El secretismo en asuntos de carácter público vuelve a aparecer. Esta vez, en torno a contratos concedidos por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. a empresas designadas para hacer las pruebas rápidas de Covid-19 a los viajeros que ingresan al país a través de esta terminal.
Según ejecutivos de la empresa estatal, la información solicitada por La Prensa es “confidencial”.
La Prensa fue insistente con el aeropuerto para obtener la información, pero fue escasa. Alegaron que la directiva –de 2018– de la entidad la declaró confidencial.
Una investigación de este medio revela algunos indicios que conducen hasta personas ligadas a empresas que son blancos de escándalos recientes, y de varias compañías recién creadas que empresarios del sector dicen desconocer.
Desde el pasado 27 de noviembre, La Prensa solicitó información al ministro de Salud, Luis Sucre, sobre la certificación de los laboratorios que operan en Tocumen y de su experiencia en la aplicación de hisopados antígeno, pero no respondió, pese a la insistencia de este medio.
Ayer, la viceministra de Salud, Ivette Berríos, dijo en Telemetro que “cuando se hace este tipo de denuncias, es responsabilidad de la entidad que corresponde hacer una evaluación y la investigación a través del departamento legal”.
Por lo pronto, muchos residentes y turistas se quejan de ser ‘falsos positivos’ de Covid-19 tras las pruebas en el aeropuerto, obligándolos a permanecer en cuarentena en hoteles-hospitales.
Los hilos conductores de una contratación directa
De los más de 65 mil viajeros que han ingresado a Panamá desde la reapertura del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa) –el pasado 12 de octubre– más de 28 mil han tenido que someterse obligatoriamente a pruebas rápidas de Covid-19, a razón de $50 cada una. Una investigación de La Prensa revela que varios de los laboratorios que aplican estas pruebas son empresas de reciente creación y/o desconocidas en el sector.
Según la poca información que Aitsa entregó a La Prensa el 21 de octubre pasado y posteriormente, los laboratorios favorecidos son Clinilab Panamá, Medimed [sic ] y Lasso. Aitsa los describió en un correo como empresas de “gran trayectoria y prestigio nacional”. Pero la investigación de este medio descubrió que personas ligadas a varios de estos laboratorios se vinculan a empresas blanco de escándalos recientes y de dudosa experiencia en el objeto de contratación.
Del 12 de octubre a la fecha, por las pruebas de hisopado (PCR) aplicadas se habrían facturado poco más de $1.4 millones. Por estas pruebas, La Prensa solo ha visto pagos a favor de Jers Medical Panama, Inc, que en su momento, Aitsa no reportó como parte de las empresas favorecidas con la concesión directa para aplicar las pruebas en la terminal aérea.
Por insistencia de La Prensa, Aitsa confirmó el 27 de noviembre pasado que Jers Medical es “uno de los 4 laboratorios instalados en el aeropuerto” para hacer los hisopados. Pero tal admisión no es del todo verdad ni es toda la verdad.
Jers Medical no es un laboratorio, reveló su presidente, Darío Martínez, el 26 de noviembre pasado. Es, en realidad, un proveedor de insumos médicos. Y aunque Aitsa la identificó a finales de noviembre pasado como el cuarto laboratorio que hace los hisopados, en realidad lidera un consorcio llamado Pty Covid Free, al que están asociadas Minimed Corp., VMA Laboratorios S.A., HMG Investment Corp., Ayac Laboratorios Panamá S.A. y Phoenix Farmacéutica Panamá S.A.
El hisopado se aplica obligatoriamente a todo viajero que ingrese al país y carezca o no tenga vigente un certificado de PCR del lugar de procedencia. Si da positivo en la prueba local, el residente o turista es recluido por el Ministerio de Salud (Minsa) en un hotel-hospital durante 14 días. Al séptimo día, el Minsa debe practicar una segunda prueba. Si da negativo, el aislamiento termina.
