Semanas atrás, el Consejo de Gabinete aprobó –en plena crisis provocada por la pandemia– un contrato directo de casi $5 millones para rehabilitar oficinas en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Los ministros le dieron prioridad a esta contratación, calificándola de “alto impacto social”.
El contrato se aprobó mediante una resolución fechada el 1 de septiembre pasado y promulgada en Gaceta Oficial el pasado miércoles 16 de septiembre. El documento lleva la firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo, así como las de sus ministros, incluido el vicepresidente, ministro de la Presidencia y secretario del Gabinete, José Gabriel Gaby Carrizo.
La entidad contratante es el Ministerio de Seguridad Pública, bajo la gestión del comisionado Juan Pino. El contratista beneficiado es Grupo J&R, Inc., inscrito en julio de 2008 en el Registro Público. El contrato busca proveer a la DIJ de “instalaciones adecuadas para llevar a cabo sus labores investigativas con mayor seguridad y alcance...”. Y, según el Ejecutivo, el contrato directo para remodelar estas oficinas de la DIJ optimizará “sus capacidades para la persecución y erradicación de las redes del crimen”.
Esta sería la segunda vez que la empresa es contratada para remodelar oficinas de la DIJ, ya que el Gabinete justificó su contratación directa, porque en 2018 remodeló, “a satisfacción”, oficinas de la DIJ, una excusa que igualmente justificaría abstenerse de hacer licitaciones para favorecer a empresas que han entregado al Estado numerosas obras, recibidas “a satisfacción”.
La resolución no menciona la cuantía del contrato de 2018, pero este medio observó un pago de $49 mil 700, a favor de Grupo J&R, Inc., refrendado ese año por la Contraloría. Si ese fue el monto del contrato, el adjudicado ahora de forma directa es 100 veces mayor.
Empresa conocida
Grupo J&R, Inc. tiene como presidente a José Alfonso Mariño, mientras que su hermana, María Mariño de Anguizola, es la vicepresidenta. Una hija de esta última –Mónica Anguizola– es la esposa de José Guillermo Carrizo Jaén, hermano del vicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo Jaén. Dos primos de Mónica Anguizola –José Ricardo y Alfonso Javier Mariño– figuran como secretario y tesorero, respectivamente.
Pese a que se trata de una contratación directa y de que los dignatarios de la empresa se vinculan con la familia del Vicepresidente, el presidente de Grupo J&R, Inc., José Alfonso Mariño, consideró que no hay conflicto de interés. “Conozco al señor Carrizo [Vicepresidente], porque hemos participado en tres o cuatro eventos sociales... Él [Carrizo] es el cuñado de mi sobrina”.
Mariño cuestionó el interés de este medio por saber cómo su empresa fue seleccionada para recibir un contrato directo de casi $5 millones. “Que sea él [vicepresidente Carrizo] cuñado de mi sobrina, no quiere decir que yo no pueda licitar u optar por eso”. No obstante, en este caso no es una licitación, es una contratación directa, cuestionó La Prensa. “Sí, lo entiendo”, respondió Mariño.
Y, al igual que Mariño, el vicepresidente Carrizo tampoco ve conflicto de interés en haber firmado la resolución que autoriza la contratación directa Grupo J&R. Afirmó que, dado que el contrato no lo gestionó su despacho, sino el Ministerio de Seguridad, “no existe vinculación de ningún tipo”, afirmó. Grupo J&R “no es de la esposa de mi hermano; es de un tío, de Alfonso Mariño”, se justificó.
Antecedentes
El Vicepresidente dijo que el contrato empezó a “negociarse” en 2017; que los planos fueron aprobados y pagados a J&R en la pasada administración, pero que “la falta de capacidad ejecutoria del gobierno anterior no permitió su inicio”.
Acto seguido, indicó que los fondos para financiar la remodelación para acomodar instalaciones sensitivas de seguridad “no provenían de recursos del Estado panameño”, sino de acuerdos bilaterales, en este caso, del gobierno de Estados Unidos.
La Prensa consultó a la Embajada de ese país en Panamá sobre la contratación directa de Grupo J&R, Inc. Un vocero indicó que “la transparencia en el uso de los fondos del Estado es una firme prioridad para el gobierno de Estados Unidos”, debido a que la remodelación de la DIJ es parte de los $36 millones que el Departamento de Justicia de ese país acordó entregar a Panamá en 2013.
Una fuente vinculada a esta Embajada añadió que “no hacemos recomendaciones a los Gobiernos sobre qué empresa contratar localmente ni por cuánto dinero. Es una decisión que depende de cada país contratante. Nosotros sólo fiscalizamos que se cumpla con la ejecución del proyecto aprobado”.
La Prensa no encontró contratos previos entre Grupo J&R y agencias de Estados Unidos o con la Embajada, luego que la legación proporcionara a este medio un enlace digital que conduce a la lista de contratos ejecutados con empresas locales en los últimos cinco años.
La familia
El Vicepresidente de la República indicó a La Prensa que el Ministerio de Seguridad es responsable directo de esta contratación: “Gestionó, de acuerdo con los procedimientos legales vigentes, la autorización del Consejo de Gabinete para dar continuidad al proyecto de rehabilitación del edificio” de la DIJ.
Pero el presidente de la empresa, José Alfonso Mariño –en respuestas a interrogantes de La Prensa– reveló que no le notificó a Pino su vinculación con la familia del vicepresidente Carrizo, porque “nunca” se ha reunido con él, es decir, con Pino. “Todo [la contratación de su empresa] ha sido a través de mediadores o con funcionarios del ministerio [de Seguridad]”, indicó Mariño.
