Diversos medios de comunicación de Europa dieron cuenta, días atrás, de cómo la empresa española FCC es sometida al escrutinio judicial en varios países por el pago de coimas que funcionarios de la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) le habría exigido a cambio de obras estatales.
FCC ha construido en consorcio con Odebrecht las líneas 1 y 2 del Metro y es responsable de la edificación de la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social.
Eugenio del Barrio, exdirector regional de FCC, y Julio Casla, exdirector de la empresa para Centroamérica, dieron detalles sobre reuniones con el expresidente Martinelli, los intermediarios de la coima, entre ellos, el exministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, el abogado Mauricio Cort y un viejo socio del expresidente, el empresario Riccardo Francolini.
Según los delatores, FCC pagó coimas por la adjudicación de la Ciudad Hospitalaria; los tramos I y II del corredor Vía Brasil y por la construcción del hospital Luis Chicho Fábrega, en Santiago, Veraguas.
La empresa española habría sido sometida al pago de una coima del 10% de cada dólar que cobrara del Estado, indistintamente si correspondía a contratos de vieja data o a los recibidos en el gobierno de Martinelli.
Según los exejecutivos confesos, FCC, para reunir el capital a fin de poder pagar el importe de la coima, tuvo que imponer sobreprecios a otros proyectos por los que no se había pedido mordidas, incluyendo obras estatales en países de Centroamérica en donde FCC tiene presencia, así como en obras públicas y privadas en Panamá.
La mayoría de las coimas que se llegaron a pagar –más de $40 millones, según los exejecutivos de FCC– se canalizaron a través de una sociedad del abogado Mauricio Cort, quien las hacía ver como pagos de honorarios.
FCC, sometido al pago de coimas en Panamá
A mediados de agosto de 2012, el entonces director general de FCC Construcción, Avelino Acero, fue convocado a una reunión de la que nadie –salvo los invitados– podía enterarse. Era en el Palacio de las Garzas. Acero hizo un largo viaje desde España para participar en esa cita, a la que acudió acompañado del director regional de FCC, Eugenio del Barrio, pues lo que allí se comunicaría era de su incumbencia por el cargo que tenía en la empresa.
Acero y del Barrio llegaron a la hora fijada al Palacio Presidencial, donde fueron conducidos al despacho del presidente, Ricardo Martinelli, quien los recibió, junto a una cuarta persona. La reunión fue breve. Martinelli condujo la cita para comunicarle tres cosas: Primero, que el ministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, sería removido del cargo la siguiente semana; segundo, que, en vista de ello, quería presentarles al señor junto a él: Riccardo Francolini. Y tercero, que este señor sería en adelante el “intermediario” con FCC, narró a fiscales en España del Barrio.
En el ajedrez de la coima, el nuevo alfil no representaba un cambio significativo. Solo era una cara nueva a la que los ejecutivos de FCC tendrían que habituarse. Francolini era un viejo socio de negocios de Martinelli y cuando este llegó al poder en 2009, lo nombró en la junta directiva de la Caja de Ahorros, donde ocupó la presidencia. También ocupó la vicepresidencia del aeropuerto de Tocumen. Pero ahora, en el nuevo cargo de “intermediario” –que tendría que desempeñar en las sombras– estaría en el corazón del poder, en el círculo cero de Martinelli.
Eugenio del Barrio –uno de los exejecutivos de FCC que pactó acuerdos de pena con el Ministerio Público a cambio de su cooperación para desentrañar los secretos del pago de coimas a funcionarios panameños por parte de FCC– dijo que ya no coordinarían con el defenestrado ministro Suárez el desembolso de las “comisiones” por las obras contratadas con el Estado.
Concluida la reunión –fuera del despacho del Presidente– Francolini quiso ponerse al corriente de los proyectos que estaban bajo el mando de Suárez. En declaraciones ante el fiscal en España, del Barrio dijo que era evidente que Francolini se había convertido en una suerte de “testaferro” del Presidente y que todo eso “era una política planificada y sistemática de altos funcionarios panameños orquestada por el Presidente”.
