La carta fechada el pasado 15 de noviembre, dirigida a la magistrada juez Marcia M. Henry y suscrita por James G. McGovern como abogado defensor de Luis Enrique Martinelli Linares, contiene un tesoro de observaciones y aportes valiosos para entender la evolución de este caso.
El documento, de ocho páginas y 3,724 palabras de extensión, está estructurado como una solicitud para obtener una fianza en favor de Martinelli Linares, quien fue extraditado a Estados Unidos el mismo día que su abogado entregó la nota a la juez. Aunque la carta no tuvo el efecto deseado, porque se negó la fianza, constituye la primera versión que, desde la perspectiva del acusado, se conoce en este caso.
Lo primero que se establece para registro histórico es el nombre del caso: “United States v. Luis Enrique Martinelli Linares, 21 Cr. 65 (RJD)”. Eufemísticamente, el documento contiene la expresión “Panama Government Official” para referirse al alto funcionario del gobierno de Panamá entre los años 2009-2014 y que es “familiar cercano” del acusado. A pesar de esos tecnicismos, la carta es una justificación y una imploración a favor del defendido.
Los antecedentes expuestos
McGovern explica que la investigación a su cliente se deriva del proceso seguido a la constructora Odebrecht, que sobornó autoridades de 12 países por un monto de $788 millones de dólares, para obtener beneficios mal habidos por $3,336 millones. (Esta relación de $4.23 de beneficio por cada dólar de soborno debería ser muy llamativa para los investigadores panameños, ya que Odebrecht obtuvo en Panamá más de $9,000 millones en contratos).
A renglón seguido, menciona lo que se anticipa será su caballito de batalla: la comparación con un CEO de una subsidiaria de Odebrecht, Jose Carlos Grubisich, para justificar la fianza (y una eventual sentencia condenatoria mínima) para Martinelli Linares.
El abogado defensor explica que su cliente y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares han sido investigados en Panamá y Estados Unidos, como intermediarios del esquema de corrupción. Se detalla que desde el año 2018 hasta junio de 2020, los hermanos (entonces con un asesor legal distinto) estuvieron negociando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, antes de partir intempestivamente a las Bahamas, de donde intentaron infructuosamente llegar a Panamá, pero, por las restricciones sanitarias impuestas en plena pandemia de la Covid-19, no pudieron ingresar al país y su avión tuvo que aterrizar primero en Costa Rica y luego en El Salvador. En El Salvador, utilizan el servicio de Uber para llegar hasta la frontera con Guatemala.
En la página 3 de la carta se explica que en abril de 2021, estando detenidos en Guatemala desde el 6 de julio de 2020, reiniciaron sus contactos con el gobierno de Estados Unidos, para lo cual contrataron al exfiscal y actual abogado defensor McGovern. Esto quiere decir que ya para el mes de abril de este año, todas las partes involucradas en la defensa de estos jóvenes empresarios tenían claramente definido que su destino era la extradición y que la clave era conseguir la mejor negociación.
En su relato, McGovern detalla que, como parte de las negociaciones, se acordó con el gobierno de Estados Unidos que los hermanos se declararían culpables de un solo delito de conspiración para lavar dinero y que entregarían $19 millones en fondos ubicados en Suiza, “que sería extremadamente difícil” para el gobierno de Estados Unidos obtener sin la cooperación de los acusados.
Es importante aclarar que estos $19 millones, en principio, no corresponden a los $22 millones congelados por Suiza de los sobornos presuntamente pagados por Odebrecht. Sin embargo, la existencia de estos otros fondos requiere que el Estado panameño refuerce la investigación en este tema, por si acaso hay más dineros en Suiza o en otras partes, desconocidos para las autoridades panameñas.
El contenido de la negociación
En la página cuatro, en la sección denominada Mr. Martinelli’s Proposed Conditions of Pre-Sentencing Release (condición del señor Martinelli para obtener libertad antes de ser sentenciado), se explica que la intención de Luis Enrique Martinelli Linares es declararse culpable por un solo delito y que, de acuerdo con casos similares, se le condene a un término equivalente a los 16 meses que pasó encerrado en Guatemala. En otras palabras, McGovern propone que su defendido no pase un día en la cárcel en Estados Unidos, ya que su intención es hacer el acuerdo de pena. McGovern quiere evitar a toda costa un juicio por jurado en Nueva York. Tal juicio requeriría de testimonios y de la exposición detallada de las conductas investigadas por los fiscales, lo que pudiera acarrear serias consecuencias para su cliente.
