Con la llegada de los fondos de la descentralización en 2016, alcaldes y representantes de corregimiento, amparados en la ley de ese programa, obtuvieron fondos para emplanillar a allegados y brindar “ayudas sociales”, como comida, ataúdes y becas, a pesar de estar expresamente prohibido por la ley.
En tres años y medio, estos funcionarios recibieron desembolsos que suman $764 millones, pero el resultado es cuestionable: obras inconclusas, abandonadas y hasta con problemas estructurales. En muchos casos se incumplió con el nombramiento de un representante de la participación ciudadana, que tendría entre sus funciones coordinar las acciones que desarrolla cada municipio con otras organizaciones para prevenir actos de corrupción.
Una parte del dinero proveniente del Impuesto del Bien Inmueble (IBI) que se destina para inversión es administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el pago a contratistas y proveedores. El resto del dinero lo manejan estos funcionarios sin mayor control.
Un 25% de los fondos del IBI va a los municipios para el pago de planillas. Adicionalmente, cada municipio y junta comunal recibe anualmente $110 mil del fondo del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm). Y de este último, usan $30 mil para “apoyos especiales”.
Poco antes de las pasadas elecciones, alcaldes y representantes habrían presionado al Ejecutivo para que les entregaran fondos en un año electoral, a pesar de que eso está prohibido en el artículo 53, del Decreto Ejecutivo 10 de enero de 2017.
La Prensa recorrió nueve distritos del país, en dos o más visitas durante 2019, para verificar el avance y estado de obras. A partir de hoy, hará una descripción del uso desgobernado de estos fondos.
Choferes ‘administraron’ millones
¿Qué tan exitoso ha sido el Programa de Descentralización de la Administración Pública, que entró a regir en enero de 2016, durante la pasada administración?
Si la pregunta se responde con obras construidas con sus fondos, entonces habría serios problemas.
El programa pretende que las 81 alcaldías existentes reciban fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para destinarlos a inversiones, es decir, a obras comunitarias.
El IBI genera al Estado cientos de millones de dólares anualmente y ahora se reparten proporcionalmente entre los municipios, siendo $500 mil el monto mínimo que reciben cada tres meses.
Las anomalías en la ejecución de los programas de inversión de los gobiernos locales –años después de entrar en vigor la Descentralización– son abundantes y, en algunos casos, escandalosas.
Problemas
La Prensa recorrió 9 de los 81 distritos que han recibido estos fondos: Penonomé, La Pintada, Aguadulce, Santiago, Chitré, David y Chiriquí Grande (Bocas del Toro), Arraiján y San Miguelito.
Los proyectos típicamente elegidos para destinar los fondos son complejos deportivos, reparación de canchas, parques, paradas de buses, veredas y hasta sedes de juntas comunales.
En casi todo los sitios visitados se detectaron problemas, como obras sin concluir y/o con deficiencias estructurales, incluso, sobrecostos. En otros casos, no se iniciaron las obras. Todo ante la mirada indiferente de los custodios de los fondos.
En cuanto a la administración del dinero, se pudo identificar que fueron nombrados conductores de carros como administradores o a personas sin el perfil mínimo para administrar cientos de miles de dólares o planificar o supervisar las obras civiles.
Estos hallazgos fueron notorios en municipios y juntas comunales de Panamá, Coclé, Los Santos y Veraguas durante la pasada administración, confirmó la Secretaría Nacional de Descentralización (SND).
La Ley de Descentralización presenta vacíos, y de ello se aprovecharon empresas y personas que encontraron sus nichos de contratación en alcaldías y juntas comunales.
Esto, a pesar de que la ley nació para atender necesidades puntuales de las comunidades, sin clientelismo político. Su artículo 75 así lo indica: con el fondo de la Descentralización “no podrá efectuarse gasto alguno en concepto de donación, préstamos de dinero, obsequios, subvenciones, auxilios o patrocinios a personas naturales o jurídicas”.
Pero La Prensa detectó que en muchos casos los fondos de la Descentralización se usaron, precisamente, para esos fines expresamente prohibidos, como donaciones, nombramientos políticos o en beneficio de parientes, allegados o a favor de empresas “recién nacidas”, pero con gran apetito de contratos en los gobiernos locales y/o estatales.
Los fondos
De enero de 2016 a marzo de 2019, el Gobierno transfirió $478 millones a municipios y juntas comunales provenientes del IBI. Los fondos se completaron con aportes del Programa de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm), del desaparecido Programa Social para el Desarrollo Local (Pronadel). De este fondo se obtuvieron $286 millones en las vigencias del año 2016 al primer trimestre de 2019. En suma, totalizaron $764 millones.
Riesgos
Narciso Machuca, que ejerció el cargo de secretario nacional del Programa de Descentralización del pasado gobierno, confirmó que descubrieron conductores de vehículos en cargos de planificador o administrador.
No solo eso. Además de carecer de idoneidad para ejercer el puesto, sus salarios eran excesivos respecto al cargo que ocupaban. Machuca advirtió a los alcaldes que “eso no lo podían hacer”, pero las advertencias fueron totalmente ignoradas.
Detectaron a profesionales en labores que no eran de su competencia. “Si vas a nombrar a un ingeniero, tiene que ser civil para que vea las obras y las construcciones. Pero ¿qué vimos? Que algunos municipios querían nombrar ingenieros agrónomos para ver las obras”, reveló Machuca.
