La exprocuradora de Ricardo Martinelli Ana Belfon –quien representa al abogado Janio Lescure– ha interpuesto a nombre de su cliente una querella penal en contra del director asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, tras publicaciones de este medio el año pasado sobre las confesiones que hizo su cliente a espías israelíes en torno al pago de supuestos sobornos a funcionarios y magistrados en Panamá.
Las publicaciones pusieron al descubierto las confesiones del abogado a un presunto empresario ruso que pretendía establecerse en Panamá en actividades vinculadas con la prostitución, aunque todo fue un escenario montado para extraerle información a Lescure, quien de forma voluntaria narró cómo podía extorsionar y cómo ya lo había hecho para influenciar sobre decisiones judiciales de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La Prensa obtuvo copia de extractos de los audios que, desde su publicación, pueden escucharse en YouTube. Estas grabaciones fueron realizadas en Madrid (España), a donde Lescure viajó en dos ocasiones para entrevistarse con el presunto empresario ruso, a quien Lescure le contaba sobre su nivel de influencia en la Corte.
Lescure es investigado por el Ministerio Público, pero, al mismo tiempo, contrató a la exprocuradora de Martinelli para querellar al periodista que publicó las grabaciones que revelan una presunta red de corrupción al más alto nivel. Belfon y su cliente pretenden que un juez de garantías ordene hoy a este medio bajar las grabaciones de todas las plataformas (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y de su base de datos pública) para que nadie más los escuche.
Además, Belfon y su cliente pretenden una condena por delitos contra el honor (calumnia e injuria) en contra de Rodríguez, a pesar de que lo revelado –y que ahora quieren que desaparezca– está basado en las declaraciones voluntarias que Lescure dio en España, cuando trataba de asegurarse a quien él creía un potencial cliente.
Todo ello consta en las grabaciones que este medio obtuvo más de un año después de que Lescure habló a los detectives privados israelíes, autores de las grabaciones, tras ser contratados por un empresario panameño que sospechaba que Lescure estaba influyendo en decisiones judiciales en un pleito que mantenía con algunos clientes de Lescure.
Sobre la exigencia de Lescure de que el medio retire de todas sus plataformas las grabaciones que él hizo voluntariamente a sus potenciales clientes, juristas consultados por este medio indicaron que si ya la jurisprudencia interamericana ha decidido que es legal la publicación de material proveniente de otros medios, no cabe una cautelar que, precisamente, contradiga dicho principio legal.
Ello, porque parte de esas grabaciones fueron divulgadas con anterioridad por un medio español –a principios de 2019– y que La Prensa por entonces reseñó. Meses después, este medio obtuvo copia de los audios divulgados previamente en España y que ahora Lescure pretende que se eliminen.
Las fuentes también indicaron que una medida cautelar de censura de un medio de comunicación –que es lo que sería el retiro de las grabaciones– es inconstitucional porque equivale a censura previa, algo prohibido por la Constitución.
“La publicación en internet se considera una publicación continua, por lo que si la noticia es vieja y la mandan a cambiar, se afecta la lectoría de la noticia en el futuro, lo que equivale a censura previa. Esto seria similar a que se ordenara recoger todos los diarios impresos en las fechas de la publicación y se ordenara a La Prensa cortarle la página donde se publicó el artículo.
Otro abogado que este medio consultó sobre las pretensiones de censura de Lescure sostiene que la medida cautelar que este solicita es “el equivalente de prohibirle a un medio de comunicación que publique una nota”.
Agregó que “una orden en ese sentido sería violatoria del derecho de información que tiene la sociedad, y que cumplen los medios, en este caso, La Prensa”.
“Ese derecho –explicó el abogado– requiere de mayor protección que el derecho a la honra que reclama [el abogado] Janio Lescure. Ante la tensión entre los derechos particulares y derechos como el de libertad de expresión y libertad de prensa, los intereses particulares deben ceder a los intereses públicos”.
