La justicia de paz está en el ojo de la tormenta

La Ley 16 de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz, figura que eliminó las corregidurías para darle vida a los juzgados de paz, ha estado en el ojo de la tormenta desde su implementación en enero de 2018.

¿La razón?, insatisfacción de parte de autoridades y ciudadanos respecto a la ejecución de la norma.

De hecho, el Gobierno puso su mirada en la ley y anunció que la reformará.

La primera queja del Ejecutivo se hizo pública el pasado 28 de agosto, cuando el ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, aseguró que “la justicia de paz no está dando resultado”. Lo dijo en medio de la presentación del proyecto que crea la autoridad del 911 en el pleno de la Asamblea Nacional.

“El otro día, una persona le disparó 12 veces a una dama. Afortunadamente, no tenía puntería y no logró impactarla, pero a esa persona que disparó la llevaron al juez de paz y este le dijo: no lo vuelva hacer y lo soltó”, ejemplificó.

Acto seguido, reprochó: “ese señor, que es un homicida en potencia, que ya trató de matar a una persona, está en la calle porque un juez de paz no entendió para qué está sentado ahí”.

Haciendo catarsis, Mirones se quejó de que las leyes no le están permitiendo actuar a las autoridades. Ese mismo día, alcaldes y representantes se quejaban con el presidente Laurentino Nito Cortizo, en el Palacio de las Garzas, de la ley de justicia comunitaria de paz. “Esta ley dejó a los municipios presupuestariamente muy mal. Más del 50% de los corregimientos de este país no tiene autoridad civil ni policial. Esto es un peligro para la sana convivencia de nuestros ciudadanos. Yo le pido, señor presidente, que le haga una revisión a esta ley”, manifestó Julio Vives, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa).

Vives advirtió: “si van a dejar la justicia de paz para que la llevemos adelante, pongan el dinero que cuestan las casas de justicia de paz para que funcionen eficientemente”.

Ley 16 del 17 de junio de 2016 establece que los salarios del juez de paz y demás funcionarios de las casas de justicia –antes corregidurías– serán cargados al presupuesto de renta y gastos municipales, situación a la que, en su momento, los alcaldes se opusieron.

Hasta abril de este año, de un total de 679 corregimientos que existen actualmente en el país, se han nombrado a 477 jueces de paz, según cifras de la Procuraduría de la Administración. De ese total, 319 son permanentes, es decir, que pasaron por los concursos y filtros que establece la norma. Mientras que 158 son funcionarios interinos.

El juez de paz es la autoridad encargada de prevenir y sancionar conductas y actos que alteren la convivencia en los corregimientos.

Reuniones paralelas

Actualmente, las quejas siguen siendo las mismas y el tema es abordado paralelamente por los gobiernos locales y el Ejecutivo. La semana pasada, el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, se reunió con jueces de paz, asesores y miembros de la junta técnica de este sistema de justicia, a quienes les pidió acelerar las recomendaciones para la propuesta de reformas a la Ley 16 que presentará el Municipio ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.

Fábrega aseguró que cualquiera que sea la comunidad que visite, le piden que luche por la vuelta de los corregidores y que se lleven a los jueces de paz, toda vez que estos no castigan el delito, pero sí otorgan libertad a los malhechores con una simple amonestación al delincuente, exhortando a las víctimas a que hagan las paces.

Entretanto, el Ministerio de Seguridad Pública informó que el pasado jueves se instaló una mesa de trabajo para analizar el tema. En esa instancia participa la Procuraduría de la Nación. El propósito es hacerle modificaciones a la ley, entre otros aspectos.

Para Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, las opiniones tanto de los alcaldes como de Mirones reflejan el “desconocimiento” de la nueva forma de intervenir en los conflictos sociales.

A su juicio, ni el pasado gobierno ni el actual han tenido el compromiso de dedicarle los recursos necesarios y las herramientas para que la justicia de paz funcione.

¿Cómo se puede evaluar o valorar una ley a la que no se le dieron todos los implementos?, se preguntó Lee, al tiempo que manifestó que “en el país hay una mentalidad inquisitiva, la comunidad en general ha estado sometida y acostumbrada a creer que los conflictos se resuelven cortándole la cabeza a los delincuentes, sin buscar las causas sociales que producen las conductas de violencia”.

Proposición fallida

Antes de que finalizara la administración pasada, el 13 de marzo de este año, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Rubio, llevó a la Asamblea una propuesta con cambios a la norma, consensuada con la Amupa, la Secretaría Nacional de Descentralización, la Procuraduría de la Administración, el Órgano Judicial, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la sociedad civil y jueces de paz.

La propuesta planteaba que los jueces nocturnos de paz tendrían competencia para ordenar detenciones provisionales en el caso de reincidentes. Actualmente, los jueces nocturnos pueden aplicar medidas cautelares distintas a la detención provisional y remiten los expedientes a los jueces de paz diurnos.

La propuesta también planteaba que los casos de hurtos por más de $500 y hasta 1,000 serían atendidos por un juez de paz. Ahora, hay que poner la denuncia en el Ministerio Público.