Panamá tiene muchos servidores públicos valientes que defienden los intereses del país y cumplen a cabalidad con su función. No tienen cargos glamorosos, ni privilegios o prerrogativas, y usualmente carecen de auto con chofer. Sus nombres, las más de las veces, están en el anonimato.
Dos trabajadoras sociales, Chanita Chamarra y María Victoria Pomar, fueron destituidas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), por haber elaborado un informe en el que se denunciaban terribles atrocidades en los albergues del área metropolitana de Panamá, Tocumen y el Refugio Vida Libre de Las Garzas. Estos despidos se dieron meses atrás porque el documento incomodaba a la burocracia. Ahora, un informe de la Asamblea Nacional, preparado luego de seis meses de investigaciones, confirma las infamias cometidas contra decenas de menores de edad, incluyendo personas con discapacidad.
Reportes periodísticos del sitio digital Foco y de Ohigginis Arcia, de La Prensa, con fecha del 16 de septiembre de 2020, revelaron la fase inicial de este escándalo. Entre tanta miseria y poco importa de la burocracia se destacaba el heroísmo de las trabajadoras sociales Chamarra y Pomar. Sus relatos se referían a una pequeña muestra de los 54 albergues que a nivel nacional reciben niños, niñas y adolescentes para la “protección” de la Senniaf. Los albergues están lastrados por todo tipo de carencias, desde recursos humanos, asistencia médica, apoyo psicológico y entorno educativo; hasta cargan con una suerte de fanatismo religioso de algunos de sus operadores, que prefirieron los rezos a los medicamentos.
Otra trabajadora social que fue despedida, Nancy González, trabajaba en Veraguas, en una pequeña oficina, desde la cual se atendían cuatro provincias y una comarca. Allí botaron a dos trabajadoras sociales y a dos psicólogos; además, prácticamente la oficina de San Miguelito de la Senniaf no es operativa. ¿Botaron a este personal para hacer nombramientos políticos?
El Ministerio Público (MP) giró oficios a la Asamblea Nacional, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Senniaf para que aporten información sobre las denuncias de abuso físico, sexuales y psicológicos en albergues bajo responsabilidad del Estado. El MP anunció el viernes una investigación de oficio por estas denuncias. Fuentes de la entidad informaron que se trataría de otra investigación, ya que desde el año pasado se adelantan dos casos sobre albergues.
Es cierto que la Senniaf tiene un presupuesto de solo 6 millones 155 mil 954 dólares para el año actual (una cantidad que se ha mantenido constante por varios años). Todos los conocedores del tema han reiterado que ese dinero no es suficiente, que el personal es escaso y que una buena parte de los albergues merece otro nombre: el de infiernos para sus víctimas. ¿Quiénes son esos olvidados? Son niños, niñas y adolescentes que vivían en la calle; otros que fueron “rescatados” de sus familias por violencia o agresión sexual; unos más son los hijos de la crónica roja y del maldito machismo que hizo que el padre o padrastro matara a su madre, y, por supuesto, están los menores que fueron abandonados porque sus familias ni saben ni tienen cómo atender sus enfermedades mentales o alguna discapacidad. Esos fueron los que la sociedad panameña convirtió en carne de cañón de depredadores sexuales, fanáticos religiosos o gente que simplemente no tenía la capacidad para esto.
Estos menores de edad no aparecen en la lista de prioridades de los políticos que han gobernado este país. No aparecen en sus radares porque no dan votos y no son influencers con muchos seguidores. Tampoco hay diputados que en la Comisión de Presupuesto disparen una arenga para pedir más fondos para atender con dignidad a estos menores. Además, seguramente el poco dinero asignado a los albergues llega tarde, se cae entre las grietas de refrendo de la Contraloría o se traspapela entre las carpetas del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Alguien sabe si estos más de 900 niños y niñas desayunaron hoy? ¿Dónde y cómo durmieron? ¿Quién los cuidará esta noche para que no los violen, los torturen, los amarren a la cama o les digan que recen porque no hay comida o medicina?
Las trabajadoras sociales Chanita Chamarra y María Victoria Pomar hicieron su trabajo y perdieron sus puestos por ello. ¿Qué han hecho el procurador general Eduardo Ulloa; el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, o la ministra del Mides, María Inés Castillo? Lo reportado por La Prensa debió servir seis meses atrás como noticia criminis para detener estas atrocidades. En ese tiempo, ¿cuántos niños y niñas han sido ultrajados? ¿A cuántos se les pudo salvar?
No hay excusa para haber permitido y seguir permitiendo esta brutalidad. Si esto está pasando con los albergues de menores, ¿qué estará pasando en los albergues de adultos mayores?. Como no se trata del matrimonio igualitario, parece que los grupos pro familia se han quedado callados. ¿Dónde está la reacción de los fundamentalistas antiabortistas, por la denuncia de un aborto provocado a una menor de edad? Aquí no puede haber más impunidad ni poco importa. Este tiene que ser el punto final de la cultura de la irresponsabilidad burocrática. Esa mentalidad de funcionarios que se escudan en el anonimato y en la colectividad del silencio cómplice, es lo que animó a los peores regímenes de la historia, incluyendo a los nazis. Ahora sabemos qué tan perverso podemos ser los panameños. Gracias a Chamarra y Pomar, hoy sabemos esa verdad.
