En su historia republicana, Panamá ha tenido 30 procuradores generales de la Nación. Desde Gabriel Guizado en 1906, hasta Eduardo Ulloa en 2021, el Ministerio Público ha sido un reflejo de la inestabilidad política y la fragilidad institucional del país.
En la primera Constitución Política de la República de Panamá, la de 1904, no hay un sólo artículo dedicado al Ministerio Público. Aunque el término “Ministerio Público” sí aparece mencionado entre los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, esa Carta Magna panameña es muda en materia de persecución del delito, defensa legal del Estado y consejería jurídica de las distintas entidades públicas. La Constitución de 1904 estableció una Corte Suprema de Justicia con cinco magistrados principales y otros tantos suplentes, designados por el presidente de la República, por un periodo de cuatro años.
En la Ley 58 de 1904, que estableció la organización judicial de la nueva República, aparece el Ministerio Público con un procurador general de la Nación, designado por el presidente de la República, por un término de cuatro años, y que a su vez solo podía designar a un escribiente y a un portero, ya que todos los demás cargos estaban sujetos también a la designación del presidente de la República. Aunque el jefe del Ejecutivo tenía la potestad de nombrar al procurador general desde ese año, no fue hasta 1906 cuando Gabriel Guizado ocupó el cargo, y lo desempeñó por aproximadamente un año.
Las primeras décadas del Ministerio Público se caracterizaron por una alta rotación de procuradores, y no es hasta 1931 que se estabilizó el liderazgo de la institución. Entre 1906 y 1930, Panamá tuvo 11 procuradores generales.
Una reforma constitucional en 1928 extendió el término de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a 10 años. Los procuradores debieron esperar una reforma legal para que se les aumentara el suyo hasta cinco años. A partir de 1931, el Ministerio Público se estabiliza, ya que en el resto de la década solo hubo dos procuradores. Con la Constitución Política de 1941 se le extendió, una vez más, el periodo al procurador hasta seis años, y su nombramiento le correspondía a la Asamblea Nacional. El escogido, Víctor Antonio De León S., fue procurador general de la Nación desde 1941 hasta 1956. De León se benefició de la nueva Constitución de 1946, que extendió el término de los procuradores a 10 años, igualándolos al término que en 1928 se le concedió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En 1956, se aprobó una reforma constitucional que permitió el aumento del número de magistrados miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuando se incorporó a esta la jurisdicción contencioso administrativa, creada en 1943. El fiscal asignado a lo contencioso administrativo se convirtió, con esta reforma, en el procurador de la Administración. La designación del procurador general de la Nación volvió a quedar en manos del presidente de la República. Hermógenes de La Rosa fue designado procurador general de la Nación para el periodo comprendido entre 1956 y 1966, siendo el último procurador que cumpliría su término antes del golpe militar.
Un nuevo orden político
Con el golpe militar se interrumpió la institucionalidad formal del país. Así, el abogado Olmedo Miranda se desempeñó como procurador general de la Nación desde 1968 hasta 1982, coincidiendo con el periodo de mandato del general Omar Torrijos. Entre 1982 y 1989, el régimen militar tuvo cuatro procuradores generales, siendo el más recordado el jurista Rafael Rodríguez, quien fue designado, en 1982, para completar el periodo del procurador Olmedo Miranda. Rodríguez inició la investigación por el peculado en el proyecto de viviendas financiado por la Caja de Seguro Social.
En uno de los peores momentos de la historia de la justicia de Panamá, Rodríguez fue citado en la comandancia de la Guardia Nacional y, a punta de pistola, fue obligado a renunciar el 29 de julio de 1983. Se necesitó de otro procurador para completar el segundo periodo de Miranda hasta 1985.
El nuevo periodo como procurador general le correspondió a Manuel Calvo en 1985, pero, para 1986, ya Carlos Villalaz había sido designado como su sucesor, convirtiéndose en el último procurador del régimen militar. Se necesitarían otros dos procuradores para concluir el periodo de Calvo: Rogelio Cruz, de 1989 a 1992 (destituido por la Corte Suprema de Justicia), y Jorge Ramón Valdés, de 1992 a 1994.
La larga crisis de la justicia
Con el retorno a la democracia en 1989, luego de la invasión estadounidense que terminó con la dictadura militar, se crearon grandes expectativas con respecto a la justicia: temas como los desaparecidos y torturados, los sonados escándalos de los gobiernos militares y la investigación de incontables violaciones a los derechos humanos.
El gobierno de Guillermo Endara (1989-1994) no fue capaz de producir una reforma procesal para facilitar los procesos de investigación y enjuiciamiento por los crímenes ocurridos. Se siguieron aplicando las mismas normas creadas por el gobierno militar. La investigación patrimonial se hizo de forma heroica por una Dirección de Responsabilidad Patrimonial, en la Contraloría General de la República, que con muy pocas herramientas intentó recuperar bienes del Estado que fueron transferidos ilegalmente a manos de particulares.
De 1995 a 2021, en 26 años, Panamá ha tenido ocho procuradores generales de la Nación: José Antonio Sossa, Ana Matilde Gómez, Giuseppe Bonissi, José Ayú Prado, Ana Isabel Belfon, Kenia Porcell, Eduardo Ulloa y Javier Caraballo, procurador suplente que ahora funge como procurador encargado. Solo uno, José Antonio Sossa, cumplió con el periodo de los 10 años de mandato.
En un poco más de un cuarto de siglo, el Ministerio Público ha enfrentado desafíos institucionales de suma importancia: se eliminó el sistema inquisitivo, que le concedía muchas facultades al Ministerio Público; se despojó al Órgano Judicial de la Policía Técnica Judicial, brazo investigativo del Ministerio Público; se introdujo una nueva generación de procesos con el sistema penal acusatorio, y los juicios especiales a diputados y otros aforados.
Todo esto ocurrió justo cuando explotó la época de mayor corrupción con los fondos públicos en la historia de Panamá.
Además, los fenómenos criminales fueron ganando complejidad con el crecimiento y desarrollo de organizaciones pandilleras en Panamá, eslabones fundamentales para el narcotráfico internacional.
Paralelamente, una nueva generación de actores impulsó la innovación en el blanqueo de capitales y extendió sus garras a firmas de abogados, auditores, bancos y otras empresas que se prestaron al dinero sucio, pero muy rápido, de nombres como Odebrecht, FCC y Blue Apple, entre otros.
El Ministerio Público debió enfrentarse a las redes criminales al mismo tiempo, sin los mejores instrumentos legales, con carencia de recursos humanos y económicos, y, en ocasiones, contra una parte importante de la clase política y de los grupos empresariales.
Durante la última década, el Ministerio Público ha sido objeto de campañas difamatorias y de acoso a sus fiscales, acompañadas de una constante intimidación a peritos y testigos, y un debilitamiento de la cooperación en materia investigativa por parte de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.
Los gobiernos más recientes han querido manipular e influir, indebidamente, sobre las actuaciones del Ministerio Público.
Los mismos factores de poder que lograron la destitución de la procuradora Ana Matilde Gómez en 2010, se enfilaron contra la procuradora Kenia Porcell, obteniendo su renuncia en 2019, y finalmente condujeron a la salida del procurador Eduardo Ulloa.
La batalla por el Ministerio Público representa otra escalada de las redes de crimen organizado y de gran corrupción que en Panamá tienen sometido al Estado de derecho. Más de cien años de historia muestran al Ministerio Público como el espejo de esas luchas por el poder, y la calidad del sistema democrático.
