Pese a que el presidente de la República Laurentino Cortizo recientemente sancionó una ley que le permite a los municipios del país mantener sus planillas, aún faltan varios pasos para que puedan contar con ese recurso. Lo que sí es evidente es que la pandemia producto de la Covid-19 impactó la burocracia estatal de los gobiernos locales.
Alcaldías del país están haciendo malabares para hacer frente a los gastos de funcionamiento, que incluye la planilla. A ello se suma la drástica caída de los ingresos por la poca recaudación municipal.
El Municipio de Panamá, el más grande del país, registró una caída del 85% en sus ingresos. Por día recaudaba medio millón de dólares; ahora solo logra $25 mil. En abril de 2019, por ejemplo, recaudó $8.3 millones, mientras que en abril de este año, con la crisis de por medio, recaudó $1.2 millón.
Algunas medidas
Llegó un momento en que los municipios consideraron hacer despidos masivos. De hecho, le pusieron un ultimátum al Ejecutivo. Si no les daba una alternativa para seguir funcionando, suspenderían operaciones. El pasado 20 de abril, en un comunicado, la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) anunció que “la caída de impuestos municipales estaba en un rango del 60% al 90 % , lo que afectaría seriamente a los más de 12 mil servidores municipales a nivel nacional”.
Mientras llegaba la respuesta del Gobierno, la estrategia puesta en marcha por algunos alcaldes fue variopinta: licencias sin sueldos, reducción de salarios y entrega de bonos.
Una de las decisiones más ruidosas fue la que tomó Ángel Barrios, alcalde de Las Tablas, quien la semana pasada informó que otorgó licencias sin sueldo a 70 funcionarios debido a la situación económica. Ese municipio cuenta con al menos 120 empleados. Barrios explicó que las licencias serán por cinco meses.
En el Municipio de Penonomé, Coclé, también se tomaron previsiones. Paula González, quien dirige esa comuna, se redujo el salario en 50%, al igual que el de todo el personal.
Mientras que Julio Vivies, alcalde de Montijo, en la provincia de Veraguas, y presidente de Amupa, contó a este medio que el 30% del personal fue enviado a su casa. A todos se les redujo el salario en 50%. Aseguró que una vez puedan contar con fondos para pagar la planilla, los reincorporará.
Mientras que Samid Sandoval, alcalde de Santiago, también en Veraguas, narró que envió a casa a buena parte de sus colaboradores y les dio un bono de $100. A los que se quedaron laborando se les redujo el salario en 50%. “Fue una decisión dura... a cerca de 300 empleados le dimos una licencia sin sueldo por dos meses, que vence al final de este mes, pero se siguió pagando la cuota obrero patronal del colaborador y se les garantizó un bono de 100 dólares”, explicó. Añadió que a los pocos funcionarios que se quedaron -unos 35-, se les redujo el salario a la mitad. “Esta es una dura situación para municipios como este, que no son subsidiados por el Estado”, manifestó.
Planteó que en la medida en que el Gobierno le permita operar a los distintos sectores, él irá reicorporando personal.
En cambio, en Colón, no ha habido reducciones de salarios ni licencias, aunque el alcalde Alex Lee, que además preside la Asociación de Alcaldes de Panamá, explicó que tenía presupuesto para cubrir la planilla hasta el 15 de mayo, debido a que las recaudaciones en esa comuna habían bajado a un 95%.
Ahora, con la aprobación a los cambios de la Ley 37 de 2009 de Descentralización, podrán usar los fondos del programa de Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) para usarlos en gastos de funcionamiento.
Una de las medidas que tomó Lee fue la planteada por el Ministerio de Salud de enviar a sus casas a las personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas, contó uno de sus asesores.
En el Municipio de Panamá, el alcalde José Luis Fábrega tampoco ha reducido salarios.
La ley nueva
El presidente de la República sancionó el pasado 15 de mayo la Ley 155, que modifica la Ley 37 de 2009 sobre descentralización, y permite a los gobiernos locales usar los fondos del Impuesto de Bienes Inmueble destinados para funcionamiento.
Originalmente, el IBI estaba destinado a obras.
Los cambios a la norma también le dan potestad a los gobiernos locales para contratar “mano de obra” para hacer labores específicas, durante y después de la emergencia nacional.
Sin embargo, los fondos del IBI solo podrán usarse para el pago de planilla durante este año.
Antes de que estos recursos -que serán entregados trimestralmente- sean usados por los gobiernos locales, se debe reglamentar la Ley 155 de 2020.
Los alcaldes deberán aprobar, por acuerdo municipal, cómo serán usados estos fondos.
De los 81 municipios que existen en el país, 64 son subsidiados por el Estado. Los 17 restantes logran, en gran medida, recaudar sus ingresos. En ese sentido, Sandoval dijo que son los municipios no subsidiados los que más afectados están por la pandemia, ya que dependen de las recaudaciones.
La encuesta
En 2016, año en que entró a regir la Ley 37 de 2009 sobre Descentralización, la Procuraduría de la Administración, ente involucrado en la capacitación de los gobiernos locales sobre el manejo de los fondos descentralizados, elaboró una encuesta, que, entre otras cosas, advierte que hay poco esfuerzo fiscal por parte de los municipios para mejorar los servicios de renta y catastro, y eso se refleja en la recaudación.
La encuesta reveló que solo el 22% o 17 de los municipios no subsidiados, se han preocupado por actualizar su catastro de tierra. Mientras que el 78%, (entonces Panamá tenía 60 municipios) no había mostrado interés en mejorar este aspecto para aumentar sus ingresos tributarios.