Una serie de declaraciones juradas presentadas este lunes 27 de julio al juez federal Robert M. Levy, del distrito este de Nueva York, amplían la petición inicial de la fiscalía federal del mismo distrito de Estados Unidos (EU) contra los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli.
En dos de las declaraciones juradas, la fiscal asistente del distrito este de Nueva York, Julia Nestor, expone los cargos que el gobierno de EU imputa a los hermanos por la trama de sobornos de Odebrecht.
Según los documentos a los que tuvo acceso La Prensa, a Luis Enrique se le imputa un cargo de conspiración para realizar lavado de dinero; dos cargos de ocultamiento del producto del lavado de dinero, resultado de un soborno a un alto funcionario del gobierno de Panamá; y otros dos cargos por usar fondos provenientes del lavado de dinero, derivado de un soborno al mismo funcionario.
La fiscal afirma que estos delitos tienen una pena de hasta 50 años de cárcel.
A su vez, Ricardo Alberto enfrenta un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos de ocultamiento del producto del lavado de dinero derivado de un soborno a un alto funcionario del gobierno de Panamá. Las penas por estos delitos son de hasta 40 años de cárcel.
En los documentos también se menciona que podrían enfrentar otros cargos por “ayudar e instigar” la posible comisión de otros delitos por parte de terceras personas que participaron en los hechos.
Así mismo, se reconoce que el agente especial del FBI Michael Lewandowski se reunió en más de una oportunidad con los hermanos Martinelli Linares, reuniones sobre las que el vocero del expresidente, Luis Eduardo Camacho, dijo no tener información, salvo lo publicado por La Prensa.
La investigación en la que se fundamentan los cargos lleva años de desarrollo y en 2017 Estados Unidos solicitó asistencia sobre movimientos financieros a cuatro países para completar sus pesquisas. Según la fiscal, la información fue recibida recientemente.
En ambas declaraciones juradas se indica que los Martinelli Linares actuaron como intermediarios en la trama de lavado de dinero derivado del pago de sobornos de Odebrecht S.A. a un funcionario del gobierno panameño. Este funcionario es descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno de Panamá” entre 2009 y 2014, periodo que corresponde al mandato presidencial de Ricardo Martinelli Berrocal, y, además, “familiar cercano” de los dos acusados.
Según las declaraciones, Estados Unidos probará su caso en contra de los herma nos Martinelli Linares por medio de diferentes tipos de evidencias, incluyendo información obtenida a través de testigos, registros bancarios, documentos que prueban quienes son los accionistas reales de las sociedades investigadas y correos electrónicos, entre otros.
Sin juramentación sólo queda el plan ‘B'
El horizonte para una posible juramentación de los diputados suplentes del Parlacen Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares está cerrado.
Todo parece indicar que la sede del Parlacen en Guatemala no los juramentará, como tampoco la mayoría de los miembros de la bancada panameña. Sin juramentación, no recibirían la protección diplomática de la Convención de Viena de 1961.
Incluso si la tuvieran, según especialistas, pudieran ser sujetos extraditables por la justicia guatemalteca hacia Estados Unidos.
El ejercicio de los cargos públicos es sumamente formalista. Nadie entra en funciones hasta que tome posesión del cargo para el que fue designado o electo. Es esa toma de posesión o juramentación la que perfecciona la cadena jurídica que permite el ejercicio del cargo y, con ello, el amparo de los blindajes legales y constitucionales que el mismo otorga.
En Panamá, existen precedentes de importancia sobre este tema. Por ejemplo, el diputado suplente del Parlacen Eudocio Pany Pérez fue declarado no culpable el 2 de octubre de 2019 por un tribunal de juicio del sistema penal acusatorio, que lo juzgó a pesar de que Pérez era diputado suplente para el periodo 2019-2024, pero no había tomado posesión de su cargo.
Otra validación del requisito de juramentación para obtener los derechos y garantías del cargo de diputados del Parlacen es el ejemplo del expresidente de la República Ricardo Martinelli Berrocal, quien fue juramentado el 1 de julio de 2014 como diputado del Parlacen en su condición de exmandatario de Panamá.
Fue esa juramentación la que obligó a la Corte Suprema de Justicia a asumir la competencia de las causas penales del expresidente, hasta que la propia Corte declinó por la renuncia de Martinelli Berrocal a esa diputación.
Si la teoría de la inmunidad automática, es decir, sin juramentación, fuera válida, entonces tanto el expresidente de la República Juan Carlos Varela, como la exvicepresidenta Isabel De Saint Malo, tendrían inmunidad por ser diputados del Parlacen, aunque no hayan sido juramentados.
Habla Estados Unidos
Michael Kozak secretario interino para asuntos hemisféricos del Departamento de Estado, escribió ayer en Twitter: “A individuos dentro del Parlacen les gustaría usar la membresía como un escudo para bloquear la extradición a Estados Unidos de criminales imputados”.
Sin mencionar nombres, todo parece indicar que Kozak se refirió al intento de los hermanos Martinelli Linares de conseguir inmunidad por vía del Parlacen.
Veterano diplomático estadounidense, Michael Kozak conoce bien a Panamá, ya que fue parte del equipo negociador de los Tratados del Canal de 1977 y enviado especial de Ronald Reagan en 1988 para negociar la salida del dictador Manuel Antonio Noriega.
Precisamente, su experiencia previa con Panamá es lo que le da más peso a sus palabras.
Otro plan
La Prensa consultó al politólogo guatemalteco Manfredo Marroquín sobre el esfuerzo de obtener inmunidad diplomática de los hermanos Martinelli Linares.
Marroquín considera que, aunque la obtuvieran, “ya están detenidos” y el ambiente en Guatemala es contrario a cualquier juramentación.
Un ejemplo reciente del rechazo popular en Guatemala al blindaje que otorga el Parlacen a los políticos fue la juramentación del expresidente Jimmy Morales el 14 de enero de este año, cuando manifestantes impidieron su llegada a la sede del foro regional y tuvo que juramentarse en un hotel, en el cual hubo protestas por esta acción. Morales rompió el récord de rapidez de exmandatarios centroamericanos en juramentarse como miembros del Parlacen. Lo hizo el último día de su gobierno.
La justicia guatemalteca labora a media velocidad por la pandemia de la Covid-19; sin embargo, Marroquín explicó que es posible que la semana próxima se reinicien los procesos judiciales de los hermanos Martinelli.
Sin juramentación y con una mayor presión de Estados Unidos, avanza otro episodio de la novela guatemalteca que se junta a la italiana, la brasileña, la española y la panameña. Todas estas cuentan una trama similar, sin happy ending.
