Un día como hoy, hace 10 años, la democracia y la rendición de cuentas en Panamá se anotaron una importante victoria. Finalmente, y tras una lucha de dos años, la entonces presidenta Mireya Moscoso sancionó la Ley de Transparencia que poco después se convertiría en un modelo a seguir para los países de Latinoamérica.
Convencido de que la democracia panameña necesitaba que sus funcionarios rindieran cuentas claras y de que los ciudadanos tenían derecho a conocer los detalles de la cosa pública, el entonces presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI-Panamá) Fernando Berguido impulsó y lideró una iniciativa para que se reconociera el derecho a cualquier persona de acceder a la información pública desde el día que dio inicio a su gestión (2000-05) al frente del organismo.
En este momento en el que la constante es la lucha por información pública entre gobernantes, comunicadores sociales y ciudadanos, Berguido –quien luego estaría al frente de La Prensa (2004-11)– recuerda el sufrido camino que tuvo que recorrer el proyecto antes de ser aprobado, sus interioridades y su actualidad.
Su lucha por la aprobación del proyecto de transparencia por parte del Gobierno empezó en el año 2000 y la sanción se dio en 2002. ¿Costó mucho lograr su aprobación?
Apenas asumí la presidencia de TI-Panamá, en febrero de 2000, me pareció que el mejor aporte que podíamos hacer era el de lograr una ley que garantizara el derecho a conocer la información oficial. Encontraba inconcebible que en democracia los funcionarios pensaran que no había obligación de rendir cuentas por lo que gastaban o hacían, o que sencillamente ignoraran las solicitudes de periodistas. La presidenta Moscoso estaba recién elegida y su plan de gobierno contenía varias iniciativas para combatir la corrupción, así que nos agarramos de sus promesas electorales. Sin embargo, [lograr la aprobación] demoró dos años en un camino bastante accidentado.
¿La expresidenta Mireya Moscoso (1999-2004) entendía la importancia de su iniciativa o su sanción respondió a otras causas?
Es una paradoja completa. La ley fue sancionada por quien siempre evitó que fuera aprobada y, una vez sancionada, se convirtió en su primera gran enemiga. A mediados de 2000 ya teníamos listo un anteproyecto de ley que habíamos denominado “Derecho a la libertad de información derivada de fuentes públicas y el hábeas data” el cual le entregamos para que considerara el Gabinete y luego el Ejecutivo lo sometiera a la Asamblea.
En ese entonces todavía Bobby Eisenmann y Mario Galindo asesoraban a la Presidenta y ambos acogieron con entusiasmo la iniciativa. La Presidenta nombró una comisión para que estudiara el anteproyecto. En algún lugar guardo el registro de las veces que nos reunimos para afinar el anteproyecto hasta que estuvo pulido. Pero la verdad es que el documento jamás fue presentado al Gabinete; era obvio que nos estaba dando largas. Es más, por esos días el Ministerio de Economía y Finanzas adoptó un reglamento que declaraba “confidencial” gran parte de la información de dicho ministerio, o sea, nada menos que las ¡finanzas públicas!
Nosotros continuamos empujando el anteproyecto en distintos foros y fuimos sumando apoyo, como el que recibimos de Apede y la Defensoría del Pueblo. Fue vital el apoyo de Juan Antonio Tejada y Guido Rodríguez de la Defensoría, y Carlos E. González y Enrique de Obarrio, de Apede.
¿Quién presentó entonces el proyecto de ley?
En 2001 Moscoso perdió la tenue mayoría legislativa, luego de que el PRD y el Partido Popular se unieran por primera vez. Como parte del pacto entre ambos partidos se comprometieron ante el público a presentar –entre otras cosas– una ley de acceso a la información. Rubén Arosemena, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, nos pidió el anteproyecto que llevaba ya año y medio dando vueltas.
Así que termina siendo la oposición –que controlaba el Legislativo– la que presenta el documento a la Comisión de Gobierno, presidida entonces por Jerry Wilson. El legislador [José] Blandón, por su parte, también presenta por esos días un anteproyecto sobre el recurso de hábeas data. Ambos anteproyectos fueron fusionados y en diciembre de 2001 es aprobado unánimemente por la Asamblea Nacional con la que hoy se conoce como la Ley de Transparencia.
¿Cómo pasa Moscoso a la historia en este tema?
Era muy probable que la expresidenta terminara vetándolo, especialmente cuando corrían los días y no se sancionaba. Pero entonces estalló el escándalo del Cemis y en medio de la consternación nacional por lo que ha sido uno de los peores episodios de corrupción, la mandataria se vio obligada a promulgar la ley. Pero la dicha fue corta. Seguidamente aprobó una “reglamentación” mediante decreto ejecutivo que lo que hacía era decapitar la ley. Fue una violación abierta a la Constitución Nacional que contó con el vergonzoso aval de la Corte Suprema.
Y Torrijos, que derogó el reglamento.
Efectivamente, Martín Torrijos, al llegar a la Presidencia, derogó el decreto ejecutivo luego de que públicamente se comprometiera a ello en las elecciones.
¿Qué modelo usó usted para la redacción de la Ley de Transparencia?
Primeramente buscamos el Freedom of Information Law de Estados Unidos de 1966, pero era virtualmente imposible utilizarlo como modelo por las diferencias abismales entre ambos sistemas jurídicos. Junto con el Dr. Rodrigo Noriega, buscamos otros modelos en la región y nos llevamos otra gran sorpresa. Ni un solo país en toda América Latina contaba entonces con este tipo de legislación, así que empezamos a redactar de cero. Creo importante compartir con los lectores el hecho de que, efectivamente, con todos nuestros tropiezos, la ley panameña, al menos en papel, fue la primera ley en Latinoamérica. La nuestra y la que en México impulsó el presidente [Vicente] Fox iniciaron una corriente que, 10 años después, encuentra a casi todos los países de la región con leyes de acceso a la información, siendo Brasil y Colombia los más recientes.
