La Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda presentada por el abogado Jorge Molina Mendoza, en representación de la periodista Flor Mizrachi, para que se declarara inconstitucional la intervención de la diputada Zulay Rodríguez durante el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional del 19 de octubre de 2020.
Ese día, la diputada perredista con mensajes xenofóbicos atacó la honra de Mizrachi, y de otros actores de la sociedad civil. “Ahora le toca a Roberto Brenes, esposo de Mercedes Eleta. Yo lo escuché y encima leí su Knockout que escribió la colombiana frustrada. Flor [Mizrachi], tú tienes una fijación conmigo. ¿Tú estás enamorada de mí? Que si estaba gorda, que si no estaba gorda. O sea, sal de closet. Sal del closet”, dijo.
Según Molina Mendoza, la acción de Rodríguez atentó contra cuatro artículos de la Constitución: los números 17, 159, 160 y 161, sobre el deber de las autoridades, y las funciones de los diputados.
Sin embargo, los magistrados de la Corte desestimaron el recurso amparándose en los artículos 2559, 2560, 2561 del Código Judicial, que hablan del derecho que tienen las personas de interponer recursos, y de los requisitos que deben tener los mismos. El 2561 dice, por ejemplo, que la demanda se acompañará de una copia autenticada de la norma que se ataca, de otra manera se producirá la inadmisibilidad de la demanda.
Sittón y Camacho, abogados de Zulay
La Corte tampoco admitió el poder especial que otorgó la política del Partido Revolucionario Democrático a Sidney Sittón y a Luis Eduardo Camacho González, quienes también representan al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) en varios casos. La ponencia del caso estaba a cargo de la magistrada María Eugenia López, pero contó con el apoyo de sus colegas Otilda de Valderrama, Maribel Cornejo, Carlos Vásquez Reyes, José Ayú Prado, Cecilio Cedalise, Hernán De León, y Efrén Tello. Olmedo Arrocha emitió un “voto razonado”.
Así nos ven
El informe de derechos humanos que emitió recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos llamó la atención sobre el uso de la tribuna legislativa por parte de los diputados para atacar a periodistas y miembros de la sociedad civil. El documento planteó el caso de los señalamientos del diputado Sergio Chello Gálvez contra Edwin Cabrera, director de servicios informativos de Radio Panamá.