Esa falta de idoneidad –añadió– ha puesto en riesgo la vida de personas, pues hallaron obras con fallas estructurales en Arraiján, San Carlos y San Miguelito, por mencionar algunos ejemplos.
Machuca dijo que –por escrito– le comunicó a alcaldes y representantes de corregimiento que no podían nombrar “a los que les diera la gana o a quien quieran” en la Descentralización.
Otro problema fue que las alcaldías no nombraban a una persona que garantizara la participación ciudadana, a pesar de que es exigencia de la Ley y la razón de la existencia de la Descentralización.
¿Funcionarios usaron fondos públicos con fines políticos? Machuca cree que es lo que “pudiera interpretarse. Si quieres ayudar a un amigo, esa es tu decisión, pero que ese amigo tenga el perfil que se ajuste a lo que pedimos” (ver nota relacionada).
Incluso, advirtió que si no corregían, “apretarían la mano”. Es decir, “que si querían los fondos, debían cumplir [con la ley]”. Pero, al final, muchas obras quedaron paralizadas, abandonadas o con fallas estructurales.
Regalos, bonos y ‘jugadas políticas electorales’
Aunque la Ley de Descentralización prohíbe expresamente que de sus fondos se hagan donaciones de materiales de construcción, bonos, becas y ayudas sociales, pocos le prestan atención, incluyendo representantes de corregimiento que fueron reelectos en mayo pasado.
En los últimos meses de 2018, “una cantidad importante de representes de corregimiento compraron materiales de construcción, y todo el mundo sabe que probablemente ese material era para estar repartir: una hoja de zinc, una carriola, un saco de cemento”, etc., denunció Narciso Machuca, extitular de la Secretaría Nacional de Descentralización (SND).
“En un año preelectoral, se buscaba que los funcionarios no hicieran proselitismo [con fondos del Estado], pero algunos tenían la gestión de compra y pidieron a las empresas que [los materiales de construcción] se los entregaran [...] en tiempo de política”, reveló Machuca en abril pasado (ver facsímil).
Las irregularidades se presentaron en varias provincias, pero, principalmente, en Los Santos, denunció.
Estas “donaciones” se habrían sufragado con los $110 mil que reciben anualmente estos municipios provenientes del Programa de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm), antiguo Programa Social para el Desarrollo Local (Pronadel), que también alimentan el programa de Descentralización. Desde 2016 a abril de 2019, los alcaldes y representantes han recibido $285.6 millones del Piopsm.
La denuncia del posible uso de estos fondos para proselitismo político fue hecha por residentes de diferentes provincias a inicios de 2019, pero no hubo repercusiones.
No satisfechos con ello, a nombre de estas comunidades, alcaldes y representantes pidieron al presidente Laurentino Cortizo más dinero para las fiestas de fin de año: $20 mil para alcaldes y $10 mi para representantes.
Becas y donaciones
Hay municipios y juntas comunales –reveló Machuca– que querían el dinero remanente de años anteriores para “donarlo en becas, y nosotros sabemos perfectamente qué pasa con esas becas”.
A su juicio, las comunidades “no se merecen que unos representantes de corregimiento puedan sacar provecho de su posición para poder beneficiarse económicamente”.
La Prensa intentó consultar desde abril pasado al hasta hace poco contralor, Federico Humbert, sobre el manejo de estos fondos o cómo se podía frenar el posible proselitismo, pero no respondió.
Sin fiscalización
Las “ ayudas” y regalos no están desamparados. Al igual que las extintas y millonarias partidas circuitales de los diputados, existe una “Guía para el manejo del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm)” que permite, entre otras cosas, destinar $30 mil anuales del presupuesto de inversión para “obras sociales”, a pesar de que ello no está contemplado en la Ley 66 de 2015 –que reforma la Ley de Descentralización– y que, de hecho, está prohibido en su artículo 75.
Los pagos del Piopsm son administrados directamente por alcaldes y representantes, sin la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas, contrario a lo que ocurre con los fondos generados por el IBI.
Para el actual secretario nacional de la Descentralización –quien manejó fondos de la Descentralización siendo alcalde de David Chiriquí (2014-2019)–, Francisco Vigil, este manejo de fondos no se puede considerar un arma política para el funcionario que piensa reelegirse en el cargo, pues en las pasadas elecciones pocos lograron esa meta. Es más, justificó: “hay que tener una partida de asistencia para cosas de urgencia de la comunidad”.
Y es que en la guía de manejo se describe cómo deben ser las “donaciones, suministros y subsidios”, que incluye asistencias “funerarias”, en las que es “opcional” que el solicitante entregue cotizaciones para recibir un aporte de $1,000. También dice que si la entidad “no cuenta con un trabajador social idóneo” para realizar un estudio socioeconómico del beneficiario, entonces éste deberá llevar una evaluación firmada por el alcalde o el representante.
Abordado sobre este fondo, Machuca indicó que otras entidades pueden ayudar con el estudio socioeconómico al solicitante. Pero, esto no está estipulado en la guía de uso de este dinero, cuestionó La Prensa. Machuca aceptó que es una de las muchas falencias de la Ley de Descentralización que los diputados pretenden ahora elevar a rango constitucional.