El empresario proporcionó información a La Prensa sobre la contratación de su empresa, pero luego pidió que no fuera publicada, razón por la que no aparece en esta historia.
A su vez, La Prensa preguntó a Carrizo si informó al presidente Laurentino Cortizo y al Gabinete la relación de su familia con los dueños del contratista, pero eludió responder: “Esto fue presentado al Consejo de Gabinete por el Ministerio de Seguridad Pública… Actué de acuerdo a lo establecido por la ley, ya que no existe ningún conflicto de interés. No tengo relación con la empresa ni tampoco relación ni participación alguna con el contrato”, respondió.
“Que alguien que tenga vínculos con la familia de la esposa de mi hermano contrate con el Estado no es ilegal. Lo sería si se tratara de una empresa de mi hermano o donde él tuviese participación o fuese de su esposa o ella tuviese participación, que no es éste el caso”, sostuvo Carrizo. La trayectoria, reputación y profesionalismo de Grupo J&R “no pueden quedar en entredicho por meras especulaciones que buscan generar un nivel de morbo donde no lo hay”, se quejó el alto funcionario.
Pero, el presidente Laurentino Cortizo parece estar al tanto de a quién le estaban dando el contrato directo, ya que una fotografía –aparentemente en época de la campaña electoral– revela a un Cortizo sonriente con los parientes políticos más cercanos de José Guillermo, hermano de Carrizo (ver foto).
Carrizo mantiene o mantuvo una estrecha relación con la familia de su cuñada, principalmente con Sergio Anguizola Miró, suegro de su hermano José Guillermo. En las sociedades familiares, el ministro aparece como agente residente y, en algunos casos, él y su hermano han sido directivos. El Vicepresidente reveló que por sus servicios legales a este familia no recibe “ningún tipo de pago”.
Aunque aseguró que no ejerce como abogado –porque “estoy separado de la firma de la cual soy socio desde antes de asumir el cargo de vicepresidente”–, no ha renunciado como agente residente de estas sociedades, como han hecho otros funcionarios. “La decisión de mantener o no a un agente [residente] le corresponde a cada empresa. Es potestad de los dueños de las empresas removerlos”, aseguró.
Más contratos
En diciembre pasado, en un acto público en el que los reclamos contra el pliego de cargos y la decisión final de la Contraloría provocaron que la Dirección de Contrataciones Públicas suspendiera temporalmente la adjudicación, Grupo J&R se hizo de la licitación por $4.7 millones para construir la nueva sede de la Contraloría en Chiriquí.
El contrato fue firmado por el entonces contralor, Federico Humbert, poco antes de culminar su período. El actual contralor, Gerardo Solís, suspendió la obra en marzo pasado. Según Mariño, ello se debe a que se realiza una auditoría a los contratos otorgados previamente.
La Prensa pudo observar otro contrato –de $256 mil– a favor de Grupo J&R, del 26 de noviembre de 2019, para remodelar y amoblar una sucursal de la Caja de Ahorros en un centro comercial en Nuevo Tocumen. Grupo J&R, Inc. cobró más de $51 mil en mayo pasado como “adelanto de contrato”, según un informe de la Contraloría y confirmado por José Alfonso Mariño.
La orden de proceder fue entregada el pasado 11 de marzo, dos días después de descubrirse el primer caso de Covid-19 en Panamá. Según documentos publicados en Panamá Compra, Grupo J&R logró el contrato tras “lanzar los dados” para desempatar con otra empresa que hizo la misma oferta económica. “Ah sí, coincidencias de la vida… Bueno, salí favorecido”, sonrió Mariño.
Otras sociedades
La relación del Vicepresidente con la familia política de su hermano es evidente en la constitución de sociedades. El 27 de diciembre de 2010, por ejemplo, se constituyó Inversiones Comerciales de Chiriquí, S.A., suscrita por José Gabriel Carrizo y su hermano José Guillermo. En esa sociedad aparecen su cuñada Mónica Anguizola de Carrizo (presidenta); Sergio Anguizola, (secretario, hermano de Mónica) y María Mariño de Anguizola (tesorera, suegra de José Guillermo Carrizo).
La sociedad fue inscrita en el Registro Público de Penonomé por José Gaby Carrizo, quien fue su primer agente residente. En enero de 2015, su hermano José Guillermo asumió su presidencia hasta febrero de 2019, cuando ambos renunciaron a sus cargos.
En abril de 2018, Mónica Anguizola de Carrizo inscribió la Fundación Valisa –que también preside–, en la que aparecen su madre, María Mariño (vicepresidenta); su esposo, José Guillermo (secretario); y su suegra, Lydia Jaén (tesorera).
Embajada de Estados Unidos en Panamá supervisará fondos
La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que su gobierno “está comprometido en seguir supervisando” la ejecución de proyectos costeados con fondos decomisados en el caso “Speed Joyeros”, con el que se pagará la remodelación de la DIJ de la Policía Nacional.
En 2013, el Departamento de Justicia de EU acordó compartir con Panamá $36 millones, equivalente al 70% de activos decomisados en el mencionado caso, como parte de la lucha contra el blanqueo de capitales, resaltó la Embajada. Los fondos provienen de una subasta de oro incautado en el caso Speed Joyeros de 1999, que logró recaudar unos $52 millones.
Añadió que, para que el desarrollo de un proyecto sea “efectivo y transparente”, los departamentos de Justicia y del Tesoro de EU aprobaron en 2014 remodelar el edificio de la DIJ. Estas agencias estadounidenses trabajan junto al Ministerio de Seguridad Pública, la Cancillería y la Procuraduría General de la Nación en la supervisión, contratación y ejecución de los proyectos.
