Lorena Martínez Hernández, titular del Juzgado Segundo Liquidador, inició el proceso de notificación a las partes interesadas de la solicitud de extradición que hizo el Ministerio Público contra Adolfo Chichi De Obarrio por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Tramitan solicitud para extraditar a Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio
El Juzgado Segundo Liquidador inició el trámite de notificación de la solicitud de extradición de Adolfo Chichi De Obarrio –efectuada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga–, como parte del proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción y fraude en el proceso de compra y distribución de mochilas –por $12 millones–, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La notificación se efectúa mediante edicto del pasado 20 de abril fijado en la sede del juzgado, que además corrió traslado a las partes para que presenten objeciones.
Como parte de este proceso, el 10 de julio de 2018 el entonces juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, dictó sobreseimiento definitivo a favor de 16 personas y abrió causa criminal a De Obarrio –quien fungió como secretario privado de Ricardo Martinelli durante su gobierno (2009-2014)–, así como a Abraham Williams, quien se desempeñó como asistente de Rafael Guardia Jaén, exjefe del PAN.
En aquel entonces, ambos estaban prófugos y, de hecho, Loaiza ordenó a los estamentos de seguridad su detención y captura. En el caso de De Obarrio, solicitó a Interpol la difusión de una alerta roja para su captura.
Loaiza también validó un acuerdo de colaboración suscrito por la fiscalía con Guardia Jaén, quien señaló a De Obarrio como “la persona que le daba instrucciones y quien escogía qué empresas debían ser contratadas”, mientras que Williams “le daba seguimiento a los documentos para las ejecuciones de los programas”.
Una vez se notifique a las partes y se resuelva cualquier objeción de éstas, si las hubiera, la jueza Lorena Martínez Hernández deberá remitir a la Cancillería la solicitud para que, a su vez, esta realice el trámite ante las autoridades italianas.
De Obarrio, quien también es acusado de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso Blue Apple, está en Italia. Fue detenido en ese país el pasado 7 de abril a pedido de Panamá, pero una semana después quedó en libertad porque el tratado de extradición entre ambos países no fue ratificado por la Asamblea Nacional.
El marco jurídico sobre el que se debía estructurar la entrega de De Obarrio a Panamá es precisamente ese tratado, firmado por autoridades de los dos países en 2013, pero para que entrara a regir debía ser ratificado por el Legislativo.
El Parlamento de Italia lo ratificó en 2016. En cambio, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea de Panamá se negó a hacerlo. En 2017, esa comisión avaló un convenio de Asistencia Judicial entre las dos naciones, pero no el de extradición. Noriel Salerno, entonces presidente de esa instancia legislativa, dijo en ese momento que el tratado “tenía nombre y apellido”.
Este medio consultó ayer a la Cancillería si gestionará ante la Asamblea Nacional la ratificación del tratado de extradición con Italia, pero no hubo respuesta.
