Personal poco competente para entregar las ayudas; falta de un protocolo para atender las quejas; listas tachadas, y discrecionalidad al momento de entregar las bolsas y bonos, forman parte de las 32 anomalías detectadas en el plan Panamá Solidario, luego de una auditoria social que realiza la Comisión de Justicia y Paz y la Contraloría General de la República al programa.
Las fallas se encuentran plasmadas en un informe que elaboró la comisión, documento en el que se informa que, hasta el pasado 15 de julio, habían recibido 78 denuncias ciudadanas sobre supuestas irregularidades en la repartición de bonos, vales y bolsas de comida.
En el informe se advierte que en las giras que hace el equipo de voluntarios de Justicia y Paz, junto a personal de juntas comunales, y del Ministerio de Desarrollo Social, en las distintas provincias, se excluye de las ayudas a casas o edificios con “fachadas bonitas”. Mientras que familias numerosas, y casas convertidas en pequeños cuartos de alquiler solo reciben dos bolsas. Dejan claro que tampoco existe una estadística de la cantidad de personas que no han recibido la ayuda, debido a que algunas juntas comunales elaboran cuadros comparativos entre cantidad de bonos y número de habitantes.
Las sombras del plan solidario
En lo que va de este mes, las denuncias ciudadanas sobre supuestas irregularidades en la repartición de bonos y bolsas de alimentos que distribuye el Gobierno, a través del plan Panamá Solidario, se han duplicado.
Hasta el 15 de julio, la Comisión de Justicia y Paz, organización que junto a la Contraloría adelanta una auditoría social a este programa, contabilizó 78 denuncias. Es decir, hay 43 nuevas denuncias, pues en junio existían 35. Las anomalías se registraron en las provincias de Panamá (22), Chiriquí (22), Panamá Oeste (22) y Coclé (12).
Según detalla un informe de la comisión, al que tuvo acceso este medio, los ciudadanos se quejan de que no les llega la ayuda, que sus denuncias no son escuchadas, y que hay mucha discrecionalidad en la repartición de bonos y bolsas de comida.
Aparte de las quejas ciudadanas, la propia comisión detectó, al menos, 32 irregularidades en las giras que el equipo de voluntarios realiza en diferentes provincias.
En un informe sobre el tema, se detalla, por ejemplo, que no hay un protocolo de atención para los ciudadanos que denuncian irregularidades, pues la mayoría se queja de que llaman a la línea de denuncia 140 reiteradas veces y nadie les responde. Por este hecho, Justicia y Paz pidió información a las autoridades competentes acerca del manejo de las denuncias y quejas que se reportan a ese número de teléfono, pero a la fecha no han obtenido respuesta.
El informe también señala que se desconoce la cantidad de personas que no han recibido la ayuda, debido a que algunas juntas comunales elaboran cuadros comparativos entre cantidad de bonos y número habitantes. “Se han identificado personas afectadas que, luego de ser incorporadas en la base de datos de la entrega del bono, no se les vuelve a entregar la ayuda”, dice el informe.
Se deja por sentado que también se ha observado “discrecionalidad” en el reparto de la asistencia social, pues aunque existe un formato para la entrega de los bonos con el logo de Panamá Solidario, en varias entregas se observan listas diferentes. Se trata de hojas de papel blanco o con rayas, sin logo, numeración, ni nombre del funcionario.
Los voluntarios también exponen que en el proceso de cierre o de devolución de bonos o bolsas no repartidas, se han observado “listas tachadas para hacerlas coincidir con la cantidad de bonos devueltos”.
Añaden que a ello se suma que la cantidad de bolsas o bonos entregadas a los diferentes corregimientos es discrecional y no es coherente con la realidad del número de afectados, ni el número de población que se tiene en cada área. Además, aseguran que se deja por fuera de las ayudas a casas o edificios con “fachadas bonitas”. Mientras que a familias numerosas y en casas convertidas en pequeños cuartos de alquiler, solo se entregan dos bolsas.
Durante este proceso, que se hace de puerta en puerta, los funcionarios, según detalla el informe, incumplen con el distanciamiento (2 metros) que exigen las autoridades de salud para evitar la propagación del virus que provoca la Covid-19, que ha dejado más de mil muertos.
El Telegram
La comisión señala que la aplicación Telegram que usan los funcionarios de las juntas comunales y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para saber si el ciudadano recibe el vale digital, depende de la data del teléfono en donde se descargue.
Algunos funcionarios informaron que no reciben los recursos para el pago de la data. “Esto les resta la posibilidad de verificar si la persona que recibe es elegible para el beneficio”, precisa el informe.
Añade que la aplicación está disponible las 24 horas en el teléfono de los funcionarios. No obstante, la comisión no logró confirmar que la aplicación tenga algún sistema de bloqueo que funcione para evitar que el servidor público pueda ingresar registros fuera del horario y de la localización donde se realiza la entrega. Por ello, plantean que la herramienta “no funciona para generar reporte de entrega diaria a los captadores, que permita validar la entrega de bonos al momento de hacer el cierre o la devolución del día”.
En ese sentido, Justicia y Paz solicitó el acceso a la data para poder contrastar información o verificar, pero hasta el momento no se les ha dado el permiso.
Los gobiernos locales
Desde que arrancó el plan Panamá Solidario, debido a la crisis que vive el país por la pandemia de la Covid-19, las juntas comunales son las que han distribuido las ayudas. Sin embargo, el informe describe que muchas han cerrado o se mantienen en cuarentena por cansancio y por riesgos de contagio.
Aparte de las ayudas que entrega el Gobierno mediante Panamá Solidario, a los gobiernos locales, juntas comunales y alcaldías se le permitió usar el 70% de inversión de los fondos de la descentralización para suplir algunas necesidades de los pobladores de sus comunidades.
El convenio
Para hacer esta auditoría social, la Comisión de Justicia y Paz firmó un convenio con la Contraloría en mayo pasado. La comisión, a través de sus 97 voluntarios, se encarga de recibir las denuncias en primera instancia, y luego las envía a la Contraloría.
