Buena parte de los países de América Latina tienen leyes que castigan el conflicto de interés. La de Chile, por ejemplo, obliga a los congresistas a abstenerse de votar por asuntos en los que tengan intereses, o sus familiares. La de Argentina, impide a los funcionarios a contratar a familiares en las instituciones que laboran. Y así, la lista de ejemplos se extiende.
Panamá no tiene una ley que sancione esta práctica. Un proyecto de ley sobre el tema está en lista de espera en el Legislativo. En julio pasado, el proyecto de ley 329 que “regula el conflicto de interés en el sector público”, fue aprobado en primer debate. Su proponente, el diputado independiente Gabriel Silva, explicó ayer que después del primer debate el documento ha sido objeto de análisis en una “mesa técnica”, discusión en la que participaron diputados y representantes de distintos organismos del Estado. Otro debate, pero fuera del debate oficial.
Ahora todo depende de la voluntad de la bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que por estos días tiene los ojos puestos en los cambios al Código Electoral, y en reducir las tasas a los intereses bancarios.
“Ya las mesas terminaron y se dieron las sugerencias, falta el segundo debate”, aseguró ayer el diputado independiente, un día después de que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunciara la separación del cargo de Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang, quienes fungían como director nacional de Epidemiología y jefa regional de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), respectivamente. Esto, a raíz de que están involucrados en un caso de conflictos de interés: son directivos de A&L Medic, S.A., empresa que realizaba las pruebas de hisopado a las personas que viajan a las islas del Pacífico panameño.
La propuesta
El proyecto de ley 329 tiene 43 artículos en 52 páginas. Crea una “Oficina Especializada de Conflicto de Intereses”, e incluye la definición de conflictos de interés Además, legisla sobre la actuación, reglas de conducta, prohibiciones, obligaciones e incompatibilidades de los funcionarios de altos cargos, incluyendo los diputados.
La Contraloría, de acuerdo con el proyecto, será la competente para la gestión de incompatibilidades, y para eso la norma le da seis funciones. Una de ellas es la de elaborar un informe sobre el cumplimiento de la norma que debe presentar cada seis meses a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Cada año, la Antai tendrá que publicar ese informe, así como las infracciones que se hayan cometido y las sanciones impuestas. La Antai también tendrá la tarea de investigar a los funcionarios y, si el proceso deriva en reponsabilidades administrativas o penales, el caso deberá ser trasladado a la entidad competente.
En el periodo 2014-2019, la entonces diputada Ana Matilde Gómez presentó un proyecto similar; sin embargo, el mismo no fue tomado en cuenta.
La promesa
En campaña, el hoy presidente de la República, Laurentino Cortizo, se comprometió a presentar, durante el primer año de su mandato, un proyecto de ley para erradicar el conflicto de interés de la gestión pública. Dos años después de estar en el cargo, ese acto no se ha concretado.
Mientras que en la Antai aseguraron ayer que en la Gaceta Oficial está por publicarse una resolución que instruye a todos los servidores públicos a cursar y aprobar los cursos de la Academia Virtual de Ética y Transparencia, en un plazo de 120 días a partir de su promulgación.
En abril pasado, la Dirección General de Contrataciones Públicas publicó el Código de Ética de la Contratación Pública, que define y rechaza conductas como conflictos de interés.
