La Procuraduría General de la Nación, a cargo de Eduardo Ulloa, se prepara para retomar el próximo lunes 18 de mayo los procesos que quedaron paralizados desde el 19 de marzo pasado, cuando fue decretada la suspensión de los términos judiciales debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
La reapertura de las labores se determinó según el Acuerdo 161 del pleno de la Corte Suprema de Justicia, del 30 de abril pasado
Pese al escenario que trajo consigo la pandemia, en el Ministerio Público (MP) informaron que las fiscales han estado activas con los casos ligados a la crisis.
Plan de acción
Pero ahora, con la fecha de reapertura cada vez más cerca, se empiezan a organizar los equipos de trabajo para retomar las diligencias que estaban en agenda antes de la pandemia.
Para ello, cada despacho está elaborando un plan de acción para avanzar en cada una de las investigaciones que tiene y así evacuar diligencias y continuar el curso de los procesos.
Odebrecht
Entre los casos que deben reactivarse figura, por ejemplo, el de los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá para hacerse con millonarios contratos. El pasado 12 de marzo, la Fiscalía Especial Anticorrupción impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país al médico Jaime Lasso, quien en el pasado se proclamó como “lobista” de Odebrecht. Lasso también debe notificarse una vez más al mes ante las autoridades.
De acuerdo con la pesquisa, a través de distintas sociedades ligadas a Lasso la constructora brasileña dio, al menos, $10 millones al Partido Panameñista, colectivo político al que pertenece el expresidente Juan Carlos Varela, (2014-2019).
Se estima que como parte de esta investigación serán llamadas a declarar ante la fiscalía otras figuras vinculadas con el Partido Panameñista .
Los de Martinelli
También están en agenda las pesquisas en las que se vincula al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
En el Ministerio Público informaron que se trata de seis casos que les remitió la Corte Suprema de Justicia, después de que el expresidente renunciara a ser diputado del Parlamento Centroamericano (junio de 2018).
Se trata de los casos por supuesta irregularidades en el cobro de impuesto a a través de Cobranzas del Istmo S.A.; la denuncia interpuesta por Aurelio Camaño por presuntas anomalías en la venta de tierras en Veraguas; la denuncia por otorgar indultos a personas condenadas y procesadas por delitos comunes.
Asimismo, el caso de supuestas irregularidades en el otorgamiento de un préstamo de la Caja de Ahorros; el de presuntas anomalías en la compra de comida deshidratada; y la denuncia que interpuso la Superintendencia del Mercado de Valores por el supuesto uso de información privilegiada para la compra de acciones de la empresa Petaquilla Minerals a través de la casa extinta de valores Financial Pacific.
El papel de EU
Una nota de Thomas Heinemann, consejero de la Oficina de Asuntos Extranjeros del Departamento de Estado de Estados Unidos, despejó el camino para investigar al expresidente de Panamá por los casos arriba mencionados. En la carta, del 12 de diciembre de 2019, Heinemann informó al Ministerio Público que Panamá es libre de llevar a juicio a Martinelli sin obtener una exención al Principio de Especialidad de parte de Estados Unidos.
Esto, a raíz de que ese principio contemplado en el tratado de extradición suscrito por ambos países en 1904 no aplicaría en adelante, porque al exmandatario se le ha permitido viajar fuera de Panamá desde el 15 de septiembre pasado.
La posición de Heinemann incluso fue ratificada por personal de la embajada de EU en Panamá. A raíz de ello, el procurador Ulloa puso en conocimiento a los fiscales superiores de la nota. Esto, con el propósito de que empezaran a investigar.
La Prensa preguntó ayer al Ministerio Público a qué fiscales le fueron asignados estos casos, pero no se proporcionó información al respecto.
Quien sí habló fue el abogado Ronier Ortiz, del equipo legal del exgobernante.
Reiteró que Panamá es suscriptor de tratados y convenios internacionales y entre esos está el tratado de extradición de 1904, que establece la extradición de Panamá con Estados Unidos y, según Ortiz, uno de los principios básicos de ese tratado es el de especialidad.
Para Ortiz, Martinelli entró Panamá bajo ese principio, que la Corte “no respetó”. “Todo lo que están haciendo (en el MP), para mí como abogado, es un pataleo de ahogado, porque fue extraditado por un solo delito [espionaje político] y fue juzgado y salió no culpable”, manifestó.
Otros procesos
Las fiscalías anticorrupción también deben retomar otros casos de alto perfil en los que se investiga delitos contra la administración pública, corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, entre otros.
Allí se cuentan los casos Pandeportes, Blue Apple, Juntas Comunales, FCC y New Business, entre otros.
Bioseguridad y modo virtual
Una vez se retomen los tiempos judiciales, los distintos despachos judiciales prometieron aplicar estrictas medidas de bioseguridad para evitar nuevos contagios de coronavirus.
También seguirán recurriendo al teletrabajo en los casos que así lo permitan. Además, informaron que tendrán horarios especiales con jornadas semipresenciales, y algunas audiencias se desarrollarán a través de video, como se han hecho en los últimos dos meses.