¿Qué gobierno ha cumplido a cabalidad con la Ley de Transparencia? ¿El de Moscoso, el de Torrijos, el de Martinelli o ninguno?
A cabalidad, ninguno. Luego de la administración Moscoso, los que le han seguido entienden muy bien la ley cuando están en la oposición y durante los primeros seis meses de gobierno, principalmente para dar información sobre las administraciones anteriores. Luego, les molesta que los periodistas pidan información.
¿Cómo describiría usted el cumplimiento de la ley por parte del actual gobierno?
No quiero generalizar porque es justo reconocer que, poco a poco, se ha ido cambiando esa cultura del hermetismo por una de mayor apertura en muchos funcionarios. Pero es vergonzoso ver cómo tantos servidores públicos que manejan los grandes proyectos del Estado consideran que no están obligados a informar. Y cuando digo informar no me refiero a la propaganda de las obras, sino a rendir cuentas por lo que se pregunta, por lo que exactamente se están gastando, por la escogencia de los contratistas, las adendas, los sobreprecios. El MOP, por ejemplo, antes y ahora, es un caso perfecto para ilustrar el abuso del poder en cuanto a la información pública. Le hacen publicidad al proyecto y tienen tiempo para hablar de todas las bondades, pero nos esconden los detalles importantes, se demoran en entregar la documentación mientras adelantan la obra para que esté lista para las siguientes elecciones y sea un “hecho cumplido”, y lo peor, descalifican al que pide la información.
Hoy, 10 años después de sancionada la Ley de Transparencia, ¿se siente satisfecho con su cumplimiento?
Definitivamente que ha habido avances importantes, pero nos falta mucho, mucho, no solo de la parte oficial, sino de parte de los ciudadanos a quienes todavía nos toca adoptar la Ley de Transparencia como propia y acostumbrarnos a demandar información y exigir cuentas en todo aquello que nos interese o afecte, desde los temas de barrios y en los corregimientos hasta las grandes obras del Estado.
Recientemente el diario La Prensa publicó un informe en el que se daba cuenta de que la mayoría de las instituciones no cumplen o cumplen a medias con la obligación de divulgar en las páginas web oficiales información pública como planilla, contratos y gastos. ¿Qué opinión le merece eso?
Cuando finalmente los tribunales sancionen al primer par de funcionarios, veremos cómo se esfuerzan por actualizar sus sitios.
¿La Ley de Transparencia necesita una reforma para que las solicitudes de información se resuelvan más expeditamente o lo que se necesita es simplemente que los funcionarios cumplan con lo que dice actualmente la ley?
No creo que haya que reformarla, hay que hacerla cumplir y sancionar ejemplarmente para que la respeten. ¿Sabe que la ley contempla como sanción la destitución del cargo a quien no entregue la información?
¿Qué le respondería usted a los gobernantes que niegan información alegando que hay morbo por parte de los medios o que la información, por ser sensitiva y de seguridad, no se puede publicar? ¿Dónde delimitaría usted esa línea entre lo que es información de interés público y la que es realmente sensitiva?
Bastante se debatió sobre el tema y la ley establece los límites, expresamente se pusieron las excepciones. Todo lo demás, todo, es público y debe entregársele al que lo pida.
¿Ya volvió a Panamá o sigue en Harvard?
Terminé la parte académica en Harvard, pero me mantendré fuera de Panamá todavía, en parte para continuar mi tratamiento médico [leucemia] y porque me estaré uniendo a un par de iniciativas que se están adelantando a nivel internacional que guardan relación con la lucha contra la corrupción.
¿De qué se tratan esas iniciativas?
Hace un tiempo se viene adelantando un movimiento que busca ampliar la jurisdicción internacional a nuevas conductas. Dos de ellas para mí tienen especial significado y me han invitado a unirme a ellas. Una busca que los delitos de corrupción en casos muy particulares puedan ser juzgados por instancias supranacionales. La otra, que es un movimiento más concreto, pretende que quienes destruyan un patrimonio que pertenece a la humanidad, con absoluto conocimiento de lo que destruyen, sean también llamados a responder a instancias internacionales, toda vez que se trata de bienes que le pertenecen a la humanidad.
¿Cómo ve un panameño como usted, que pasa más tiempo en el extranjero que en Panamá, el desempeño generalizado del gobierno de Ricardo Martinelli?
Una verdadera tragedia. Me contaban las cosas que estaban pasando y me costaba creerlo hasta que llegué. Es como si el país se estuviera desintegrando. ¿Dónde están las instituciones llamadas a controlar el poder y la arbitrariedad? Me pregunto, por ejemplo, si los diputados, funcionarios elegidos democráticamente, ¿están conscientes de la catástrofe en ciernes y que son ellos la primera línea de defensa de la democracia? ¿La Corte entenderá a tiempo que es imperioso controlar al Ejecutivo antes de que colapse el sistema democrático? Igual los gremios y la sociedad organizada. Es hora de dedicarle tiempo y valentía al tema político y a los valores democráticos.
PERFIL
Es abogado y tiene una maestría en derecho, como Fullbright, de UCLA. Fue presidente de Transparencia Internacional y miembro de la Comisión de la Verdad. Fue además presidente de Corporación La Prensa y director de ´La Prensa´. En 2010 Harvard lo eligió como Nieman Fellow.
