El procurador encargado Javier Caraballo se opone al anteproyecto de ley 325, que busca limitar a seis meses los tiempos para las investigaciones preliminares del Ministerio Público (MP).

Caraballo advirtió que aprobar esta iniciativa, que en los próximos días será discutida en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, sería “cercenar la posibilidad de los fiscales de investigar en un tiempo oportuno” y llevaría al “traste” las aspiraciones de justicia que tiene la sociedad.

Aseguró que “la limitación del periodo de investigación opera en contra de la certeza del castigo en la mayoría de los casos” y abre la puerta a la “impunidad”. La reacción del procurador se dio ayer en la Comisión de Presupuesto, mientras sustentaba un traslado de partida por $6.5 millones para el funcionamiento del MP.

El pasado 8 de abril, entró a la Comisión de Gobierno el anteproyecto de ley 325, presentado por los abogados Moisés Bartlett Quiel y José Pittí Sánchez, que modifica el artículo 271 del Código Procesal Penal, para establecer seis meses como límite para que el MP concluya la investigación preliminar. No es la primera vez que en el país se intenta limitar las investigaciones del MP. Hace seis años se planteó lo mismo con el proyecto 214, denominado “ley blindaje”.

Comisión prepara discusión de proyecto que limita al MP

El pasado 8 de abril, entró a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional una iniciativa legislativa que limita a seis meses el periodo para las investigaciones preliminares del Ministerio Público (MP).

Se trata del anteproyecto de ley 325, que espera su primer debate. La propuesta, que surgió de una iniciativa ciudadana impulsada por los abogados penalistas Moisés Bartlett Quiel y José Pittí Sánchez, encontró ayer su primer tropiezo.

El rechazo a esta iniciativa, está encabezada por el procurador encargado de la Nación, Javier Caraballo, quien adelantó que el Ministerio Público “no está de acuerdo”.

La propuesta

El anteproyecto de ley consta de tres artículos y establece, por ejemplo, modificar el artículo 271 del Código Procesal Penal, así: “el Ministerio Público contará con un término de hasta seis meses para culminar la fase de investigación preliminar contados a partir de la admisión de la denuncia o querella. Culminado dicho término, queda obligado a proceder con lo establecido por el artículo 275 o en su defecto, a la formulación de la imputación conforme a lo dispuesto por el artículo 281”.

El artículo 275 del Código Procesal Penal establece el archivo provisional de las investigaciones penales. “El fiscal puede disponer el archivo del caso, motivando las razones, si no ha podido individualizar al autor o partícipe, o es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción. En este caso, se podrá reabrir la investigación si con posterioridad surgen elementos que permitan identificar a los autores o partícipes”.

En su momento, el abogado Bartlett explicó que la iniciativa se presentó porque actualmente la norma no establece un periodo determinado para la fase de la investigación preliminar, lo que, a su juicio, representa una violación de derechos humanos a las personas que son objeto de una investigación penal.

Posición y debate

Pero a criterio del procurador Caraballo, limitar a seis meses el periodo en que el Ministerio Público puede adelantar una investigación “independientemente de si ha afectado el derecho o no de las personas indiciadas, hace que en todos aquellos casos complejos de criminalidad organizada, de blanqueo de capitales y de corrupción, el tiempo sea tan corto, que la posibilidad de impunidad se eleve de manera inmediata”.

Dijo que si bien es cierto que parte de los problemas que tiene la administración de justicia y la investigación de los delitos es la “mora”, hay otras medidas que se pueden tomar para resolver el asunto.

“Debemos evitar el cercenar la posibilidad de los fiscales de investigar en un tiempo oportuno y perentorio a seis meses, lo cual a nuestro criterio llevaría al traste con las aspiraciones de justicia que tiene la sociedad”, enfatizó.

Fue el diputado perredista y presidente de la Comisión de Gobierno, Crispiano Adames, quien le insistió al procurador que le adelantara el criterio del Ministerio Público, pues en los próximos días la iniciativa será llevada al escrutinio de la comisión legislativa.

Al igual que el procurador, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, advirtió que la propuesta representa un claro esfuerzo por “impedir” o “poner al MP una camisa de fuerza en la investigación criminal”.

“Pareciera una iniciativa del crimen organizado que pretende la impunidad, cercenando la labor del MP. Es favorecer al crimen organizado. Flaco favor le hacemos a la justicia aprobando un proyecto como este”, dijo.

El pasado

En 2015, también desde la Asamblea Nacional, se intentó pasar el proyecto 214, denominado ley blindaje, que planteaba un plazo de dos meses antes de la formulación de la imputación y dos meses posteriores, para concluir con la instrucción del sumario en las investigaciones a diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República.

Sin embargo, el Ejecutivo, en ese entonces, en manos de Juan Carlos Varela, vetó la propuesta, debido a que se establecían “plazos limitativos y en todo caso discriminatorios”, pues para el resto de la sociedad el plazo es de seis meses prorrogables.

Aminta Bustamante

Reportera Política.