La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central, República Dominicana y el Caribe (Oacnudh) pidieron ayer a El Salvador que investigue el espionaje a periodistas con el software Pegasus.
Los teléfonos de al menos 35 empleados de medios y organizaciones salvadoreñas fueron intervenidos con Pegasus, creado por la israelí NSO Group, según un peritaje del laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto y la iniciativa Access Now.
De las 35 personas, al menos 22 serían miembros del portal El Faro y, de ellos, 19 tenían medidas cautelares de la CIDH, desde 2021.
En un comunicado, la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y Oacnudh, exhortan a El Salvador “a investigar los hechos denunciados” y “a velar por la protección de la integridad de las víctimas”.
El Estado salvadoreño debe ofrecer “libertad de expresión y al derecho a la privacidad, en particular respecto del ejercicio del periodismo y de la labor de las y los defensores de derechos humanos”.
El Salvador afirma que “el origen de tales intervenciones es desconocido por lo que se encuentra desarrollando las investigaciones correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad y autoría de tales hechos los cuales habrían vulnerado también dispositivos y comunicaciones de funcionarios estatales”, señala el texto.
Las tres organizaciones piden una moratoria sobre la venta, transferencia y uso de la tecnología de vigilancia hasta que “se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos”.
Nicaragua
La CIDH también llamó la atención al gobierno de Daniel Ortega, urgiéndolo a poner en libertad a quienes fueron detenidos en el marco de la crisis desatada tras las manifestaciones de 2018, así como garantizarles el debido proceso y el acceso a una defensa adecuada.
Al 31 de diciembre de 2021, 160 personas seguían detenidas por su participación en las protestas.
“El pasado 4 de enero, familiares denunciaron públicamente la persistencia de tratos crueles e inhumanos; insalubridad en celdas; despojo de pertenencias; falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada, así como de medicamentos”, remarcó la CIDH en un comunicado.
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