La Fiscalía Anticorrupción tendrá seis meses adicionales para investigar supuestos malos manejos en la planilla de servicios profesionales de la Asamblea Nacional (172) entre 2014 y 2018, fecha cuando fue suspendida por falta de refrendo por parte del entonces contralor, Federico Humbert.
Según informó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter, el plazo fue aprobado por un juez de garantías en audiencia celebrada el 13 de febrero pasado, tras considerar que la fiscalía tiene diligencias pendientes y que el tiempo para finalizar las averiguaciones vence el 28 de este mes.
Entre los elementos que se deben agregar al expediente destaca un análisis de la Unidad de Análisis Financiero, así como la imputación de una personas más, detallaron fuentes ligadas a las investigaciones.
Durante la audiencia, el juzgado de garantías también avaló una petición de la fiscal anticorrupción Zuleika Moore y otorgó a la investigación la categoría de causa compleja, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 121 de 2013 sobre delincuencia organizada.
Para sustentar su petición, la Fiscalía Anticorrupción argumentó que en este proceso se investiga la posible comisión de una pluralidad de delitos y de imputados.
De acuerdo con las fuentes consultadas, hasta ahora el Ministerio Público ha formulado cargos a dos personas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y contra el orden económico, estos últimos en la modalidad de blanqueo de capitales.
Estas personas presuntamente se encuentran vinculadas a la planilla por servicios profesionales del diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) Leandro Ávila, según se precisa en la carpetilla de la investigación.
En el expediente fue incluido un memorando que detalla hallazgos efectuados por auditores forenses de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con información publicada en abril de 2019 por la Contraloría en su página web, desde 2014 y hasta su suspensión la planilla 172 de la Asamblea le costó al Estado la suma de 157.2 millones de dólares.
En la Corte Suprema
El diputado Leandro Ávila fue denunciado en agosto de 2018 por el entonces contralor Humbert ante la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia –asignada al despacho del entonces magistrado Oydén Ortega, quien fue reemplazado posteriormente por Olmedo Arrocha – tuvo su origen al conocerse que Mireya Jurado Gómez, una empleada doméstica que laboraba con la expresidenta Mireya Moscoso en Boquete, Chiriquí, había sido contratada por Ávila con fondos de la partida 172.
En su momento, Ávila dijo que el hecho de que Jurado Gómez se encontrase en Chiriquí no afectaba, porque las personas que están bajo estas planillas no tienen horario ni están obligadas a marcar, y pueden estar en cualquier parte del país.
Al consultársele sobre la denuncia de Humbert, el diputado afirmó no tener información al respecto. “Voy a hacer las gestiones para ver de qué se trata”, comentó en aquella fecha tras ser consultado por este medio.