10%, la coima
Francolini, como se dijo, era solo una pieza en el tablero. El juego de cobrar coimas no había empezado en 2012 y FCC no estaba solo. El modus operandi para drenar la empresa fue parecido al usado con Odebrecht cuando, a principios del gobierno de Martinelli, sus hijos visitaron a André Rabello –el hoy exsuperintendente de la empresa en Panamá– para pedirle, según dijo el líder empresarial para América Latina de Odebrecht Luiz Antonio Mameri, $35 millones para agilizar pagos por obras hechas en el gobierno de Martín Torrijos y en futuros proyectos.
Lea aquí: Un ‘lobby’ de $35 millones (nota publicada el 4 de julio de 2017)
FCC estaba en las mismas: cuentas por cobrar atrasadas. Acero –que en 2009 estaba recién nombrado director general de FCC– tenía contactos en Panamá, como un paisano asturiano y, a la sazón, nuevo ministro de Obras Públicas, entidad que era la principal deudora de FCC. Enterado de lo que sucedía, Suárez le habría recomendado a Acero contratar a un abogado a fin de que lo ayudara a hacer los cobros al Gobierno: Mauricio Cort. Siguiendo su recomendación, Acero negoció un contrato marco de asesoría jurídica con Cort a través de la compañía Arados del Plata, S.A., domiciliada en Uruguay.
Entonces, la sorpresa. El abogado, al parecer conocía más del negocio de cobrar “comisiones” que de contrataciones públicas. Del Barrio también reveló que Cort les comunicó que la solución a sus problemas pasaba por el pago de un 10% de cada dólar que cobrara la empresa al Estado, “comisión” exigida –”según palabras del señor Cort”, subrayó del Barrio– por el ministro Suárez. Sin ese pago sería difícil cobrar lo adeudado, fue advertido por Cort.
Tal “comisión” era demasiada para el estándar usual en el mundo de la coima, en el que aparentemente FCC tenía experiencia. Deducir 10% del monto de cada obra para pagar “comisiones” implicaba un riesgo, pues la empresa podría entrar en pérdida, dijo del Barrio. Cort –cumpliendo con su rol de experto en la materia– les dio la solución: solo hay que sumar ese 10% a la facturación que FCC presente al Estado y ya está, asunto arreglado. No debió tranquilizarlos mucho, pues Cort seguidamente los animó prometiéndoles apoyo para obtener más obras estatales, narró del Barrio.
Arar sobre plata
¿Cómo llegaría ese 10% a sus destinatarios finales? Cort no invirtió mucho esfuerzo cerebral en disimular el origen de tan groseras cantidades de dinero: FCC le pagaría al abogado por servicios jurídicos, amparado en el contrato previamente firmado por FCC y la sociedad Arados del Plata. En cada caso, se haría una adenda a este contrato que, al final, siempre era próximo al 10% del importe contratado con el Estado, dijo del Barrio.
Pero estos honorarios eran igualmente escandalosos, pues Cort –teóricamente– pudo haber cobrado más de $25 millones por solo dos contratos de FCC: los tramos I y II de Vía Brasil. Semejantes sumas seguramente pondrían a Cort entre los abogados mejor pagados del mundo.
Otro delator de FCC, Julio Casla, que hasta 2013 fue delegado de FCC para Centroamérica, narró una historia parecida. Dijo que en el gobierno de Martinelli le comunicaron a su jefe –Eugenio del Barrio– que para cobrar las facturas de FCC, las adendas o cualquier dinero que estuviera pendiente de pago –salvo el de las obras del Canal de Panamá– había que pagar una comisión del 10% del valor de lo adeudado, incluidos contratos de administraciones anteriores que, por estar en ejecución o inconclusas, estarían sujetas al pago del 10%.
