No hubo prueba idónea y no se presentaron argumentos que sustenten actos delictivos. Estas fueron algunas de las razones que esgrimió la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, para rechazar y archivar, por mayoría, cuatro querellas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En esos cuatro expedientes había querellas contra Hernán De León, Cecilio Cedalise, José Ayú Prado, Luis Ramón Fábrega y Ángela Russo. Otros mencionaban al exmagistrado Harry Díaz y a Abel Zamorano, ahora magistrado en el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.
Una de las querellas fue presentada en 2018 por Víctor Crosbie, y señalaba a De León por supuesto abuso de autoridad. Sin embargo, la Comisión acordó archivarla porque no aportaba el poder de la presunta víctima, la querella carecía de la formalidad del artículo 88 del Código Procesal Penal y hacía referencia a normas derogadas que no tenían que ver con el caso.
Otra querella, también de 2018, presentada por José Góndola, acusaba a Cedalise y Ayú Prado de actuar en perjuicio del libre funcionamiento del poder público, en la modalidad de violación del procedimiento de ejecución de una sentencia de la Sala Tercera que en 2010 restituyó derechos de una concesión a la hidroeléctrica Bajo de Mina y dejaba sin efecto otra concesión a favor de Ideal Panamá. Se rechazó por no contar con prueba idónea y no especificar el tipo de delito en el que su representante entraba como víctima.
En medio de la sesión, dirigida por el perredista Roberto Ábrego, el independiente Gabriel Silva —el único que votó en contra de rechazar las querellas— planteó la necesidad de que las denuncias y querellas que entren a esa instancia legislativa sean admitidas y luego evaluadas en una subcomisión, pues hay casos que ameritan ser revisados con detenimiento. Esta opinión fue respaldada (luego de rechazarse la última querella) por el perredista y secretario de la comisión, Jairo Salazar.
Ábrego anunció que la próxima semana hará una reunión para que el departamento jurídico de la comisión muestre los procesos pendientes y así los diputados tengan suficiente tiempo para analizar todo. De acuerdo con información recabada por este medio, hay 14 denuncias contra magistrados y dos contra el presidente Laurentino Cortizo.
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