Un país donde la Constitución y las leyes garantizan la libertad de culto y prohíbe la discriminación basada en religión, pero no es equitativo al momento de distribuir los subsidios estatales y, cuando de fondos públicos se trata, el trato preferencial lo tiene la religión católica.
Son algunas de las consideraciones sobre Panamá en el último informe sobre libertad religiosa preparado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Aunque el informe es de 2019, fue dado a conocer en 2020.
El informe destaca, incluso, la partida que el gobierno de Panamá, entonces liderado por Juan Carlos Varela (2014-2019), invirtió en la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrolló en enero de 2019: $44 millones.
El documento de 10 páginas hace una radiografía demográfica de las religiones en el istmo. De los aproximadamente 4.3 millones de habitantes, el 69.7% es católico y el 18%, evangélico. También se hace mención a los judíos y musulmanes, con 15 mil y 14 mil adeptos, respectivamente.
Narra que un líder de la comunidad chiita musulmana contó que se concentran principalmente en la capital, Colón y Penonomé (Coclé), con grupos más pequeños en David (Chiriquí) y Santiago (Veraguas). “La comunidad musulmana incluye musulmanes chiitas, principalmente de origen libanés, y musulmanes sunitas, principalmente de origen árabe y paquistaní”, explica el documento.
De los pueblos indígenas, dice que la práctica Ibeorgun predomina en la comarca Guna Yala, y que los Mama Tata y los Mama Chi prevalecen en las comunidades Ngäbe Buglé y Emberá.
Cuando ahonda en el marco legal de las religiones, el informe recuerda que la Constitución reconoce el catolicismo como la religión de la mayoría de los ciudadanos, pero que no la designa como la religión del Estado.
También dice que la ley establece que los ingresos provenientes de actividades religiosas están exentos de impuestos, siempre que se recauden a través de actividades propias de las iglesias.
De acuerdo con el documento, un integrante de la embajada estadounidense en Panamá conversó con un funcionario del Ministerio de Educación sobre los fondos que da el Gobierno a las comunidades religiosas. Este le dijo que las escuelas no católicas recibían la misma consideración que las católicas y que si se da un mayor número de subsidios a estas últimas, es porque son más. Sin embargo, en la embajada también entrevistaron a otros grupos, que les dijeron que el Gobierno da un trato preferencial a los colegios católicos.
Durante la administración de Varela, hicieron ruido los aportes que el Ejecutivo entregó al Colegio Javier, el alma mater del entonces mandatario y de varios altos miembros de ese gobierno. Solo entre 2014 y 2017, este colegio perteneciente a la comunidad jesuita recibió por lo menos $188 mil de la partida discrecional.
La administración de Laurentino Cortizo no se ha destacado por hacer aportes de este tipo, pero sí ha destinado partidas para remodelar iglesias católicas en comunidades del país.
No reportan casos de discriminación religiosa. El documento dice que la última queja sobre el tema se dio en 2017, cuando un rastafari denunció que no se le permitió entrar a su escuela debido a las trenzas que lucía.
Sí menciona la usual práctica de iniciar actos públicos de importante envergadura con invocaciones religiosas a cargo del clero católico. Pone como ejemplo la apertura de los periodos y sesiones de la Asamblea Nacional.
Pero también destaca que líderes de todas las religiones participan en actividades públicas. Habla del papel del Instituto Interreligioso de Panamá, un comité que promueve el respeto entre las diversas comunidades, compuesto por representantes de las iglesias católica, ortodoxa griega, ortodoxa rusa, episcopal, metodista, luterana y otras protestantes. También lo integran el Ejército de Salvación, la Congregación Islámica de Colón, los Bahá'í, la congregación judía Kol Shearith y la congregación budista Soka Gakkai.
Mirada local
La psicóloga Celia Moreno, miembro de la Red de Derechos Humanos de Panamá, considera que en el país no hay “verdadera” libertad religiosa, porque no se le enseña a la gente la diversidad.
“¿Qué significa eso? Que cuando ven otra religión la critican o piensan que es superstición, o simplemente que la persona es mala porque no es católica o no es cristiana. Piensan que la moral solamente es cristiana. Si piensan eso, entonces la mitad del mundo no tiene moral. Esto es absurdo. La moral es laica, es secular y existió mucho antes de que existiera la religión cristiana”, remarcó Moreno.
Sobre si en Panamá hay discriminación por religión, Moreno dijo que la exclusión, por ejemplo, a “los yoruba [o santeros] y a los budistas” surge de “la ignorancia”, pero se discrimina “mucho más” a los ateos y a agnósticos, porque se les “etiqueta de malos, lujuriosos o libertinos”. “Evidentemente, un ateo o un agnóstico tiene una moral, solamente que no está basada en la cristiana, sino en la secular. Los derechos humanos están basados en la moral secular, que se basa en la sobrevivencia. Para crear civilizaciones y desarrollarse hay que respetar ciertas normas, para hacer contratos, para vivir en sociedad hay que respetar las normas de no matar, no robar. También está basada en la acumulación de experiencia social, en las neuronas espejos, que nos dan empatía y solidaridad, lo que hace que se fijen ciertas normas morales”, dijo.
Por último, plantea que la clave para evitar la segregación por asuntos religiosos está en la educación. “Habría que educar a las personas en lo que son las diferentes religiones, lo que enseñan, y [enseñar] el respeto hacia las personas que practican otra religión. Tú no puedes estar en un bus predicando, porque no sabes si en ese bus hay gente de otra religión y tienes que respetarla. No puedes decirle a todo el mundo en un salón de clases: ‘vamos a rezar’, si tú no sabes si en ese salón hay personas de otras religiones: judíos, taoístas, budistas o ateos”, puntualizó.