La era de Eduardo Ulloa en la Procuraduría General de la Nación fue efímera y, a juicio de muchos, insípida. Sorpresivamente ayer anunció que había renunciado al puesto al que llegó el 2 de enero de 2020 para reemplazar a Kenia Porcell, quien dimitió en medio de los escándalo de los Varelaleaks.
La información se filtró cerca de las 2:00 p. m. y una hora después el Ministerio Público publicó un escueto comunicado en Twitter, en el que se informó que la renuncia se haría efectiva el próximo 1 de marzo. La nota de prensa estaba acompañada con la carta que Ulloa presentó al presidente Laurentino Cortizo. “Nos tocó lidiar con una sociedad en permanente confrontación, en donde la crítica interesada y el juzgamiento mediático deja el análisis sereno y objetivo del trabajo que se realiza, lo que hace del servicio público una labor ingrata e incomprendida”.
Comunicado a la Nación. pic.twitter.com/UNNyAtpb7O
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) February 24, 2021
También hizo referencia al tema de la niñez, en momentos en que la sociedad reclama que se aplique justicia a los responsables de abusos en albergues que acogen a niños, niñas y adolescentes, organismos que están bajo la responsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. En el Ministerio Público reposan al menos ocho denuncias por el tema, pero, hasta ahora, no se han dado acciones concretas.
Ulloa nunca informó, por ejemplo, si se presentaron medidas de protección a favor de los niños abusados.
“Debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez (...)”, aseguró.
Odebrecht
Ulloa deja el puesto sin que la Fiscalía Especial Anticorrupción emita la vista fiscal del caso Odebrecht, pesquisa que se cerró el 15 de octubre de 2020, y que implica a 100 personas, entre ellos a los expresidentes de la República Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). Ulloa le puso el sello a la pesquisa luego de que le diera una vuelta a la fiscalía que estaba a cargo del tema: sacó a Zuleyka Moore, quien lideraba la pesquisa, e incluyó a las fiscales Anilú Batista y Azucena Aizpurúa, quienes se unieron a Tania Sterling y Ruth Morcillo.
Pero en el Ministerio Público también reposan otros casos que alcanzan a Martinelli, uno de los más importantes es el segundo juicio oral por las escuchas ilegales desde el Consejo de Seguridad Nacional, que tiene fecha de inicio para el 22 de junio de este año.
Otros procesos de alto perfil de los que se tiene pendiente emitir vista fiscal a los juzgados competentes son: New Business, que investiga la compra del grupo editorial Panamá América con supuesto dinero público, y el de FCC corredor vía Brasil Tramo II, otra trama de sobornos con parámetros similares al del caso Odebrecht.
Ulloa, quien prometió trabajar con independencia y alejado de los vaivenes políticos, también tenía la responsabilidad de mostrar resultados en los casos producto de los escándalos de corrupción generados en la pandemia por la Covid-19. Hasta ahora no hay ningún funcionario imputado.
Tampoco ha rendido un informe de los casos de alto perfil ni ha dicho que lo presentará antes de irse.
El reemplazo
Una vez se haga efectiva su salida [lunes 1 de marzo], el procurador suplente entraría a ocupar el cargo. Se trata de Javier Caraballo, un fiscal experto en asuntos de droga, que desde el 2 de enero de 2020, ejerce dicho puesto.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explicó que el procurador suplente debe asumir, y el Ejecutivo, en este caso el presidente Cortizo, debe decidir si lo mantiene en el cargo o designará a otro. “En esta coyuntura es un proceso más complejo tomando en cuenta que el periodo restante es menor”, aseguró. Ulloa entró al puesto el 2 de enero de 2020, para completar el mandato de 10 años de Porcell. Ese periodo vence el 31 de diciembre de 2024.
Araúz agregó que un profesional externo al Ministerio Público evaluaría con mucha cautela asumir esta responsabilidad en las condiciones actuales del país. Por lo tanto no cree que un concurso para el puesto resulte “atractivo” para los juristas locales, por lo que no se descarta que el Ejecutivo lo seleccione directamente.
Reacciones
“Nuestra justicia está en pedazos. Queda evidenciado que las presiones políticas y económicas son más fuertes que el amor y compromiso con la justicia”, aseguró en su cuenta de Twitter el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.
Nuestra justicia esta en pedazos.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) February 24, 2021
Queda evidenciado que las presiones políticas y económicas son más fuertes que el amor y compromiso con la justicia.
Entiendo que hay cientos de temas que preocupan, pero veamos este bien.
Sin arreglar la justicia no arreglaremos el país.
Mientras que el abogado Ernesto Cedeño expresó que el próximo procurador general que nombre el Ejecutivo debe tener integridad, independencia y valentía para poner en orden la casa.
“Requerimos que haya certeza del castigo, para lo cual se requiere a un Ministerio Público eficiente en el ejercicio del cargo”, manifestó Cedeño.
Este abogado es del criterio que la crítica ciudadana no debió motivar una renuncia de un alto cargo.
“Uno debe aprender a rendir cuentas y, además, debió proponer cambios en el sistema y no hemos sabido que lo haya hecho” indicó.
Mientras que el exdirector de la Policía Nacional, Ebrahim Asvat, señaló que la carta de renuncia del Procurador hace ver que el tema que lo motiva es el caso de los albergues.
Por su lado, el abogado y exfiscal de Cuentas Guido Rodríguez expresó en Twitter que el país merece conocer los motivos de la “renuncia intempestiva” del procurador.
El país merece conocer los motivos de la renuncia intempestiva del Procurador
— Guido A. Rodriguez L. Nieto e hijo de inmigrantes. (@Guidoale1961) February 24, 2021
Cuando asumió el cargo ofreció una gestión transparente y eso, debe incluir una explicación razonable sobre su salida.
En esta línea, la exprocuradora Ana Matilde Gómez dijo ayer en TVN que no le quedan dudas de que detrás la renuncia de Ulloa ha habido algo más grave, ya que cuando asumió el cargo sabía de que este puesto implica presiones de todo tipo.
El próximo procurador que nombre Cortizo deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional, órgano que está bajo el control del oficialista Partido Revolucionario Democrático, y que en estos momentos tiene como presidente a Marcos Castillero, figura cercana al mandatario.