Las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional estuvieron activas ayer, antes de la sesión ordinaria del pleno.
En la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Adolescencia y la Familia fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 569, que establece un régimen de protección integral a la niña, niño y adolescente.
La ministra y viceministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo y Milagros Ramos, respectivamente, asistieron a la sesión y destacaron la importancia de esta iniciativa de ley que, dijeron, fue ampliamente consensuada con la sociedad civil,
En tanto, en la Comisión de Presupuesto se aprobaron traslados de partidas a la Caja del Seguro Social (CSS), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Presidencia de la República, entre otras entidades.
El director de la CSS, Enrique Lau Cortés, respondió a una extensa lista de preguntas de los diputados.
A su vez, la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, que preside la diputada Petita Ayarza, creó subcomisiones para analizar propuestas relacionadas con los recursos hídricos y el Ministerio de Ambiente.
Avanzan proyectos de ley para protección a la niñez
La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate dos proyectos de ley –números 569 y 567– relacionados con la protección integral de la niñez.
La primera de esas iniciativas (569) establece un régimen de protección integral de la niña, niño y adolescente, mientras que el segundo proyecto (567) estipula una política pública para el reconocimiento y protección de los derechos humanos de este grupo de la población.
La presidenta de la comisión, Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), explicó que ambos proyectos están relacionados y que contemplan modificaciones a las normas penales que buscan proteger la niñez.
Por su lado, la vicepresidenta de la instancia, Kayra Harding, también del PRD, dijo se trata de dos proyectos “muy importantes”, con los que se busca garantizar la protección de los menores.
En lo que respecta al proyecto 569, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, calificó su aprobación en primer debate como un hecho histórico y aseguró se trata de un proyecto de ley ampliamente consensuado.
Reconoció que la creación de un régimen de protección de este tipo es una deuda histórica con el país.
Sobre el proyecto 567, dijo que plantea el cambio de un régimen tutelar a un régimen de derechos humanos. Además, en su marco jurídico contempla la articulación administrativa.
Algunos de los puntos que toca el proyecto en cuanto a legislación penal incluyen nuevas competencias de los tribunales de niñez y jueces de paz.
Concluidos los debates de ambas normas, los miembros de la comisión dijeron esperar que el pleno de la Asamblea los priorice y les de segundo debate pronto.
Traslados aprobados
Por otro lado, en la Comisión de Presupuesto, el director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, sustentó durante más de dos horas seis traslados de partidas por $18 millones 495 mil 212, que finalmente fueron aprobados.
Según Lau Cortes los traslados de partidas “obedecen a una reducción que tuvo la CSS en su presupuesto por $143 millones... si no hubiésemos recibido esta reducción, no estaríamos aquí”.
El grueso de los traslados, por $12 millones, corresponden a renglones de gastos para la cancelación de facturación de servicios básicos y para adquirir elementos como cobertores, pañales y otros materiales de mantenimiento del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.
Otros traslados solicitados por la CSS, por montos menores, corresponden a presupuestos para alquileres, atender indemnizaciones de trabajadores y pensiones varias, entre otros.
El periodo de preguntas y respuestas fue extenso, pues la mayoría de los diputados aprovechó para preguntar por proyectos específicos en los circuitos a los que representan.
Fue el caso, por ejemplo, de la diputada Fátima Agrazal (Cambio Democrático), quien le preguntó a Lau Cortés sobre la posible construcción de un hospital en Santiago de Veraguas. La respuesta fue directa: “no está en los planes”. Agrazal votó en contra de todos los traslados que solicitó la CSS.
Mientras tanto, otros diputados felicitaron a Lau Cortés por su labor en la pandemia, sobre todo por el proceso de vacunación. Alejandro Castillero (PRD), lo felicitó por la “exitosa” vacunación en barrido que se llevó a cabo en Chitré.
Al dar inicio a la sesión, el vicepresidente de la comisión, Raúl Pineda, calificó a Lau Cortés como uno de los “operadores del país que más efectivo ha tenido como reaccionar ante esta pandemia”. Lo felicitó a él, al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; al presidente Laurentino Cortizo y al vicepresidente José Gabriel Carrizo.
Cuentas pendientes
Durante su comparecencia ante la Comisión, Lau Cortés informó que la CSS impuso una multa de $25 mil al partido político Cambio Democrático por morosidad en el pago de cuotas.
Indicó que una auditoría determinó que la deuda de $422 mil 596 corresponde al periodo de enero de 2010 a octubre de 2015.
El tema fue traído a la mesa por la diputada de ese partido Yanibel Ábrego, quien es ahora adversaria de Rómulo Roux, presidente de CD. Pidió se implementen “todas las acciones legales para cobrar” y manifestó que considera una buena parte de la directiva de su partido “no tiene moral” para sentarse en la mesa del diálogo por la CSS.
En la tarde, la junta directiva del partido emitió un comunicado, en el que calificó de “injuriosos y desafortunados” los comentarios de Ábrego y aseguró que “miente” por razones políticas.
En el comunicado, se aclaró, además, que durante dicho periodo el presidente y representante legal de la junta directiva era Ricardo Martinelli Berrocal.
Recursos hídricos
Mientras tanto, la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, que preside la diputada del PRD Petita Ayarza, decidió crear una subcomisión para ampliar y analizar la discusión del proyecto de ley 170, que regula la gestión integrada de recursos hídricos.
La subcomisión, presidida por el diputado Néstor Guardia e integrada por Arquesio Arias y la propia Ayarza, todos del PRD, tendrá plazo de seis meses para evaluar la propuestas y posteriormente remitir un informe a la comisión.
