El confinamiento, producto de la Covid-19, le dio un papel relevante a la fuerza pública del país. Sus agentes están en todas partes: en los retenes que hacen en las calles, en los parques, en los comercios y en oficinas públicas.
Durante los primeros días de la crisis sanitaria, una escena llamó la atención: hombres con uniformes camuflados, botas para el combate, y armas de guerra, se tomaron las principales vías de la capital. Eran miembros del Servicio Nacional de Fronteras y del Servicio Nacional Aeronaval, que fueron convocados por la plana mayor de los cuerpos de seguridad del Estado para “garantizar el orden”.
Algunos cuestionaron la estrategia con el argumento de que se fomentaba “un Estado policial”. Otros recordaron el pasado de dictadura militar del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD). Se inició el debate sobre el alcance, y hasta dónde deben llegar las atribuciones de los uniformados para hacer cumplir las disposiciones del toque de queda, vigente en el país desde el 18 de marzo pasado. ¿Respetan las garantías fundamentales de la población? ¿Se tienen en cuenta los derechos humanos? ¿Se trata a todos por igual? ¿Hay privilegiados?
El ruido que han hecho quejas y denuncias por el exceso de fuerza policial en protestas y casos menores sugiere que no todas las veces se tienen en cuenta las garantías consignadas en la Constitución (Título III) y en disposiciones del derecho internacional sobre el uso de la fuerza, como el documento de Naciones Unidas sobre el tema. Este dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Solo los utilizarán cuando otros medios resulten ineficaces.
Detenciones arbitrarias, golpizas, represión, y agresiones verbales son parte de los métodos que, de acuerdo a denunciantes, han empleado miembros de la fuerza pública, especialmente la Policía Nacional, contra civiles en los últimos meses. Dos casos prendieron las alarmas recientemente: la detención de dos mujeres por el hecho de besarse, y la golpiza a a un taxista.
Un beso, el delito
“Luego de miles de actos homofóbicos, no nos leyeron nuestros derechos y nos retuvieron en el cuartel de San Francisco por más de una hora. Sin explicaciones. Entre crisis y molestias pedí explicaciones y nadie dentro del cuartel me daba respuesta. Según ellos, no estaba detenida. Pero no podía ‘irme’. Luego de no sé cuánto tiempo se dignaron en decirnos que nos iban a procesar porque le falté el respeto al guardia y nos llevaron esposadas como delincuentes al juez de paz de Bella Vista, porque el de San Francisco está “cerrado” (...)” escribió en Twitter Marian Margoth Artruz, quien fue detenida junto a su novia Dani, en la tarde del pasado miércoles 2 de septiembre, cuando se daban un beso en su vehículo en un estacionamiento en Paitilla. De acuerdo al policía que las arrestó, se trataba de un “acto inmoral”.
‘Lesiones comprobadas’
“Se me detuvo. Yo estaba conduciendo mi taxi por el área de Betania. Al momento de detenerme me sacan las armas. Yo me bajo del carro, me esposan. Llegan más oficiales. Yo, asustado por todas las cuestiones que estaban pasando en Estados Unidos y que aquí te matan también, me tiro al piso. Boca abajo me coloco. Se baja un oficial de una patrulla (...) y, sin mediar palabras, me aplasta la cabeza contra el pavimento. En ese momento yo pierdo el conocimiento, además de tres muelas. Me fracturan aparentemente la cara, y tengo un tímpano fracturado. Lesiones totalmente comprobadas [...]”. La historia la narró un joven conductor de taxi a través de un video que compartió en redes sociales.
Estos dos casos se unen a decenas de historias similares. La población LGTBI, por ejemplo, ha sido una de las grandes víctimas del exceso de fuerza por estos días. Human Rights Watch ha hecho dos llamados al gobierno de Laurentino Nito Cortizo para que proteja la dignidad y los derechos humanos de las personas transgénero, quienes han sido discriminados y agredidos por parte de miembros de la fuerza pública y de personal de seguridad de comercios. En abril pasado, la organización con sede en Nueva York, documentó nueve casos específicos de vulneración de derechos a este sector, y en julio pasado otros seis.
Habla Miranda
¿Qué dicen en la Policía Nacional, institución con el mayor número de quejas? En los dos casos mencionados, prometieron investigaciones, y afirmaron que respetan los derechos humanos, y la integridad y dignidad de las personas.
¿Cuál es la política de la institución para el tratamiento de estos casos?, consultó este medio a la entidad. Remitieron unas palabras de Jorge Miranda, director de la Policía Nacional, con un discurso parecido al que la entidad dio en los casos descritos arriba. Miranda aseguró que son respetuosos de los derechos humanos, y de las garantías de cada una de las personas que habitan en el país, y que tienen “procedimientos claros y definidos para atender las situaciones que se dan en calle”. “Somos una institución de casi 20 mil unidades. Están en la calle, procurando a realizar una labor dirigida a mantener la paz, el orden, y la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Tenemos procedimientos. Somos respetuosos de los derechos. Hacemos ingentes esfuerzos para refrescar esos conocimientos, conscientes de que por la situación que vive el país [...] tenemos una mayor probabilidad de tener procedimientos conflictivos. Estamos haciendo trabajos para que nuestras unidades tengan los conocimientos frescos en materia de derechos humanos y de respeto a la Constitución y a la ley”, añadió.
Desde 2015 hasta junio pasado, la Dirección de Responsabilidad Profesional de la entidad ha tramitado mil 131 denuncias solo por abuso policial. Mientras que 4 mil 500 miembros enfrentan procesos disciplinarios.
El proceso
El proceso contra un policía cobra vida cuando se invoca el artículo 64 del Decreto Ejecutivo 204 del 3 de septiembre de 1997. El director o el subdirector evalúa la denuncia para determinar si amerita una investigación por parte de una junta disciplinaria. El investigado puede hacer uso de todas las herramientas que la ley le permite para defenderse. Pero sigue en la entidad mientras el proceso avance. Entre 2015 y 2020, 143 policías han sido destituidos por distintos casos, entre ellos abuso policial.
(Con información de Olmedo Rodríguez).
