El Ministerio Público sustentó ayer ante el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, la teoría que sostiene al caso Blue Apple, considerada la investigación ligada a corrupción más grande de los últimos años, después de Odebrecht.
El hecho ocurrió en el primer día de audiencia del proceso que salpica a contratistas del sector privado, abogados, banqueros y exministros de Estado, y que de acuerdo con el fiscal Aurelio Vásquez, es un caso “claro y robusto”.
“Ya muchos están aceptando el llamamiento a juicio”, aseguró el fiscal, luego de informar que varios de los implicados solicitaron un juicio abreviado, lo que implica aceptar los cargos a cambio de rebajas de penas. La propuesta no fue acogida porque algunos de los procesados no estaban en la audiencia. El acto sigue hoy con los alegatos de la defensa.
La cita de los investigados del caso Blue Apple con la justicia
Abogados defensores, imputados, fiscales y personal del Órgano Judicial se dieron cita ayer en el histórico Teatro Balboa, donde el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, celebra la audiencia preliminar del caso Blue Apple, trama que dejó al descubierto un esquema de corrupción que involucró a por lo menos nueve contratistas del Estado, abogados, banqueros y exministros.
La mayoría llegó a partir de las 9:00 a.m. y para entonces ya la Policía Nacional había blindado el área.
Acudieron 28 de los 51 investigados. Entre ellos, Jaime Ford, exministro de Obras Públicas, quien llegó junto a su abogado Basilio González. Evelyn Vargas Reynaga, abogada que abrió sociedades a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, asistió con su defensor Juan Antonio Vega. Marcela Araúz acudió en representación del comerciante Riccardo Francolini; Víctor Orobio, en nombre de Giacomo Tamburrelli, exdirector del antiguo Programa de Ayuda Nacional, y Rosendo Miranda, en representación de Federico Suárez, exministro de Obras Públicas. La abogada Gladys Quintero representó a Joaquín Rodríguez Salcedo, exvicepresidente de Factoring y Fianzas de Global Bank. En tanto que Luis Eduardo Camacho González estuvo en representación de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Ambos se conectaron al acto de manera virtual desde la prisión en que se encuentran recluidos en Guatemala, en espera de que se resuelva su extradición a Estados Unidos.
Blue apple: El fiscal Aurelio Vásquez señaló que en la audiencia preliminar hubo muchas incidencias, pero “lo importante es que la juez dio inicio a la audiencia”. Sostuvo que le tocó el primer alegato. Video Richard Bonilla #LaPrensaSecuestrada https://t.co/qFwevHbWjS pic.twitter.com/TvX8D8xy1F
— La Prensa Panamá (@prensacom) August 5, 2021
Por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga del Ministerio Público asistieron los fiscales Aurelio Vásquez, quien lideró la investigación, y Adecio Mojica.
La audiencia estaba programada para las 10:00 a.m., pero comenzó casi dos horas después. En el teatro, la jueza Marquínez y los oficiales del juzgado tomaron lista de asistencia. También se llamó a los defensores públicos, quienes están preparados para actuar en caso de que alguno de los abogados particulares no acuda.
Un funcionario judicial leyó las reglas del proceso y después acordaron omitir la lectura de la vista fiscal, documento de aproximadamente 500 páginas.
La jueza resolvió cinco recursos; la mayoría de ellos buscaba anular el proceso, presentados por los abogados de los implicados. También atendió una petición para que el juicio fuera abreviado (es decir, que se aceptan los cargos a cambio de una rebaja de pena), pero el fiscal Vásquez explicó a los periodistas que esto no procedió, porque no estaban presentes todos los procesados. “Ya están aceptando muchos el llamamiento a juicio. Es que este caso está claro. Es un caso muy robusto, un caso que se tramitó de causa compleja y no de manera antojadiza, sino apegado a la ley. El tribunal conoce los más de 300 tomos que tiene el expediente”, explicó el fiscal, en un receso.
Después de la pausa, empezaron los alegatos de la fiscalía. “La fiscalía lo que hizo fue que resaltó lo más relevante, porque contábamos con poco tiempo. Lo más importante es que terminó la fase de alegatos. Mañana [hoy] empieza la defensa y luego la juez tendrá un plazo de 24 horas para decidir si abre causa criminal o sobresee”, explicó Vásquez.
Pero, ¿qué dice la vista fiscal de este caso? En el documento se describe paso a paso cómo se dio la trama que, de acuerdo a los propios fiscales, después del caso Odebrecht es tal vez la investigación ligada a corrupción a nivel local más grande de los últimos años.
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Aparte de pedir juicio para más de 50 personas por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, corrupción y falsificación de documentos, en el expediente se detallan los acuerdos de colaboración alcanzados por los imputados. Estos pactos dejaron al descubierto la participación de funcionarios, empleados de bancos y allegados a la administración del expresidente Martinelli (2009-2014) para presuntamente apropiarse de dineros públicos. Por ejemplo, Juan Alexis Rodríguez, de la Constructora Rodsa, S.A., reveló que el exadministrador de contratos del Ministerio de Obras Públicas, Jorge Churro Ruiz, le planteó una propuesta verbal para agilizar órdenes de pagos, planos y otros, pero debía pagar entre el 6% y 8% del monto del contrato. También contó que Rodríguez Salcedo era el que gestionaba las facturas y los pagos, y que Federico Barrios era el representante legal, presidente, tesorero y firmante de varias cuentas de Blue Apple, la sociedad utilizada para canalizar los dineros.
Según Ruiz, Barrios le entregaría facturas que no correspondían a servicios relacionados con su empresa, sino que serían utilizadas para justificar montos de dinero girados a favor de la sociedad, que cobraría 3.75% del monto del pago recibido.
(Esta nota fue modificada el viernes 6 de agosto de 2021, a las 8:10 a.m., para corregir el nombre del abogado de Riccardo Francolini. Es Marcela Araúz y no Carlos Carrillo como se publicó originalmente).
