El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) calificó el nivel de transparencia de la Asamblea Nacional (AN) como “deficitario”. El Órgano Legislativo panameño obtuvo una puntuación del 35.2% y se sitúa en la posición 10 de 13 parlamentos evaluados a nivel regional.
La AN, con una calificación por debajo de la media regional (que es de (39.6%), muestra extrema deficiencia en dos de los cuatro aspectos evaluados: normativa, y presupuesto y gestión administrativa, con calificaciones de 17.5% y 11.8%, respectivamente. En normativa obtuvo la peor calificación de todos los congresos evaluados.
Realidades como la falta de información sobre la ejecución presupuestaria, la contratación de funcionarios, y la poca normativa y fiscalización de cabildeo político, incidieron en la puntuación de la calificación de la Asamblea Nacional en el índice.
La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, compuesta por 32 organizaciones de la sociedad civil en los distintos países de la región, resalta que en términos generales, los indicadores a nivel regional son bajos. La mejor puntuación la obtuvo Chile con 59.6%.
La opacidad domina la labor legislativa
La transparencia sigue siendo un desafío para la Asamblea Nacional (AN), órgano que actualmente preside el diputado perredista Crispiano Adames. El Legislativo quedó en el puesto 10, en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), que midió la labor de 13 parlamentos de América Latina durante 2020. De acuerdo con los resultados de este estudio dados a conocer ayer, la Asamblea de Panamá sacó 35.4%, puntaje menor a la media regional (39.6%).
Cuatro aspectos
El estudio evaluó cuatro dimensiones: normatividad (con un peso del 15% en la puntuación final), labor del congreso o asamblea (25%), presupuesto y gestión administrativa (25%) y participación ciudadana (35%). La calificación final es el producto de la suma de los resultados de cada dimensión.
Análisis y contexto regional
El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2020 fue elaborado por 32 organizaciones de la sociedad civil en 13 países de la región. Con una escala del índice del 0-100%, el mejor de los resultados a nivel regional no supera el 59.6% (Chile), con 11 congresos que puntúan por debajo del 50%. y seis por debajo del 40%. Ocho de los 13 congresos (tanto unicamerales como bicamerales) se ubican por encima de la media regional (39.6%).
En lo que se refiere a normatividad, el país recibió la menor puntuación de la región, con 17.5%. Incluso está por debajo de países como Venezuela y Bolivia. Aquí evaluaron la existencia de leyes o reglamentos respecto a temas de transparencia.
Panamá recibió 0% en 10 de los 18 ítems evaluados bajo esta dimensión. Entre ellos, la regulación e instancia para la ética parlamentaria, informes de gestión de los legisladores, información del personal de legisladores, y la reglamentación del cabildeo o lobby, entre otros.
En la dimensión de labor del congreso, que mide las prácticas efectivas de transparencia en el desarrollo del trabajo de la función legislativa, Panamá obtuvo 48.6%, seis puntos por encima de la media regional. Algunos de los aspectos que ayudaron a la Asamblea a recibir buena puntuación en este asunto, incluyen la transparencia en cuanto a la asistencia de los diputados a las sesiones del pleno legislativo, información sobre tramitación legislativa (estatus de los proyectos de ley), y la publicación de información de viajes, entre otros. No obstante, en cuanto a la realidad del cabildeo legislativo, se destacó que no existe un registro de reuniones de los diputados, ni un registro de los obsequios que reciben.
En presupuesto y gestión administrativa, Panamá sacó 15 puntos por debajo de la media regional, con apenas 11%. En cuatro de los 10 ítems evaluados aquí, el Legislativo sacó 0%, ya que no existe información disponible para la ciudadanía sobre contratación de personal, auditorías internas, y externas, y el manejo del presupuesto. Solo tres países: Venezuela, Perú y Honduras, tienen peor puntuación que Panamá, en estos temas. El informe detalla, por ejemplo, que si bien se publican salarios, no se hace lo mismo con las asignaciones que le corresponden a cada diputado, ni se difunde un listado de quiénes son los asesores, ni sus antecedentes profesionales.
Otro de los indicadores en los que Panamá puntuó por encima de la media regional es el de participación ciudadana. Aquí la Asamblea local sacó 50%, y mide la existencia de políticas que faciliten el acceso e intervención ciudadana en los procesos legislativos. Precisamente este es el aspecto que más pesa para la calificación final, con un 35% del total. El Legislativo obtuvo puntuaciones altas en ítems relativos a la existencia de un mecanismo para resolver conflictos, y de un canal de televisión parlamentaria con amplio contenido. También se calificó como positivo el acceso de los medios de comunicación al recinto de la Asamblea. En cuanto a la existencia de oficinas de información en el recinto, se obtiene una puntuación del 15%, pero en lo que tiene que ver con la publicación de información sobre actividades de los diputados, la calificación bajó a 13.5%.
¿Puertas abiertas?
En 2020, año que se tomó en cuenta para el índice, la AN estaba presidida por el perredista Marcos Castillero, quien siempre desestimó los cuestionamientos por falta de transparencia y, por el contrario, dijo que su gestión era de “puertas abiertas”. Uno de los aspectos que promociona como legado, fue la implementación del voto electrónico, sistema que funciona a medias.
