El amparo de garantías que presentó el Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia para adversar las fianzas (de $2 millones para cada uno) otorgadas a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, por el caso Odebrecht, cuestiona el hecho de que el Segundo Tribunal de Justicia no tuvo en cuenta planteamientos que había emitido antes en el mismo proceso.
Por ejemplo, no se valoró esta vez la desatención de los imputados, la gravedad del delito (presunto blanqueo de capitales), la conducta evasiva, la capacidad de borrar rastros al grado que hasta hoy se desconoce su paradero actual, el peligro de destrucción de pruebas, el no poseer residencia fija en el territorio nacional y la capacidad económica para incurrir en fuga.
Tania Sterling, fiscal superior anticorrupción, que redactó el recurso, recordó que Odebrecht habría hecho “pagos ilícitos” a los hijos del expresidente en el periodo 2009- 2014, e incluso antes.
Los Martinelli ‘nunca enfrentaron el caso’
El amparo de garantías constitucionales presentado por la fiscal anticorrupción Tania Sterling contra la fianza para no ser detenidos en el caso Odebrecht otorgada el pasado 6 de marzo a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, de $2 millones a cada uno, advierte que los magistrados del Segundo Tribunal Superior se fundamentaron en “conjeturas” para concederles ese beneficio.
La fiscal se refiere a la magistrada María De Lourdes Estrada y a su colega José Hoo Justiniani, de quienes, dijo, no expusieron las razones de derecho en que fundamentaron su decisión.
Sterling, quien forma parte de la Fiscalía Especial Anticorrupción, despacho que adelanta la pesquisa, advirtió que los magistrados contradicen argumentos emitidos en cinco fallos anteriores por el propio tribunal y el Juzgado Duodécimo de lo Penal, que les habían rechazado esa fianza.
Planteó que la situación procesal de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) no ha variado. Recordó que sobre los dos hermanos pesa una orden de detención con fines de extradición, no solo por la investigación de Odebrecht, sino por el caso Blue Apple.
El fallo, dijo la fiscal anticorrupción, deja “más dudas que respuestas”. Esto, a raíz de que los magistrados exponen en el sentencia que “no existe peligro de fuga” ni “peligro de destrucción de pruebas”, planteamiento que, de acuerdo con la fiscalía, contradice sentencias anteriores del tribunal que plantean, justamente, lo contrario.
El fallo que concedió la fianza a los Martinelli Linares dice también que “son panameños, mantienen arraigo en la ciudad de Panamá”, y afirma que no hay evidencias de que una vez consignen la fianza puedan poner en riesgo los demás elementos afines a la investigación, pues el caso es de 2017 y ha evolucionado “considerablemente con relación al hecho que los vincula”.
Sterling refutó la afirmación del tribunal de que los hijos de Martinelli “mantienen arraigo en Panamá”, al argumentar que ambos tienen más de seis años de estar fuera del país y en tres de esos años han estado imputados por la causa. Añadió que no han regresado en ese tiempo al país, “desvinculándose totalmente de sus obligaciones”.
“Los Martinelli Linares nunca enfrentaron el proceso, razón por la cual la fiscalía solicitó su extradición”, afirmó la fiscal, quien también detalló que el Segundo Tribunal de Justicia violó el artículo 32 de la Constitución, que consagra la garantía fundamental del debido proceso, así como el artículo 20 de la Carta Magna, que establece que “los panameños y los extranjeros son iguales ante la ley”.
Vínculos
Entre los argumentos presentados por Sterling que presuntamente demuestran el vínculo de los hermanos Martinelli Linares con la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, figura la declaración de André Rabello, exsuperintendente de la constructora brasileña Odebrecht en Panamá.
El exejecutivo de la constructora reveló, entre otras cosas, que realizó millonarios pagos a los hijos del expresidente Martinelli para que agilizaran trámites de facturas y sortearan obstáculos administrativos en los contratos de obras públicas que tenía la compañía en Panamá. Todo ello, valiéndose del poder que tenían por ser los hijos del entonces presidente de la República. De hecho, el trato entre Odebrecht y los Martinelli Linares, de acuerdo con Rabello, se gestó antes del 1 de julio de 2009, cuando Martinelli aún no había tomado posesión del cargo pero ya era presidente electo.
La confesión de Rabello salió a relucir el 9 de noviembre de 2017, cuando el Juzgado Duodécimo Penal, a cargo de Óscar Carrasquilla, validó tres acuerdos de colaboración entre la Fiscalía Especial Anticorrupción y Odebrecht.
Sterling también recordó que los hermanos se “sirvieron de sociedades en diversas jurisdicciones para aperturar cuentas que recibieron dinero ilícito procedente de las sociedades Kadair Investment Ltd, Fordel International y Aragon Finance Corp, todas controladas por Odebrecht”.
El amparo fue presentado el pasado miércoles.
