A diferencia de un amplio grupo de países de América Latina y de otros continentes, el gobierno de Panamá no incluyó el recorte de la jornada laboral con su consecuente disminución de salarios en el paquete de medidas para hacerle frente a la crisis por el coronavirus.
Un escenario que es diametralmente opuesto al del sector privado, en el que ya se han suspendido más de 245 mil contratos. Esto, sin contar las secuelas de las empresas que han cerrado.
Por eso, no es raro que algunos califiquen a los funcionarios panameños como “un grupo privilegiado” en medio de la pandemia.
En otros países
Mientras Panamá sigue operando con 233 mil 218 funcionarios, que le significan un gasto mensual de $358.4 millones al erario, en naciones como Colombia, México, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Nueva Zelanda han aplicado recortes al gasto público con impacto directo en la disminución de sueldos más altos del engranaje gubernamental.
Colombia, por ejemplo, optó por bajar los emolumentos entre 10% y 15% durante cuatro meses a los funcionarios que más ganan.
Mientras, la ley que decretó la emergencia en Paraguay incluyó un recorte de hasta 25% en los salarios del gobierno. Algo similar aplicó Uruguay. El plan de crisis impuesto por el gobierno de México incluyó la extinción de 10 subsecretarías y la reducción en hasta 25% del salario a funcionarios de alto perfil.
Nueva Zelanda, país que fue tendencia en las redes sociales de Panamá luego de que las autoridades sanitarias anunciaran que imitarían algunas de sus prácticas para hacerle frente a la crisis, redujo salarios en hasta 20%, incluyendo a la primera ministra, Jacinta Ardern, que gana $23 mil 800 al mes, y a los ministros, con sueldos de $12 mil 600.
Medidas
Especialistas en políticas públicas y asuntos de gobierno consultados sugieren que el gobierno de Laurentino Cortizo se ahorre el pago de gastos de representación de los funcionarios, de dietas a miembros de juntas directivas, viáticos y otras erogaciones no esenciales.
Al menos así lo propone David Montenegro, abogado y administrador público, quien dirigió la Dirección de Carrera Administrativa entre 2014 y 2019.
“Se debe suspender la contratación de nombramientos de índole política y restablecer cuanto antes la contratación mediante concurso de méritos. Esta pandemia demostró que el país necesita funcionarios honestos y capacitados que trabajen por el país y no para un partido político”, sustentó.
Richard Morales, politólogo y especialista en políticas públicas, al igual que Montenegro, recomienda reducir salarios a altos funcionarios, prescindir de consultorías y asesorías onerosas. Propone eliminar subsidios empresariales, en particular las exoneraciones y pagos directos a “grandes capitales nacionales y transnacionales”. “Es necesario reasignar las capacidades humanas y recursos materiales del Estado a las tareas prioritarias de contención sanitaria del virus, garantía de medios de subsistencia a la población afectada e inversión productiva en agricultura y readecuación de industrias para producir bienes de emergencia”, manifestó.
Las tres fórmulas
Para mantener intacta su fuerza laboral, el gobierno de Laurentino Cortizo ha puesto en marcha tres alternativas: teletrabajo, disponibilidad inmediata y ausencia justificada por permiso retribuido recuperable.
Para algunos, la última alternativa es un método con alta probabilidad de que no se cumpla. La medida supone que luego del estado de emergencia, cuando el funcionario retorne a la institución, deberá pagar con trabajo lo cobrado. ¿Quién garantiza que esto se cumplirá?, se preguntan algunos.
Organismos multilaterales, como el Banco Mundial, si bien no recomiendan despidos ni recortes de salarios porque argumentan que esto tendría un impacto “significativo” en las medidas de subsistencia de un sector importante de la población, recomiendan otros métodos para aprovechar el recurso humano en circunstancias de crisis.
Zahid Hasnain, especialista en sector público de ese organismo, dice que los gobiernos deberían redistribuir a sus funcionarios, reducir la burocracia para permitir el teletrabajo y reorganizar tareas y responsabilidades. “Desafortunadamente, muchos gobiernos no cuentan con sistemas de datos y tecnología, la flexibilidad en las reglas de recursos humanos o la coordinación para redistribuir su personal en un periodo breve (...)”, argumenta.
¿Puede Panamá redistribuir la fuerza laboral del sector público? Montenegro recuerda que la Ley 9 de 1994, que regula la Carrera Administrativa, le otorga la facultad al Ministerio de la Presidencia, en coordinación con el de Economía y Finanzas, para redistribuir tareas y responsabilidades de los funcionarios, según sus capacidades.
Osvaldo De La Guardia, director de la Carrera Administrativa, asegura que varias entidades laboran con el 100% de su personal. Este sería el caso del personal sanitario, las fuerzas de seguridad y algunas oficinas administrativas.
Olga De Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, recordó que al inicio de la pandemia se anunció una iniciativa para que los funcionarios donaran parte de su salario al programa Panamá Solidario, pero hasta ahora no se ha reportado cuántos han donado.
Dijo que la fundación ha ponderado que gastos superfluos, como viáticos, gastos innecesarios y lujos que se dan algunos funcionarios, se tienen que acabar.
¿Cuántos han donado?
Hasta ahora se desconoce cuántos funcionarios han donado parte de su salario al programa Panamá Solidario, la iniciativa social para ayudar a los ciudadanos que se han visto más afectados con los efectos de la crisis.
Al cierre de esta edición, la Contraloría no había facilitado esa cantidad.