En una descripción de fábula, en la página 5 de su carta, McGovern escribe que no hay riesgo de fuga de su defendido por lo que debe recibir la fianza, dado que en Panamá no tendría “inmunidad” (ignorando que su cliente siempre ha reclamado que es un diputado suplente del Parlacen) y que: “He faces long-pending and related criminal charges in Panama, and would extinguish a colorable opportunity to secure Panamanian double jeopardy protection…”, lo que significa que Luis Enrique Martinelli Linares enfrentaría causas penales pendientes en Panamá y perdería la protección contra el doble juzgamiento de la legislación panameña.
En este último aspecto, es necesario aclarar que el caso Odebrecht de Nueva York es por presuntos delitos cometidos en Estados Unidos, mientras que el de Panamá es por presuntos delitos en esta jurisdicción. Penalmente hablando, un juicio en un país no precluye el del otro país.
En la conclusión contenida al final de la página 7 y en toda la página 8, McGovern insiste en el planteamiento de reconocimiento de culpabilidad de un solo delito y de que el siguiente paso procesal sería la audiencia para confirmar el acuerdo. En el documento no se habla de cooperación para confirmar la participación de otros actores en esta trama corrupta. Esto usualmente se reserva para después, pero por lo menos se insinúa, y en este caso el abogado McGovern lo evita por completo.
Un baile de elefantes
El hecho de que después de siete meses de contactos continuos entre la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares y la fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York, esta última no le indicara a la magistrada Marcia Henry que efectivamente se estaban dando estas negociaciones con resultados positivos, no debe ser interpretado como un rechazo a lo planteado por la defensa. Es probable que la fiscalía esté esperando a que llegue el segundo hermano para concretar su oferta. En este caso, la fiscalía tiene a su disposición la mano más ventajosa, ya que si se niega al acuerdo de pena, puede llevar a los dos hermanos a juicio. Eso lo sabe McGovern y, por tanto, su oferta es la más elemental para crear espacio para negociar.
Al entregar $19 millones al fisco estadounidense, se busca eliminar una de las condiciones de los delitos financieros: la ganancia. Esto seguramente ayudará con las penas, pero no queda claro todavía por qué el Departamento de Justicia y su fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York (Brooklyn) tienen que negociar un acuerdo de pena por un solo delito, cuando la acusación de Luis Enrique es por cinco cargos; la de Ricardo Alberto, es por tres.
Además, la existencia de un encausamiento sellado con presuntamente hasta 12 nombres puede ser la carta más letal de este proceso. El abogado McGovern sabe que si ese encauzamiento sellado se abre, los hermanos podrían tener que cooperar con la justicia. El factor clave es el tiempo: cuanto más rápido se llegue al acuerdo de pena, menor es el riesgo de que tengan que optar entre cooperar o callarse.
La V Enmienda de la Constitución de Estados Unidos solo protege a la persona contra su autoincriminación, no así la de familiares, como sí dice el artículo 25 de la Constitución Política de Panamá. El texto constitucional estadounidense dice en esta materia que, entre otras condiciones, ninguna persona: “...será forzada a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal…”
El Estado panameño debe tener observadores en este proceso por múltiples razones, ya que, independientemente del resultado, se trata de la reputación de Panamá y del posible provecho obtenido por presuntos actos de corrupción con las contrataciones públicas panameñas.
La propuesta de declararse culpable por un delito de conspiración para lavar dinero representa una confesión muy seria, debido a que el blanqueo no es un delito autónomo, por lo que debe tener un delito precedente que genere el dinero sucio que debe ser lavado. Ese posible delito sería el soborno transnacional pagado por la constructora Odebrecht. Panamá no puede cometer el error del caso Lavítola en Italia, en el cual el Estado no tuvo representación adecuada por un tiempo clave y perdió muchas oportunidades de recuperar fondos para el país y de obtener evidencias de actos de corrupción.
El Estado panameño debe contar con la asesoría especializada de firmas de abogados estadounidenses para este caso. Es importante tener en cuenta que Hogan Lovells, que actualmente asesora al gobierno de Panamá en las negociaciones con la empresa Minera Panamá, es la misma firma a la cual pertenece el abogado defensor de Luis Enrique Martinelli Linares, el exfiscal McGovern.
La firma de abogados Kaplan, Hecker & Fink será la encargada de defender a Ricardo Alberto Martinelli Linares en este proceso. Eso significa, que otra carta contará esta historia.
