A los 46 años de edad, Luis Lacalle Pou ganó el balotaje presidencial del pasado domingo en Uruguay y desplazó a la izquierda del poder, luego de 15 años de gobierno.
Lacalle Pou tuvo que postergar hasta ayer su festejo, mientras la Corte Electoral procedía a un tradicional recuento secundario de votos que se convirtió en definitorio dada la exigua diferencia con el oficialista Daniel Martínez, del Frente Amplio, quien terminó reconociendo su derrota antes del pronunciamiento oficial del organismo electoral previsto para hoy.
Lacalle Pou tenía apenas 1.2% de ventaja en votos sobre Martínez cuando comenzó el escrutinio secundario: 48.71% a 47.51%.
Lacalle Pou, abogado e hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y la exsenadora Julia Pou. Es el heredero de un movimiento político conocido en Uruguay como “Herrerismo”, por el apellido de su bisabuelo paterno, Luis Alberto de Herrera, quien integró un Ejecutivo colegiado en la década de 1950.
Es el segundo de tres hermanos. Tenía 16 años cuando su padre se convirtió en presidente por el Partido Nacional, al que hoy lidera.
Diputado entre 2000 y 2015, y senador desde 2015 hasta que renunció a su banca para dedicarse a esta campaña, es amante del mar y la naturaleza, y a veces se define como un biólogo “frustrado”.
Casado y padre de tres hijos, Lacalle Pou buscaba por segunda vez la Presidencia tras caer en la segunda vuelta de las elecciones de 2014 ante el actual mandatario, Tabaré Vázquez.
En su programa de gobierno plantea reducir el gasto del Estado para superar el persistente déficit fiscal de 4.9% del PIB que arrastra el país. Entre otras medidas criticadas por el oficialismo, propone reducir la reposición de vacantes en el sector público para bajar erogaciones por hasta 900 millones de dólares en cinco años.
A diferencia de su contrincante, Lacalle Pou prometió durante su campaña que no subirá impuestos porque hay que “aflojarle la cincha” al que produce.
Su primera decisión será enviar al Parlamento una “ley de urgente consideración” con la que pretende adoptar medidas rápidas en 90 días.
Este proyecto busca declarar la “emergencia” de seguridad y liberar la importación de combustible en un país donde una empresa estatal tiene el monopolio y los precios del carburante están entre los más altos del mundo.
