La larga noche en la que la Corte Suprema absolvió al diputado Arquesio Arias

Tras ocho horas de deliberaciones, al filo de la medianoche de este viernes 16 de abril, un tribunal de juicio integrado por el pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró “no culpable” al diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Arquesio Arias, de delitos sexuales contra dos mujeres.

“Los magistrados son unos corruptos, él es un violador. Mira lo que pasó, dejaron a la niña sola. ¿Qué le pasa a los magistrados? No respetan a la niña”, declaró, conmocionada, Gerardina López, tía de una de las víctimas, a su salida de la audiencia mientras cubría el rostro de la chica y se alejaba del Palacio de Justicia Gil Ponce, ubicado en Ancón. Portazos, gritos y llantos se escuchaban al fondo.

Delito por delito

La decisión de los nueve magistrados fue unánime en los cargos de violación sexual agravada contra una mayor de edad, actos libidinosos contra una mayor de edad y violación sexual contra una menor.

En cuanto al delito de actos libidinosos contra una menor, se votó tres veces y el resultado fue el mismo: 5 votos a favor de la culpabilidad y 4 a favor de la absolución.

Es decir, que la mayoría consideró que Arias es culpable de este último delito. No obstante, una disposición del Código Procesal Penal, específicamente el artículo 495, exige que para una sentencia de este tipo se debe contar con los votos de dos terceras partes del pleno, lo que técnicamente se conoce como mayoría calificada. Un artículo similar del mismo código -el 475- se aplica a los magistrados en caso de que sean juzgados por el pleno de la Asamblea Nacional.

Una condena por el delito de actos libidinosos contra una persona menor de 14 años conlleva entre cuatro y seis años de prisión. De eso se libró Arias por un voto.

El tribunal estuvo integrado por Luis Ramón Fábrega Sánchez (presidente), María Eugenia López Arias (relatora), Ángela Russo de Cedeño, Otilda Vergara de Valderrama (suplente de la magistrada Maribel Cornejo, quien actuó como juez de garantías), Carlos Alberto Vásquez Reyes, José Ayú Prado Canals, Hernán De León Batista, Cecilio Cedalise Riquelme, y Miguel Espino González (suplente de Olmedo Arrocha, quien actuó como fiscal de la causa).

Durante el juicio, iniciado el pasado 7 de abril, se practicaron 80 pruebas, entre testimoniales, periciales, documentales y materiales.

Para los magistrados, no se probó la comisión de los delitos de violación agravada y actos libidinosos “debido a graves inconsistencias”, según un comunicado del Órgano Judicial publicado a las 11:45 p.m. del viernes.

El juicio se desarrolló a puerta cerrada, sin público. La prensa solo obtuvo información por declaraciones de las partes o por comunicados. La Corte no informó cómo votó cada magistrado. La sentencia será leída el próximo 30 de abril.

De vuelta a la Asamblea

A su salida, Arias, fiel a su estrategia de mantener silencio durante casi todo el proceso, no hizo ninguna declaración a los medios. A diferencia de las víctimas, que sí hablaron en la fase final del juicio, Arias no habló ante los jueces. En el pasado ha dicho públicamente que este caso se originó como una patraña política de sus adversarios en las primarias de su partido, en 2018.

Su abogado, Ángel Álvarez, informó que a su cliente, en arresto domiciliario desde octubre de 2019, se le levantan las medidas cautelares, lo que implica que puede regresar a su oficina en la Asamblea, donde representa al circuito 10-2 (Ailigandí, Puerto Obaldía, Tubualá, Wargandí).

Arias nunca fue inhabilitado como diputado y muchas veces trabajaba desde su casa, en reuniones virtuales. Su bancada del PRD, que controla la junta directiva de la Asamblea, nunca quiso abordar este tema.

Su suplente Rinilio Martelo Robinson -con una denuncia en la Corte, pero por drogas- tuvo que hacer una pelea dentro del PRD y en la Asamblea para que lo habilitaran como principal en algunas ocasiones.

Ahora, según Álvarez, su cliente no tiene ninguna medida cautelar que restrinja su movilidad.

¿Nada que hacer?

Una vez concluida la audiencia, la abogada particular que representó a las víctimas, Enereida Barrías, declaró: “Somos respetuosos de la decisión. Es un fallo de la Corte que no admite recurso en contrario”. Dijo que ella le comentó a sus clientes que en estos casos hay un 50% de probabilidades de ganar o de perder.

Pero en nombre de las familias de las víctimas, Gerardina López (tía de una de ellas), quien hizo las primeras denuncias públicas del caso, declaró ayer que evalúan tocar las puertas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ahora, dijo, están concentrados en la “delicada” salud física y emocional de su sobrina.

Desde que se conoció la noticia y durante todo el sábado, las redes sociales se colmaron de comentarios, en su gran mayoría expresando indignación y sugiriendo cambios en la forma de juzgar a los diputados.

La protesta se trasladó de las redes al cerro Ancón, cuando un grupo de ciudadanos, en su gran mayoría mujeres jóvenes, desafió los nubarrones del clima para presentarse en el Palacio Gil Ponce para expresar su hastío por la justicia. Pero para mayor incordio, al llegar al lugar se encontraron que la calle Gorgas, frente a la sede del edificio, estaba bloqueada por vallas metálicas y custodiada por agentes de la Policía Nacional. Repicaron pailas, cantaron himnos, gritaron consignas y enarbolaron un cartel gigante que decía: “magistrados cómplices”, “#Arquesio violador”.

(Con información de Ohigginis Arcia)