Obviando los cuestionamientos ciudadanos por la poca información aportada sobre las compras de la pandemia, el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, alabó ayer el manejo de la crisis sanitaria y ponderó la transparencia y la rendición del cuenta en el último año.
Ante la Comisión de Presupuesto, que dirige su copartidario Benicio Robinson, Carrizo también aseguró que Laurentino Cortizo escogió decretar estado de emergencia y no de urgencia porque hacerlo significaba suspender las garantías constitucionales.
Después de que Carrizo se fue de la comisión, los diputados aprobaron citar a los ministros de Economía y Finanzas, al de Salud y al director de la Caja de Seguro Social para que expliquen las compras de la Covid-19.
Gaby Carrizo alabó el manejo de los fondos de la pandemia, ¿dijo la verdad?
Exitoso”. Así calificó el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Gaby Carrizo, el manejo de la pandemia por la Covid-19.
Carrizo fue ayer a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a leer un informe de gestión. Aseguró que la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los fondos públicos han caracterizado al gobierno de Laurentino Nito Cortizo, en la crisis sanitaria. “Gracias al esfuerzo de nuestro personal de salud y a la coordinación efectiva del Gobierno Nacional, hoy Panamá es uno de los países con menor tasa de letalidad por coronavirus en el mundo y lidera la vacunación en la región”, manifestó Carrizo ante la mirada de sus copartidarios, los diputados perredistas Benicio Robinson, presidente de la comisión; Crispiano Adames, y Raúl Pineda, entre otros.
Informó que de acuerdo con el Banco Mundial, el plan Panamá Solidario, que ha beneficiado a más de 1,300,000 panameños, evitó que la pobreza pasara del 14.9% al 20.8%.
Sin embargo, Panamá Solidario ha sido criticado precisamente por su opaca gestión. Por ejemplo, a finales de marzo, el Gobierno informó que se habían comprometido pagos a proveedores por $259 millones para abastecer las 7 millones de bolsas de comida que se han distribuido. Pero, en Panamá Compras solo se habían reportado compras por $29 millones para ese fin. Es decir, apenas han rendido cuentas por el 10% de esos $259 millones.
El vicepresidente también le explicó a los diputados por qué el presidente Cortizo decretó un estado de emergencia y no de urgencia. Dijo que hacerlo significaba suspender las garantías constitucionales. “Durante la pandemia, todas las garantías han estado vigentes, incluso el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica, que facilitó la llegada de buenas inversiones, claves para la reactivación económica”, añadió.
No obstante, en la Corte Suprema de Justicia reposan más de 10 recursos que buscan que se declaren inconstitucionales varios de los decretos del Ejecutivo, que de acuerdo con los abogados que los interpusieron, atentan contra las garantías fundamentales.
En marzo pasado, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, suspendió provisionalmente el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No 7 del 5 de febrero de 2021, que le dio poderes especiales al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, para declarar medidas de restricción de la movilidad, toques de queda y cualquier otra acción, sin la participación del Ejecutivo.
Carrizo informó que el Consejo de Gabinete hasta diciembre del 2020 había aprobado el uso de $1,457,000 para atender las necesidades vinculadas a la Covid-19. Añadió que su ministerio era el “ente coordinador” para que distribuir ese dinero a las entidades y que la empresa BDO Audit, S.A. validó “el cumplimiento de los procedimientos en el manejo de los fondos que fueron gestionados a través del Ministerio de la Presidencia”.
El Ministerio Público investiga casos relacionados precisamente con las compras de la emergencia, como la compra de ventiladores con supuestos sobreprecios, y las presuntas irregularidades en el hospital modular.
Dijo además que ya han reportado 50 informes de rendición de cuentas a la ciudadana, ejercicio que se hace “todos los miércoles”.
Los informes a los que se refiere el vicepresidente se limitan a cifras escuetas. No se especifican empresas y precios pagados por las compras.
