El 15 de octubre de 2021, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal dijo a los periodistas que le daba mucha “alegría” que sus dos hijos (entonces detenidos en Guatemala) fueran extraditados a Estados Unidos, “ya que quien no la debe, no la teme”.
“Yo quisiera que mis hijos fueran lo más rápido posible a Estados Unidos, porque ellos tienen que demostrar su inocencia allá”, agregó.
Dos meses después, la realidad es otra.
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron finalmente entregados a Estados Unidos (hace cinco días y un mes, respectivamente) y ya confesaron que, en efecto, conspiraron para recibir $28 millones en sobornos de la constructora Odebrecht para beneficio de un antiguo “alto oficial del gobierno de Panamá”, entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, periodo que coincide, en su mayoría, con todo el mandato presidencial de Martinelli Berrocal. También se comprometieron a entregar $18.9 millones, que fue la cantidad que transitó por el sistema financiero estadounidense.
Aunque la identidad de ese “alto oficial” se mantiene en secreto, se sabe que es pariente cercano de Ricardo Alberto y Luis Enrique. La fiscalía del Distrito Este de Nueva York (Brooklyn) entregó más información sobre este personaje, el pasado 15 de noviembre. El documento se mantiene sellado, de momento.
Luis Enrique, de 39 años de edad, se declaró culpable el 2 de diciembre pasado. Ricardo Alberto, de 42, hizo lo propio ayer, en una audiencia ante el juez Raymond Dearie. No obstante, Ricardo Alberto conocerá su sentencia primero, el 13 de mayo. Luis Enrique escuchará la suya una semana después, el día 20. El acuerdo no permite apelaciones. Por lo pronto, ambos están en el centro de detenciones metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Brooklyn, sin derecho a fianza, por “alto riesgo de fuga”.
El fiscal Breon Peace dijo que “los hermanos Martinelli Linares admitieron haber establecido cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en países extranjeros y en Estados Unidos, para disfrazar cerca de $30 millones en el pago de sobornos de Odebrecht a uno de sus cercanos familiares, funcionario público de alto rango en Panamá ”.
Agregó que “gracias a los tenaces esfuerzos del Departamento de Justicia, esta oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, los acusados ahora han tenido que rendir cuentas por su esquema de corrupción”.
“Ricardo y Luis Martinelli Linares jugaron roles integrales en el esquema corrupto para canalizar sobornos de Odebrecht a un alto funcionario del gobierno panameño”, acotó Peace.
Ayer, en la sala...
En la audiencia de este martes, la fiscalía pidió una condena de 108 a 135 meses de prisión. El juez advirtió que tomará en cuenta la guía de sentencias aprobada por el Congreso de Estados Unidos (que por el cargo de conspiración para lavar, habla de 20 años de prisión, más tres años de libertad supervisada), la propuesta de la fiscalía y el informe del Buró de Prisiones. En todo caso, Dearie anunció que la condena no será superior a 151 meses de prisión. Si excede esa cantidad, entonces sí sería apelable. Lo mismo aplicaría para Luis Enrique, a quien el juez ya le explicó todo esto en la audiencia del 2 de diciembre pasado.
Como no son residentes permanentes en Estados Unidos, serán deportados una vez cumplan su condena.
Ricardo Alberto se presentó vistiendo el uniforme de prisionero, de color beige. El juez le preguntó si sabía lo que significaba la palabra “conspirar”.
“Sí. Conspirar es que yo me ponga de acuerdo con otros, para violar la ley de Estados Unidos”, respondió en inglés.
“Muy bien. A plus”, señaló Dearie.
Poco antes de que iniciara la audiencia, en el pasillo que conduce a la sala del juez Dearie, hubo una discusión entre la fiscalía, encabezada por Alixandra Smith, y el equipo de abogados que representa a Martinelli Linares, que lidera Sean Hecker. El motivo de la discusión era la solicitud de fianza a favor del acusado. La defensa insistió que su cliente estaba ahí “voluntariamente”. La fiscal Smith replicó que hay riesgo de fuga y mencionó el empeño del acusado para que se le reconozca como diputado suplente del Parlacen. Smith, incluso, recordó que cuando los Martinelli Linares se evadieron de Estados Unidos, en junio de 2020, ingresaron a Guatemala por la frontera terrestre con El Salvador, utilizando unas credenciales inválidas del Parlacen.
Fianza de $5 millones
La defensa había propuesto a Dearie una fianza de $5 millones; también pidió un sentencia expedita y que se le reconozcan los 17 meses que permaneció en una prisión en Guatemala, antes de ser extraditado a Estados Unidos. De ese modo, según el planteamiento de la defensa, ya habría cumplido la pena en prisión que se le impondría por haber cometido el delito en Estados Unidos.
El pasado sábado, otro juez -Robert Levy- negó la excarcelación de Martinelli Linares y lo mandó al MDC, donde está bajo condiciones “inhumanas”, según su abogado. Martinelli Linares originalmente proponía una fianza de $4.5 millones, garantizada con un $1 millón en efectivo, de su propio bolsillo, y propiedades de siete amigos cercanos en Nueva York y otras partes de Estados Unidos. En el documento no se anotaron los nombres de esos amigos. Como Levy indicó que ese paquete era “insuficiente”, este martes proponía $5 millones de fianza, con una garantía de $2.5 millones en efectivo.
‘Tiempo servido’
En una nota enviada al juez Dearie el lunes 13 de diciembre, Martinelli Linares no ocultó que su intención es que se le imponga una sentencia de “tiempo cumplido”. Para sustentar esta petición, su abogado puso como ejemplo a José Grubisich, CEO de Braskem, la petroquímica filial de Odebrecht, que fue sentenciado a 20 meses de prisión, cantidad que -según la defensa- será reducida por buen comportamiento. Si eso es así, en la práctica, Martinelli Linares habrá permanecido en prisión más que Grubisich, “uno de los altos líderes del esquema de sobornos en el que el señor Martinelli jugó un papel secundario como intermediario para un miembro de su familia”, alegó el abogado Hecker.
En la nota también se resaltó a que con la sentencia de “tiempo cumplido”, Martinelli Linares busca una “resolución” de los cargos que tiene en Panamá, también por los sobornos de Odebrecht. Alegó que la conducta confesada en Estados Unidos, “es la base de los cargos penales pendientes en Panamá”. El juicio por este caso empieza el 18 de julio en el Juzgado Tercero Liquidador, del Primer Distrito Judicial de Panamá, y aquí también está imputado su hermano Luis Enrique, así como su padre, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, entre otros.
En Panamá, Martinelli Berrocal se ha negado a declarar por este caso y ha presentado querellas penales contra Tania Sterling, la fiscal principal del caso (actualmente, de vacaciones). También ha dicho que todo es un “invento” fabricado por el expresidente Juan Carlos Varela (también imputado) y la exprocuradora Kenia Porcell y que sus hijos venían a “cooperar”, cuando fueron capturados en el aeropuerto La Aurora de Guatemala, a solicitud de Estados Unidos.