La persona con la que tratarían este asunto sería el ministro Suárez, quien, a su vez, delegaba esta tarea en dos personas de su entera confianza: Cort y Jorge El Churro Ruiz, aunque, de los dos, Cort era el duro, el que advertía de las consecuencias de no cumplir con la “comisión”: los pagos se retrasarían, se obstaculizaría el cobro de sus cuentas, se negarían las adendas a sus contratos o se ejecutarían las fianzas de cumplimiento de sus obras. O, lo que era peor: no más contratos con el Estado.
El pago de los justos
Las amenazas –o directrices– que aludía Cort venían “de arriba… de muy arriba”, recordó Casla. Y esta terapia coercitiva del abogado tuvo sustanciosos resultados, pero a un costo tan alto que, además del sufrido por la sociedad panameña, alcanzó a otros países, que tuvieron que pagar –sin saberlo– el alto costo de las coimas que un puñado de funcionarios panameños le exigía a FCC. Incluso, empresas privadas fueron sometidas por FCC a un régimen de sobreprecios.
Dado que el Estado le debía dinero a FCC por proyectos en los que no se proyectó el pago de coimas –y menos por un elevado 10%– la empresa buscó los recursos, no solo localmente, sino en Centroamérica donde FCC tenía presencia. Tanto Casla como del Barrio listaron obras estatales en países centroamericanos a las que sumaron sobreprecios con adendas a fin de de aumentar la facturación y así completar el monto de la coima en Panamá.
Mencionaron, por ejemplo, obras como el tramo Nuevo Edén-San Juan (El Salvador); una carretera (By Pass) en Chalatenango (El Salvador); tramos carreteros en Heredia-Alajuela y de Conservación Vial en San José (Costa Rica); también el tramo Malpasillo-San Isidro, en Nicaragua, al igual que el Complejo Judicial de Managua. A estas obras, FCC les sumó un 4% de sobreprecio para completar las coimas en Panamá.
Localmente, hizo lo mismo, incluso con empresas privadas, como el camino interno de la mina de cobre, en Coclé, que le facturaron unos $330 mil de más, y la presa hidráulica de Bajo Frío (Chiriquí), a la que le sumaron un sobreprecio d $3.2 millones.
FCC también facturó 4% de sobreprecio en obras estatales por las que no se exigieron coimas para así cumplir con el 10%. La lista de proyectos a los que aplicó sobreprecios, además de los que obtuvo en la administración Martinelli, incluyó, por ejemplo el PAC4 (Pacific Acces Channel), que fue parte de la ampliación del Canal ($4.6 millones); la sede del Tribunal Electoral ($1.1 millones) y las reparaciones a los accesos del puente Centenario. Incluso, proyectos pequeños, pero de impacto social, como el puente sobre el río Coclesito.
Culantro, pero no tanto
La razón por la que a los proyectos no se les sumó el 10% exigido fue porque asesores legales externos de FCC –según del Barrio– recomendaban que el máximo de la comisión legalmente admitida fuera de un 4%. Es decir, aconsejaban no sobrepasar ese porcentaje. Contando las obras en Centroamérica, el sobreprecio impuesto por FCC a sus obras ascendía –en julio de 2013– a $83 millones sobre una base de obras contratadas de $2,073 millones.
Para mediados de 2013, cuando del Barrio se retiró de FCC, en Panamá se habían pagado $42.3 millones en coimas y $40.7 millones estaban pendientes. No obstante, el importe de las coimas por obras adjudicadas durante la administración Martinelli sería cercano a los $110 millones considerando que del Barrio afirmó que el pago de la “comisión” se exigió concretamente por el hospital Luis Chicho Fábrega, el corredor Vía Brasil, tramos I y II, la Ciudad Hospitalaria de la Caja de Seguro Social y otras obras menores.
Este monto no incluye los sobreprecios que FCC aplicó en sus proyectos privados ni los contratos públicos con pagos pendientes ni los sobreprecios a las obras públicas en el extranjero.
Pero el pacto de pagar el 10% de cada dólar varió con el tiempo, lo mismo que los intermediarios del dinero.
