Casi 11 meses lleva estancada la investigación que sigue el Ministerio Público (MP) por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos a través de juntas comunales entre 2009 y 2014, que según la Contraloría General de la República habría ocasionado una lesión patrimonial de $25 millones.
Esto es así, ya que la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto un recurso de apelación presentado el 7 de julio de 2020 por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga contra una decisión del Primer Tribunal Superior.
Concretamente, la fiscalía atacó una sentencia del Tribunal fechada el 3 de junio de 2020, que revocó una decisión del entonces Juzgado Quinto Penal.
Según los magistrados, el juez quinto penal, Enrique Paniza, aplicó de manera errónea disposiciones del sistema penal acusatorio a este caso, a pesar de que cuando se inició la investigación, el 15 de junio de 2014, el nuevo modelo penal no había sido implementado en el Primer Distrito Judicial
De acuerdo con el fallo del Tribunal, Paniza indicó que el sistema penal acusatorio entró a regir en todo el país el 2 de septiembre de 2011, pero realmente entró en vigencia en el Primer Distrito Judicial el 2 de septiembre de 2016, es decir, después de los hechos investigados.
Sin embargo, en su apelación el Ministerio Público sostiene que algunos de los hechos bajo investigación abarcan todo el territorio nacional, donde el sistema penal acusatorio ya estaba en funcionamiento y, por tanto, sus normas sí son aplicables al proceso.
Paniza decidió que su despacho solo tramitaría los casos inherentes a la provincia de Panamá, mientras que los procesos relacionados con las juntas comunales del interior del país serían tramitarían por jueces de esas circunscripciones.
Fuentes del MP indicaron que desde el 7 de julio de 2020 la fiscalía no ha podido adelantar ninguna diligencia relacionada con el caso, en espera que se resuelva la apelación.
