el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz, a empresas a las que lo unen vínculos de amistad y simpatías políticas con el PRD.
La respuesta llegó varios meses después, en julio de este año: “Tan pronto haya disponibilidad de recursos”, se haría, contestó Solís.
La Prensa quiso saber si la Contraloría hizo algo en esa dirección, pero Solís no respondió. En la web de la Contraloría aparece que la denuncia se archivó. La advertencia de Cigarruista se sustentó en una denuncia ciudadana sobre posibles violaciones en la recaudación correcta a favor del Estado en la administración de dos diques y muelle 8 del Astillero Balboa.
Astillero Balboa, el negocio de la AMP que levantó sospechas
Adecuaciones y mantenimiento a los diques 2 y 3, así como al muelle 8 del astillero Balboa, fueron algunos de los trabajos que habrían realizado dos empresas con vínculos con el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y con el PRD, tras haber recibido permisos de ocupación temporal en el mencionado astillero. Sin embargo, la nueva empresa concesionaria —que administrará el astillero en los siguientes 20 años— afirmó que “no le consta” que se realizaran estos trabajos.
El administrador de la AMP, Noriel Araúz, afirmó a este medio que Mesolju Marine Services Corp. (MMSC) y Stward Agency, Inc., tuvieron que “rehabilitar” las facilidades que les otorgó temporalmente la AMP. Araúz se refería, en el caso de MMSC, a los diques 2 y 3; y en el caso de Stward Agency, al muelle 8. Estos trabajos, dijo el funcionario, fueron “supervisados” por la AMP.
Pero estas reparaciones —de haberse hecho— no se reflejaron en un recorrido que hizo la empresa Astilleros Puerto de Balboa, S.A. (Astibal) por las instalaciones del astillero durante el proceso de licitación, en julio pasado. “No nos constan reparaciones ni mejoras que puedan ser utilizadas por Astibal en la futura concesión”, afirmó el presidente de Astibal, Germán Suárez.
Suárez agregó que, por el estado físico actual de las estructuras, “aunque pueden usarse, su operatividad es ineficiente según nuestros estándares en Astican y Astander”, por lo que tendrán que paralizar sus trabajos para hacer “tareas de mantenimiento intensivo en las compuertas e instalar nuevas bombas”, detalló.
Aunque Araúz aseguró que las “rehabilitaciones” hechas por MMSC y Stward Agency en el astillero pasarían a ser patrimonio del Estado, “una vez finalizada la vigencia de la autorización”, Suárez reveló que las reparaciones navales que se realizaron son “temporales dentro del astillero”, y que se utilizaron “medios y equipo móviles y/o provisionales”, aportados por los arrendatarios.
Ocupación
El representante legal de MMSC, Rogerd Moreno, “amigo” y “cliente” del administrador de la AMP —con quien compartió directiva en una sociedad varios años atrás— afirmó que en “junio de 2020” solicitó el permiso de ocupación de los diques, el cual le fue otorgado por 10 meses. Inició labores el 16 de julio de ese año, comentó. Pasado este periodo, la empresa sigue operando en el lugar.
La misma condición de ocupación del muelle 8 la mantiene Stward Agency, cuyo presidente, Pablo Torres, es primo del diputado oficialista Ricardo Torres, quien fuera —hasta julio pasado— presidente de la bancada del PRD en la Asamblea Nacional. Pablo Torres fue donante de campaña del entonces candidato presidencial Laurentino Cortizo, en 2018.
Torres aseguró que en febrero de 2020 solicitó la ocupación temporal en el astillero. Indicó que la resolución que aprobó la presencia de su empresa por diez meses en el astillero data de diciembre de 2020, aunque su operación inició en mayo de 2020.
Ni Araúz ni Moreno ni Torres accedieron a proporcionar copia de los permisos de ocupación provisional ni las resoluciones que las otorgaron, pero La Prensa tuvo acceso a estas últimas, firmadas por la directora general de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP, Flor Pitty. Estos documentos generan dudas sobre las fechas de las autorizaciones de ocupación.
En una nota del 12 de junio de 2020, Pitty autorizó al presidente de MMSC, Gonzalo Bernal, a utilizar los diques 2 y 3, en atención a su solicitud de uso, fechada el 12 de junio de 2020. Tras una inspección del lugar —el 1 de junio de ese año—, dijo Pitty, “se pudo corroborar” que los diques generarían una facturación de $5,846 mensuales por ocupar 7,217.66 metros cuadrados.
