Julio Moltó, testigo de la fiscalía en el juicio por los pinchazos

Una “táctica dilatoria”. Así denominaron los querellantes y fiscales del Ministerio Público las solicitudes del equipo de abogados de Ricardo Martinelli, el cual, durante el segundo día del nuevo juicio del caso pinchazos, pidió que la diligencia se suspendiera por 10 días para así poder ellos revisar pruebas y cuadernillos del proceso.

Las peticiones de la defensa del expresidente de la República fueron vertidas por el abogado Luis Eduardo Camacho González, quien además reclamó que —supuestamente— el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, (José Vicente Pachar) le había negado reunirse con el perito de informática Luis Rivera Calle para presentarlo como testigo.

El Tribunal de Juicio indicó que la defensa de Martinelli debe coordinar con la fiscalía y los querellantes para acceder a esas pruebas. Y en lo concerniente a Rivera Calle, las juezas dijeron que enviarán una nota a Medicina Legal para coordinar una reunión, mas, advirtieron que esa es una “entidad autónoma”.

Estos dos asuntos dominaron la agenda del juicio durante la mañana. A las 12:00 mediodía no había pasado ningún testigo de la fiscalía por el estrado.

Para tomar una decisión sobre los recursos de Martinelli hubo un receso de dos horas. El juicio se reinició a las 2:00 p.m. La fiscalía presentó su primera prueba: el Decreto 263 del 19 de marzo de 2010, que modificó la estructura del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), para darle poderes especiales al Presidente de la República.

Luego actuó como testigo Julio Moltó, quien fue secretario del CSN entre julio de 2011 y marzo de 2012. Dijo que durante su paso por la entidad conoció a Rony Rodríguez, William Pitti e Ismael Pitti, quienes trabajaban como agentes de inteligencia. Expresó que hizo trámites con la Autoridad del Canal de Panamá para facilitar el servicio de internet al CSN.

Confirmó la existencia de un equipo de escuchas. Explicó que cuando asumió el cargo, esa tecnología ya estaba en el edificio principal y que fue donada por Estados Unidos y Reino Unido, a través de un acuerdo.

Alfredo Vallarino, de la defensa de Martinelli, se encargó del contrainterrogatorio. Vallarino preguntó a Moltó si había recibido alguna orden de vigilar a Balbina Herrera, Mitchell Doens y Rosendo Rivera. Moltó dijo que no. Sin embargo, el espionaje se habría concretado entre 2012 y 2014.

Después de esta intervención, la fiscalía presentó una segunda prueba documental: el contrato que dio el CSN a Liberty Technologies Corp., para proveer recursos tecnológicos.

Olmedo Rodríguez Campos

Reportero Judiciales