Hilos conductores
La Prensa investigó las empresas favorecidas por Aitsa, de acuerdo con un correo que envió a La Prensa el 21 de octubre. El laboratorio Central America Health, Inc. –por ejemplo– fue inscrito en el Registro Público el año pasado, el 16 de agosto. Menos de dos meses después –el 1 de octubre de ese año– obtuvo su aviso de operación con el nombre comercial de Clinilab Panamá. En octubre pasado intentó modificar su aviso de operación, pero fue cancelado por “incumplimiento de corrección del aviso de operación… No presentó documentaciones por actividades reguladas”, señaló el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
Sus dignatarios son David Román (presidente); Ricardo Lyma Young (secretario) y Jorge Summons (tesorero). Según la Dirección de Aduanas, la empresa no tiene importaciones desde su creación, pero logró un registro sanitario –vigente hasta noviembre de este año– para distribuir un kit de antígeno de aplicación rápida, pero de baja sensibilidad, para la detección de la Covid-19.
El 6 de abril pasado, Román y Lyma Young entregaron al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, una donación –”a título personal”– de mascarillas, guantes, cubrezapatos y alcohol. La Prensa intentó que Román respondiera cómo la recién creada Clinilab Panamá obtuvo la concesión en el aeropuerto, pero ignoró llamadas, mensajes y correos de este medio desde el pasado 19 de noviembre.
Román y uno de los suscriptores de Central America Health, Inc., Jaime Jácome Vanegas, figuran como vicepresidente y presidente –respectivamente– de la sociedad Inversiones CBP, Corp., en la que, a su vez, Alessadro Cavallera es tesorero.
Cavallera –que también fue donde Lau a donar overoles de bioseguridad el pasado 31 de marzo, seis días antes que Román– era hasta hace poco dignatario de Intermed Consulting Panama, S.A., junto con Rogelio Rodríguez Quintana. Este último, representante legal de la mexicana Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., a la que la CSS le otorgó el cuestionado contrato de $168 millones para almacenar y distribuir medicamentos, en consorcio con PMG Logistic Corp., en la que Rodríguez Quintana actúa como apoderado (ver gráfico).
Intermed Consulting Panama –que desde mayo pasado se denomina Medi Solidario Corp.– estaría vinculada con Phoenix Farmacéutica Panamá, S.A., empresa del consorcio Pty Covid Free que opera en el aeropuerto. En septiembre de 2016, un aviso de operación dejaría al descubierto sus posibles nexos, pues Phoenix Farmacéutica aparecía con el nombre comercial de Intermed Consulting, cuyo representante legal era David Tomassini, quien también fue presidente de Intermed Consulting, hasta mayo pasado.
El aviso de operación fue cancelado ese mismo año, pero en julio de 2017 se inscribió un nuevo aviso de operación con el nombre de Phoenix Farmacéutica Panamá. En esta sociedad –inscrita en agosto de 2016– aparece el mexicano Edgar Jaime Olvera (presidente), identificado como contacto de Intercontinental de Medicamentos. A su vez, el tesorero de Phoenix Farmacéutica, José Lozano, ostenta este mismo cargo en PMG Logistic Corp., mientras que José Coconi es secretario de la sociedad.
PMG Logistic Corp. e Intercontinental de Medicamentos son las empresas a las que la CSS adjudicó un contrato de $168 millones para almacenar y distribuir medicamentos, adjudicación que tras la publicación por este medio fue suspendida (ver: Un costoso saludo de ‘codos’)
Otra empresa favorecida, según Aitsa, es Medimed, inscrita en marzo de 2017 en el Registro Público. Sus dignatarios son Orlando Medina (presidente); José Medina (tesorero) y Mayra Barrera (secretaria). Según su aviso de operación, Medimed inició actividades el 1 de agosto de 2017 con la “venta, mantenimiento y reparación de equipos e insumos médicos”, pero este fue cancelado.
En el Mici aparece otro aviso de operación, de dos meses antes –junio 2017– con un nombre similar: “Medimed & Therapy SSO”, representada por Orlando Medina. Este aviso indica que se dedica a la atención fisioterapéutica a domicilio, servicios de importación y venta al detal de dispositivos médicos a través de pedidos por correo o internet. Nada sobre el laboratorio clínico.
En ambos avisos, Medimed dio una dirección en urbanización Teremar, Juan Díaz. La Prensa fue a esa dirección y resultó ser una casa de aspecto descuidado. Una puerta lateral –cubierta con tela– flanquea a los visitantes. Nadie respondió los insistentes llamados a su puerta (ver foto). La Prensa también se apersonó a la dirección aportada por el tesorero y la secretaria, ubicada en una barriada cercana, pero nadie atendió.
