La capacidad del Estado para hacer frente a las redes del crimen organizado ha quedado en entredicho, no solo por los últimos sucesos sangrientos presuntamente vinculados a la mafia criolla, sino también porque un reciente informe sobre la materia así lo ha dejado claro.
Según el Índice Global de Crimen Organizado 2021, Panamá tiene baja resiliencia para enfrentar el crimen organizado. En un puntaje del 1 al 10, Panamá obtuvo 4.83, al estudiar 12 parámetros que contemplan las medidas políticas, económicas, legales y sociales para combatir el crimen organizado.
Además, el documento resalta que, a nivel global, oficiales del Estado con influencia sobre autoridades nacionales son ahora los principales actores del crimen organizado y no los jefes de carteles o mafias.
Informe evidencia falencias de Panamá ante el crimen organizado
Panamá está calificado como un país con alta criminalidad y poca resiliencia a nivel de Estado para enfrentarla. Así lo detalla el Índice Global de Crimen Organizado 2021, publicado por Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés).
El índice, elaborado con datos de 2020, es el primero de su tipo y busca plantear, de forma cuantificable, los actores del crimen organizado y las actividades ilícitas que desempeñan en distintos países. Esto, contrarrestado con los mecanismos estatales y de justicia con los que cuenta cada país para enfrentarlos.
Panamá obtuvo una puntuación de criminalidad de 6.68 en el índice (en una escala del 1 al 10, donde el puntaje más bajo indica menos criminalidad). Esto sitúa al país en el número 17 de 193 estados miembros de Naciones Unidas, en una mejor posición que países como Colombia, México, Nigeria, Honduras o República Democrática del Congo, que ocupa el primer lugar.
Por encima de Panamá, un poco mejor ubicados, están países como Venezuela, Guatemala, Perú, Rusia y Ucrania, entre otros. El índice divide la criminalidad en dos principales aspectos: actores y mercados ilícitos. En cuanto a actores, los que más puntaje obtienen en Panamá son grupos “estilo mafia” (categoría bajo la cual entran las pandillas) y “actores embebidos por el Estado”, con un puntaje de 7.5 para ambos.
“Redes criminales y actores extranjeros” son las otras dos calificaciones de actores contempladas por el índice, para los cuales Panamá recibió un puntaje de 7.0 y 6.0 respectivamente.
En cuanto a mercados ilícitos con mayor puntaje, Panamá obtuvo su calificación más crítica en cuanto al “comercio de cocaína” (8.5). De segundo, en cuanto a la “trata de personas”, se obtuvo un puntaje de 8.0.
A nivel regional, el índice sitúa a Panamá en la posición 5 de 35 países en cuanto a criminalidad organizada. En el perfil del país, disponible en la página web del índice, se detalla que mucho del crimen organizado al que está sujeto Panamá tiene que ver con su posición geográfica y su naturaleza de tránsito.
“El comercio de cocaína, el cual involucra a organizaciones trasnacionales que trabajan con el apoyo de grupos locales y actores embebidos por el Estado, es el mercado ilícito más grande de Panamá y supone un riesgo de seguridad significativa para el país”, es parte de lo planteado en el análisis sobre la situación del país.
Medición de resiliencia
El índice otorga a Panamá una puntuación de 4.83 en cuanto a resiliencia, la cual se define como la habilidad del Estado para sobrellevar e interrumpir actividades de crimen organizado a través de medidas políticas, económicas, legales y sociales. Contempla medidas tomadas por actores estatales y no estatales. En total, son 12 parámetros contemplados en la calificación de resiliencia. (Ver tabla).
![La capacidad del Estado frente a las redes del crimen, en duda](https://prensa.com/resizer/v2/T3PAXYIEWJHKDDETFFOFELC5HA.jpg?auth=659ae54beb4b95882ff2d9f303306368a956a0055358c7329301d1820024ec36&width=1200)
En cuanto a resiliencia, Panamá se ubica en la posición 96 de 193 países a nivel global. En esta medición, mientras más alto es peor. A nivel de las Américas, Panamá se sitúa de número 20 de 35 países. No obstante, al enfocarse en Centroamérica, es de los mejores calificados: en la segunda posición.
Algunos de los aspectos medidos en los cuales Panamá demuestra más deficiencias son en su sistema judicial y detención, transparencia gubernamental, sistemas antilavado de dinero y apoyo para víctimas y testigos.
Actores estatales
Una de las principales conclusiones que emanan del índice publicado es que la impunidad a actores que fomentan el crimen organizado desde el Estado es uno de los principales obstáculos para acabar con el mismo.
“La participación de los estados en la criminalidad es un fenómeno profundamente arraigado alrededor del mundo: oficiales del Estado y redes clientelistas que tienen influencia sobre las autoridades estatables son ahora los principales corredores del crimen organizado”, es uno de los hallazgos.
En cuanto a tendencias, el estudio detalla que los países con mayor puntaje en cuanto al papel que juegan este tipo de “actores embebidos en el Estado”, tienen menor capacidad de resiliencia. La correlación es prácticamente lineal a nivel mundial. Los hallazgos evidencian que el nivel al cual la criminalidad permea el Estado varía, desde corrupción a niveles bajos hasta captura completa del aparato estatal.
En septiembre pasado, una publicación de este medio basado en informes de estamentos de seguridad del Estado detalló que al menos 178 funcionarios habían sido detenidos en lo que va del año en operaciones contra redes de trasiego de drogas y blanqueo de capitales. Estos laboraban en instituciones como la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad, el Aeropuerto de Tocumen, la Asamblea Nacional y el Ministerio Público.
Incluso, en septiembre de 2020, el entonces gobernador de la comarca Guna Yala, Erick Iván Martelo, fue detenido con 79 kilos de droga.
El índice evidencia que entre más permea el crimen organizado en el aparato estatal, más se obstaculiza la prevención y lucha contra este flagelo.
El perfil de Panamá en el sitio web del índice, expone sobre “cientos de organizaciones tipo mafia” que operan en el país, e identifica a las pandillas Bagdad y Calor Calor, ambas involucradas en logística de drogas y control de territorio.
El perfil detalla que Bagdad se especializa en la venta interna y Calor Calor en el transporte de drogas para organizaciones extranjeras.