En medio de la emergencia por el nuevo coronavirus, la ciudadanía exige cada vez más transparencia en el manejo de los fondos públicos, lo que se traduce en una necesidad cada vez más imperante para el Ejecutivo.
Mientras algunos reclaman informes detallados sobre las compras y que se sancione a los funcionarios que incurran en anomalías, la apuesta de la Dirección General de Contrataciones Públicas es la puesta en vigencia en septiembre próximo de la Ley 153 de 2020, sobre contrataciones públicas.
Estas posturas fueron expuestas ayer en el conversatorio virtual “Contrataciones públicas en tiempo de Covid-19 y la debida transparencia”, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
Carlos Barsallo, miembro de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, reconoció que su aspiración es que la Ley 153 de Contrataciones Públicas sea la solución, pero al mismo tiempo recordó que 15 reformas en 14 años demuestran que la norma es una condición necesaria, pero insuficiente.
“Hay una insatisfacción en que la ley de contrataciones públicas haya alcanzado un nivel óptimo. Siempre están buscando reformas para alcanzar ese nivel óptimo. Esperemos que en esta última instancia se logre con la Ley 153 de 2020, que entrará en vigencia el 8 de septiembre próximo”, manifestó.
Agregó que las nuevas modalidades de corrupción no solo implican, ahora y en el futuro, el “tema burdo” de los sobreprecios. A su juicio, el asunto no es vender a un precio excesivo, sino que unos y otros tengan la oportunidad de participar.
Barsallo también destacó la claridad de la ley respecto a la responsabilidad de los funcionarios ligados a la cadena de adquisiciones. “En nuestra cultura, hemos venido creando la idea de que la responsabilidad se diluye. La ley es bastante clara y señala que los responsables son desde el despacho superior, departamentos de compras, jefes de compras y hay una serie de personas que normalmente pasan desapercibidas, que son los primeros responsables”, dijo.
Alex Sugasty, de la firma de abogados Quijano & Asociados, opinó que una de las bases para promover la transparencia en estos tiempos es que las autoridades brinden informes detallados de sus adquisiciones.
Por otra parte, opinó que la nueva ley podría complicar los procedimientos, porque se redujo de cinco días a tres días el plazo que tienen las empresas para presentar reclamos en los procesos de licitaciones.
Por su lado, el director general de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes, prefirió enfocarse en aspectos novedosos de la norma que comenzarán a implementarse a partir de septiembre próximo, como por ejemplo las compras equitativas de bienes y servicios que serán promocionadas a nivel nacional.
Asimismo, Fuentes destacó que se capacitará a los funcionarios sobre cómo “saber comprar”, entendiendo cuál es la necesidad que tiene la entidad usuaria, cuál es la oferta y cuál la demanda. “Entendiendo esto, es cuando tu puedes salir a hacer un buen procedimiento de compra”, opinó.
También resaltó la necesidad de lograr que las compras menores del Estado sean enfocadas en las micro, pequeñas y medianas empresas locales.
