En momentos en que los tentáculos de la narcopolítica genera ruido en los poderes del Estado y los perfiles de los grupos del crimen organizado se diversifican, finalmente se dio el primer paso para la discusión del proyecto de ley 625, que establece la figura de la extinción de dominio.
Diez meses después de que el ministro de Seguridad, Juan Pino, llevó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, la Comisión de Gobierno desempolvó el documento y creó una subcomisión que lo analizará. Sin embargo, el designado para presidir esa subcomisión, el diputado Roberto Ábrego, no estuvo ayer en la sesión.
Pero, Pino cree que existe la disposición de avalar el proyecto. “A muchos no les gusta esta ley, vamos a pisar callo fuerte, pero sabemos que esta ley se necesita en Panamá”, dijo.
El Observatorio Ciudadano de Corrupción de las Américas presentó una serie de recomendaciones, como agregar artículos para aplicar la extinción de dominio a los bienes de los familiares y sociedades beneficiadas por un funcionario investigado por enriquecimiento ilícito.
‘Vamos a pisar callo’, dijo el ministro Pino
El proyecto de ley 625, que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos en el país, dio ayer el primer paso en lo que se prevé como un largo y extenuante trámite legislativo.
La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó enviar la propuesta de ley a una subcomisión para su evaluación y análisis.
La iniciativa, presentada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad Pública, en abril de 2021, será analizada por una subcomisión presidida por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Roberto Ábrego.
Lo acompañarán el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, también del PRD, y el independiente Juan Diego Vásquez.
Durante la sesión de ayer no se estableció el periodo de tiempo que tendrán los tres diputados para entregar un informe sobre la materia.
Sin embargo, el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, es optimista. Consideró que los diputados tienen la disposición de que la iniciativa sea ley de la República. “Hay mucha gente que no quiere esta ley, vamos a pisar callo fuerte, pero sabemos que esta ley se necesita en Panamá”, manifestó.
Pino aseguró que es evidente que se da un golpe fuerte a la economía de muchas personas que están involucradas en actividades ilícitas. “El poder que tiene el crimen organizado para corromper y lograr su cometido es muy grande”, sostuvo, y agregó que Panamá “aún está a tiempo” para implementar una ley de este tipo, la cual se convertiría en otro brazo clave para combatir el crimen organizado.
En la comisión, los diputados dieron cortesía de sala a abogados, exfiscales y funcionarios para que presentaran consideraciones sobre el tema. José Abel Almengor, exmagistrado y exfiscal de Drogas, opinó que la legislación debe ser sometida a “amplio debate”.
Refutó argumentos que indican que la ley afectaría la propiedad privada, ya que esta, si es obtenida con fondos ilícitos, no está protegida por la Constitución.
“Es un tema álgido, pero hay que venir a discutirlo... esta herramienta debe ser sometida a consideración de los diputados y de la sociedad en general”, expresó.
Luego de su intervención, el diputado Vásquez lo invitó a que fuera más puntual con sus observaciones y que, de ser posible, presentara de forma escrita las recomendaciones. “Este es un debate completo, largo y extenso”, dijo Vásquez.
Por otro lado, el exfiscal electoral Boris Barrios tomó la palabra para decir que la legislación propuesta recae mucho en instituciones de justicia que actualmente se encuentran “saturadas”.
Advirtió que de no darse las modificaciones correspondientes al proyecto, este podría caer en vicios de inconstitucionalidad por ciertos temas.
A su vez, la fiscal de Cuentas, Waleska Hormechea, subió al podio para manifestar que se debe pasar una legislación con “normativa completa”.
Su argumento se basa en que el proyecto de ley se debe ampliar para aplicar una jurisdicción autónoma.
Hormechea también fue clara con aquellos que alegan que la extinción de dominio se usaría como herramienta de persecución política. “No están inventando el agua tibia”, dijo. “Si la persona no tiene ningún vicio de actos de corrupción o actos ilícitos, no debe tener ningún temor”, agregó.
A su juicio, es un proyecto de ley positivo para Panamá. “No hemos podido mostrar sentencias ejemplares en casos de blanqueo de capitales”, sostuvo, y de paso recordó que es una iniciativa importante para la imagen del país a nivel internacional.
Las recomendaciones
Mientras tanto, las organizaciones que en Panamá conforman el Observatorio Ciudadano de Corrupción de las Américas (OCC-Panamá), que coordina la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, dieron a conocer un documento con una serie de recomendaciones para el proyecto de ley.
Por ejemplo, proponen adecuar la actuación de los fiscales al procedimiento legal y adaptar la norma para que la extinción de dominio corresponda a la jurisdicción civil, pues consideran que existe la figura del comiso a nivel penal.
Además, sugieren listar los delitos en los que cabe la figura para incluir los de lesa humanidad, a raíz del aumento del crimen organizado internacional que involucra la trata de personas, delitos de corrupción de menores y delitos contra el medio ambiente.
Las organizaciones también proponen agregar artículos que permitan aplicar la extinción de dominio a los bienes de los familiares, socios y sociedades de beneficiadas por un funcionario o exfuncionario investigado por enriquecimiento ilícito.
Por último advierten que es importante legislar para evitar que la ley se preste para intimidar, coaccionar a activistas, periodistas y opositores políticos.
