La primera mañana de Javier Caraballo como procurador encargado estuvo marcada por reuniones con fiscales del Ministerio Público.
Tania Sterling, de la Fiscalía Anticorrupción, despacho a cargo del caso Odebrecht, llegó a la sede provisional de la Procuraduría General de la Nación, en Ancón, a las 8:00 a.m. Más adelante, la fiscal confirmó a La Prensa que en efecto tenía una reunión acordada con Caraballo.
La investigación por los sobornos que distribuyó Odebrecht en Panamá cerró el 15 de octubre de 2020, sin embargo, aún no se ha concluido la vista fiscal de la pesquisa. Se trata del documento en el que el fiscal a cargo de un caso sustenta ante el juez por qué considera que se de llamar a juicio a los investigados o, por el contrario, se les debe dejar libre de culpas.
Sin embargo, Caraballo no dio detalles sobre el tema. Se limitó a decir que estaba recibiendo información de los distintos procesos a cargo de las fiscalías. Las palabras del procurador encargado se dieron frente a su nueva oficina. Reporteros gráficos y periodistas se apostaron frente al despacho para lograr las primeras impresiones del hombre que reemplazó a Eduardo Ulloa de manera provisional.
Cauto, y sagaz, habilidades que probablemente ha aprendido durante sus 23 años en el Ministerio Público, el procurador encargado esquivó una a una las preguntas de los periodistas.
Sí habló un poco más cuando le consultaron sobre el escándalo por los abusos detectados en albergues bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). “Quien les habla es padre de familia. Y les puedo asegurar que mientras yo esté en la Procuraduría General de la Nación voy a supervisar y a garantizar que se haga una investigación dinámica, objetiva, exhaustiva y eficiente de esos casos; que todas las personas que tengan algo de responsabilidad en este caso, independientemente de su condición política, económica y religiosa, van a ser llevadas a la justicia y vamos a exigir su renuncia”.
Un periodista le preguntó: “¿se va a ordenar la conducción de personas sin importar que haya órdenes de otros órganos del Estado? Caraballo contestó: “quien les habla tiene 23 años de servicio en esta institución. Quien les habla no responde a ningún partido político, grupo económico o religioso de este país. El único compromiso que tiene quien les habla es con la Constitución y la ley, y eso lo vamos a demostrar”.
También le preguntaron sobre si era cierto que Ulloa renunció porque giró órdenes de conducción a funcionarias y exfuncionarias del gobierno de Laurentino Cortizo. Caraballo contestó que eso debe explicarlo Ulloa y que su carta de renuncia es responsabilidad de él. Reiteró que hará una investigación “objetiva y efectiva”.
“No soy una persona de promesas, soy una persona de dar resultados”. Adelantó que, de acuerdo con la resolución de los casos, se verán resultados.
Sin explicaciones
Eduardo Ulloa renunció al cargo de procurador general de la Nación sin explicar las causas. Tampoco dio un informe de gestión. Sobretodo, no dijo de procesos en los que se investiga corrupción y blanqueo de capitales, como los de Odebrecht y New Business. Se fue del puesto, dejando a la ciudadanía con un mar de dudas: ¿Renunció o lo renunciaron? ¿Perdió el respaldo del presidente Cortizo? ¿Ha sido extorsionado por alguna persona? ¿Por qué no hemos visto los resultados de las investigaciones relacionadas con los abusos en los albergues? ¿Cuál ha sido su papel para afianzar los expedientes Odebrecht o New Business?
Hasta ahora se desconoce si en el Consejo de Gabinete que se efectuará hoy se analizará su reemplazo. Cortizo ha dicho dos veces que designará a un nuevo procurador de acuerdo con lo que dispone el artículo 200 de la Constitución, que establece que son funciones del Consejo de Gabinete el acordar con el Presidente de la República los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Procurador General de la Nación, entre otros.
La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá insta al presidente Cortizo a que escoja a una persona “independiente, vertical, proba” y que pueda liderar un Ministerio Público “que no sólo persiga el delito, sino que lleve adelante procesos con resultados y consecuencias”.
En 31 años de democracia, el Ministerio Público ha tenido 10 procuradores a la cabeza de esta institución. Desde 1989, solo un procurador ha estado los 10 años seguidos en el puesto, como lo establece la Constitución: José Antonio Sossa, designado por Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). Sossa ocupó el puesto durante las administraciones de Pérez Balladares y Mireya Moscoso (1999-2004).
