Un fallo de la Corte Suprema de Justicia del pasado 14 de octubre dejó sin efecto la declaratoria de causa compleja y las penas aplicadas en los acuerdos logrados con varios imputados, en la trama de corrupción y blanqueo de capitales ligada a la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
El fallo, bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, contra la decisión del Segundo Tribunal de Justicia del 30 de enero de 2020, que declaró nulas las diligencias efectuadas a partir del 24 de octubre de 2019, que incluyen las condenas surgidas tras los acuerdos de pena firmados en junio de 2019.
El fallo del Segundo Tribunal, con la firma de la magistrada suplente Alina Hubiedo, dejó sin efecto las diligencias, alegando que la juez de la causa, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro de Obras Públicas Federico Pepe Suárez –imputado en el proceso– había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal.
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— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) October 15, 2020
Según el Segundo Tribunal Superior, la juez Aizprúa debió resolver primero la petición de Suárez, en lugar de atender la solicitud de declaratoria de causa compleja presentada por la fiscalía.
Cedalise concluyó que el amparo de la fiscal Morcillo no refiere ninguna vulneración de los derechos fundamentales, por lo que decidió no acogerlo.
Fuentes del Ministerio Público explicaron que presentarán una nueva petición para que la investigación sea calificada como causa compleja, así como una solicitud de homologación de las condenas.
FCC habría reconocido el pago de coimas sobre la base del 10% del valor de los contratos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre 2009 y 2014, para el reordenamiento vial en la capital.
Estos confesiones fueron hechas a la Fiscalía Especial Anticorrupción por Julio Casla y Eugenio Del Barrio, colaboradores de FCC.
Bajo juramento, ambos declararon al Ministerio Público que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con Suárez, entonces titular del MOP, quien les habría dicho que para que el Estado asumiera deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%” y ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos.
También revelaron que esta estructura se utilizó con Odebrecht y Meco.
Entre los proyectos entregados a estas empresas se encuentran la restauración del Patrimonio Histórico, y los tramos 1 y 2 del Corredor Vía Brasil, entre otros.