Según la Autoridad de Aduanas, Medimed hizo seis importaciones desde su creación: equipos y accesorios odontológicos. La última, el 14 de septiembre pasado: bombas de vacío y un compresor de aire de uso dental, nada para aplicar pruebas de Covid-19.
De las tres empresas iniciales que mencionó Aitsa, la que más genera dudas entre empresarios del sector y consultados por este medio, es Laboratorios Lasso. La Prensa buscó en el Registro Público y en el Ministerio de Comercio, pero no halló información de éste.
Ante este panorama, las preguntas no eran pocas. Pero Aitsa calificó de “confidencial” la información de estos laboratorios los días 21 y 22 de octubre pasados.
Se desconoce, por ejemplo, los criterios para seleccionarlos o cómo se llegó al precio por prueba aplicada. El gerente de Aitsa dijo en noviembre que la terminal tendría un laboratorio clínico para hacer las pruebas y que habría tres puestos para aplicarlas. ¿Cuál de los tres era el laboratorio o son los tres?
Conexiones
Pasajeros de Estados Unidos, México, Venezuela y Panamá –sin relación entre ellos– mostraron a este medio que el pago por las pruebas estaba a nombre de Jers Medical Panamá, Inc., a pesar de que las pruebas fueron aplicada por Clinilab, revelaron los entrevistados.
El presidente de Jers Medical, Darío Martínez, confirmó que comenzaron a operar en el aeropuerto el pasado 12 de octubre, antes de firmar el contrato de concesión, incluso, antes de constituirse formalmente el consorcio Pty Covid Free. Precisó que es un contrato de tres meses prorrogables, y se ubican en un espacio de 165 metros cuadrados por el que pagan un canon de arrendamiento mensual de $100 el metro cuadrado.
Martínez también dijo que pagarán a Aitsa el 8% de los ingresos brutos que “genere o facture” por las pruebas a los pasajeros. Estos datos son considerados por el gerente general de Aitsa, Raffoul Arab, confidenciales, por lo que se negó a entregarlos a La Prensa.
Martínez evadió responder cómo logró obtener la concesión directa en el aeropuerto. “La forma de contratación –dijo– es una decisión del aeropuerto”. Indicó que cumplieron los requisitos de Aitsa, como tener registro sanitario vigente de Sars Sofía 2, otorgado por el Instituto Conmemorativo Gorgas, y que las pruebas de antígenos “garantizarán un resultado del 96.7% seguro” de sensibilidad, entregables en 15 minutos de incubación a los pasajeros, narró a La Prensa el 26 de noviembre pasado.
Martínez negó tener relación con los laboratorios Clinilab, Medimed y Lasso, a pesar de que, aunque Clinilab aplica pruebas, el cobro por estas lo hace Jers Medical.
En el consorcio que lidera Jers Medical figura HMG Investment Corp., inscrita en mayo de 2003 en el Registro Público. Los trámites de inscripción de esta empresa fueron gestionados por el abogado Luis Acevedo Ureña, vinculado al vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Gaby Carrizo, en varias sociedades.
En septiembre de 2019, el Ministerio de la Presidencia pretendió entregarle más de $500 mil en un contrato directo de publicidad a la empresa Contenidos Digitales, en la que también aparece Acevedo Ureña como agente residente (ver: Presidencia desiste de contratar a una de las cuatro empresas de servicios publicitarios).
¿Confidencial?
La Prensa solicitó a Aitsa desde el pasado 21 de octubre –al amparo de la Ley de Transparencia– información de estos laboratorios y la concesión en la terminal, pero la empresa estatal se negó a dar copia de los contratos. Tampoco respondió por qué no hizo una licitación. Tal como lo exige la ley, La Prensa ese mismo día, pidió a Aitsa la resolución que sustenta la confidencialidad de la información. Aitsa respondió el 22 de octubre pasado que su negativa se sustenta en una resolución de 2018, de “estricto cumplimiento”.
Aitsa sostiene que la resolución la adoptó su directiva. Declaró “cierta información” de acceso restringido, como las actas de directiva y la información de debida diligencia practicada a los concesionarios actuales y futuros, así como a los proponentes de las licitaciones para otorgarles concesiones en la terminal aérea. Pero lo que solicitó La Prensa fue copia de los contratos, nombres de las empresas, alcance de la concesión y su duración.
