Los ‘Pandora Papers’ y la evasión global de impuestos

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó ayer la investigación Pandora Papers, sobre cuentas y sociedades en unas 30 jurisdicciones, incluyendo Panamá, supuestamente usadas para esconder dinero y evadir el pago de impuestos.

‘Pandora Papers’, la nueva investigación del ICIJ

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) lanzó una nueva investigación sobre presuntas cuentas secretas, mientras el gobierno panameño teme que la divulgación de documentos ligados a firmas locales afecte la reputación del país.

La nueva divulgación, denominada Pandora Papers, está basada en 11.9 millones de documentos, sobre cuentas y sociedades en una treintena de jurisdicciones, incluyendo Panamá, supuestamente utilizadas para esconder dinero y evadir el pago de impuestos, entre otras actividades. El consorcio obtuvo los documentos y los compartió hace casi dos años con más de 600 periodistas de unas 150 organizaciones en 117 países.

Los documentos involucran –según el consorcio– a por lo menos 336 políticos de 90 países. Se mencionan los nombres de los expresidentes panameños Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). La información no ha sido verificada de manera independiente, por La Prensa.

Los 336 políticos se reparten entre 12 firmas, entre las que hay varias panameñas. 161 serían clientes de la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y 97 a Trident Trust. El resto se reparte así: Asiaciti Trust (25), OMC Group (21), SFM (18), DADLAW (17), Alpha (11), Fidelity (10), AABOL (8), Commence BVI (4), Cititrust (3) y GDG (2).

Alcogal y OMC Group (Overseas Management Corporation) son panameñas.

Según una nota del ICIJ, más de 2 millones de los 11.9 millones de documentos confidenciales son de Alcogal (a Trident corresponden más de 3 millones), con información sobre más de 14 mil sociedades offshore de panamá, Belice, Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés) y otras jurisdicciones creadas por Alcogal para más de 15 mil clientes en todo el mundo, la mayoría desde el año 1996.

Alcogal replicó que la información divulgada por el ICIJ es “inexacta, desactualizada y proyecta una imagen equivocada acerca de las actividades de nuestra firma”.

“Nuestra auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por el ICIJ. De hecho, desde nuestra fundación en 1985, nunca hemos enfrentado cargos relacionados con actividades indebidas y mucho menos hemos sido condenados por cualquier tipo de actividad ilícita en las jurisdicciones donde trabajamos”, señaló la firma en un comunicado divulgado ayer, domingo.

El ICIJ hace referencia a una carta de Alcogal, en la que la firma le asegura que la incorporación de sociedades es solo un aspecto del portafolio de servicios legales que ofrece y que cumple con todos los requisitos legales en cada una de las jurisdicciones en las que opera.

La filtración de documentos ocurre dos días después de que se conociera que desde el 16 de septiembre pasado el gobierno panameño dirigió una nota al ICIJ, ante la posibilidad de que la investigación ocasione perjuicios al nombre del país, como –según alega– ya ocurrió en 2016 con los llamados Panama Papers, sobre las actividades de la hoy extinta firma Mossack Fonseca.

La carta, que envía J. Erik Connolly, de la firma estadounidense Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, señala reformas que ha hecho Panamá en los últimos años para blindar su sistema financiero, aunque es un hecho que todavía el país permanece en varias listas sancionatorias.

“Cualquiera que sea la percepción que el ICIJ tenía de Panamá en 2016, en cuanto a los requisitos de diligencia debida y la supervisión de los bufetes de abogados, no se parece en nada al Panamá de hoy”, remarca la nota.

Ayer, la Presidencia de la República divulgó un comunicado, en el que anunció que la Superintendencia de Sujetos no Financieros hará una supervisión inmediata de “los sujetos obligados de nuestra jurisdicción mencionados en la publicación, como parte de nuestra respuesta oportuna, para la protección de la imagen y reputación del país”.

Asimismo, que la Dirección General de Ingresos (DGI) iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes (sean personas naturales o jurídicas) en Panamá, señalados en las publicaciones, y también atenderá el intercambio de información que solicite alguna de las jurisdicciones aludidas en las notas.