Desde comienzos de la República ha existido una sucesión de despachos encargados de llevar el control fiscal del gasto público. Lo que hoy conocemos como Contraloría General de la República fue originalmente un visitador fiscal y luego el agente fiscal del Estado. En la década de 1930 se convirtió en la institución actual.
La Contraloría es la entidad que hace posible que el Estado funcione. Cada contrato, cada nombramiento y cada pago que hace el Estado o los municipios necesita del refrendo de la Contraloría.
Esto no es gratuito, ya que la Contraloría verifica que existan los fondos disponible para pagar el objeto del gasto público.
Las facultades de la entidad le permiten suspender un pago o negarse a refrendar un contrato si hay alguna irregularidad o si la Contraloría considera que esa tramitación afecta negativamente el erario.
A esa capacidad preventiva de la Contraloría se le suma una prolífica función de auditoría. Las auditorías son los medios que tiene la Contraloría de verificar la corrección del gasto público o el respaldo del patrimonio de un funcionario. Las auditorías, por lo tanto, son un medio de prueba de los actos de corrupción, ya sean peculados o enriquecimiento ilícito.
Existe un problema sistémico de la justicia penal panameña con respecto a las auditorías de la Contraloría.
La auditoría forense de la Contraloría es el principal medio probatorio en los delitos contra la administración pública. No debería ser el único, pero los jueces y los magistrados de la Corte han adoptado la práctica de rechazar casos de corrupción si no hay auditorías forenses que lo respalden.
Este panorama se complica más, porque la tendencia de los últimos años ha sido descartar auditorías forenses y todas las pruebas anexas a estas. Esto ha sido evidente en casos de alto perfil en tiempos recientes.
El auditor forense es un recurso humano escaso en la administración pública. A lo interno de la Contraloría, es urgente fortalecer a la Dirección de Auditoría Forense, porque estos funcionarios tienen que enfrentarse en los juicios a verdaderos tiburones, con amenazas implícitas o explícitas contra el patrimonio, la reputación profesional o la integridad personal del auditor forense.
Una Contraloría con capacidad de auditoría forense limitada o intimidada le pone en bandeja de plata el Tesoro Nacional a los corruptos.
La Contraloría tiene iniciativa legislativa por mandato constitucional. Esto significa que puede proponer leyes sobre los temas que son de su conocimiento.
Los criterios de una auditoría forense, su valor probatorio y la protección de los auditores que la elaboraron deberían ser temas de una norma que le envíe el mensaje a la sociedad internacional de que Panamá toma en serio la lucha contra la corrupción.
Un flanco débil que se le presenta a la Contraloría en los próximos años es el de la descentralización. Decenas de municipios gestionando fondos públicos, por vía de licitaciones o contrataciones directas, son un dolor de cabeza para cualquier institución. Un tornillo no cuesta lo mismo en Panamá que en Puerto Armuelles. Tampoco son equivalentes los importes por mantenimiento o reparación. La familiaridad entre funcionarios y contratistas es sumamente común en todas partes del país, sobre todo en el interior, lo que crea presiones adicionales a los auditores y fiscalizadores de la Contraloría.
Corresponde al próximo contralor general, Gerardo Solís, liderar una institución que tendrá un rol protagónico en la ponderación de las asociaciones público privadas, la renovación de concesiones portuarias y de servicios públicos, y en el rescate de la Caja de Seguro Social.
Por supuesto, está el tema del Censo de Población y Vivienda, pendiente de fecha.
El año nuevo nos recibirá con un nuevo contralor y un mandato amplio como el horizonte.