El 9 de abril de 2020, Pitty anunció a Torres su autorización para ocupar el muelle 8, solicitado por este el 19 de febrero de 2020. La funcionaria indicó que en una inspección, realizada el 17 de marzo de ese año, se “pudo corroborar” que el muelle ocupa un área de 3120.954 metros cuadrados, lo que generará una facturación de $2,527 mensuales.
Pero Suárez aseguró desconocer estas ocupaciones provisionales. “Todavía no hemos tomado posesión del activo y esperamos que la AMP les rescinda dicho permiso, si nuestra adjudicación es refrendada antes” de octubre de este año, cuando vencen los permisos de ocupación.
El empresario español espera el refrendo del contrato por la Contraloría General, cuya adjudicación fue entregada a inicios de este mes.
La Prensa preguntó a Suárez si mantendrá a estas empresas trabajando en el astillero. Dijo no saberlo, y “tampoco han sido auditados técnicamente por nosotros para saber si podrían trabajar con Astibal”. Más allá de coincidir con estas dos empresas en las reuniones para homologar la licitación del astillero o visita a sus instalaciones, ni siquiera las conoce.
Suárez dijo que, una vez tenga la concesión, empezará un proceso de “identificación y evaluación técnica” de todas las empresas del sector marítimo de Panamá que ofrezcan productos o servicios que requieran contratar.
“Aquellas empresas identificadas como posibles proveedores que acrediten el nivel técnico y de calidad que nosotros exigimos, podrán trabajar con nosotros ofertando barco a barco, en función de las necesidades de cada proyecto”, resaltó.
Archivan denuncia
Hace tres meses, el Tribunal de Cuentas advertía al contralor Gerardo Solís sobre una posible lesión patrimonial a causa de estos permisos de ocupación temporal del astillero, otorgados por la AMP. Sin embargo, ese ente fiscalizador archivó una denuncia en ese sentido, según muestra su página web.
En la nota –del pasado 17 de mayo– el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, solicitó a Solís que “evite” una posible lesión por estos permisos entregados en momentos en que se realizaba un proceso de licitación para adjudicar la concesión del astillero.
Esa petición surgió a raíz de una denuncia ciudadana, presentada por la abogada Helga Ceballos, quien advirtió que se estaría violando el artículo 3 de la Ley 56 de 2008 sobre puertos, “en menoscabo de la retribución adecuada por su concesión”. Ceballos advirtió que se desconoce si los bienes ocupados en el astillero fueron actualizados en su valor por la Contraloría.
La Prensa solicitó información a Solís sobre los avances de esa investigación, pero el funcionario ignoró las llamadas y solicitudes de información enviadas a su móvil.
No obstante, este medio tuvo acceso a una nota –del 14 de julio pasado– que Solís envió a Cigarruista, en la que decía que procedería a realizar la auditoría interna solicitada, “tan pronto haya disponibilidad de recursos”.
Los encuentros
En enero de 2020, el Ministerio de la Presidencia reportó que la empresa de Suárez estaba interesada en invertir en el sector marítimo panameño, por lo que se reunió con Cortizo, Araúz y otros funcionarios.
En la cita, Cortizo le habló a Suárez del “proceso de transparencia que el actual gobierno está llevando a cabo en los actos de licitación pública”, según dice la nota de prensa.
Suárez estuvo acompañado por sus socios José Carlos Álvarez y Guillermo Liberman. Cuestionado Suárez sobre esta reunión en 2020, el empresario indicó que, aunque el encuentro fue por iniciativa propia, fue la AMP la que organizó la agenda.
Relató que meses antes, en el último trimestre de 2019, se reunió con Araúz cuando realizaba una gira en Europa. En esa reunión, precisó Suárez, aprovechó para recordarle a Araúz que su grupo empresarial logró la adjudicación del astillero en 2012, pero que el proceso en aquel tiempo “no fue tan transparente como en esta ocasión. Nos arrebataron la adjudicación. Le manifestamos que seguíamos interesados aun así en el astillero y que si volvían a sacar un concurso, nosotros haríamos nuestra mejor oferta nuevamente”.
