Con el inicio hoy del proceso de entrevistas para seleccionar a dos nuevas figuras en la Corte Suprema de Justicia, el presidente Laurentino Nito Cortizo se encamina a nombrar la mayoría de los magistrados de ese tribunal a partir de enero de 2022, con lo que puede apuntalar su promesa de designar a personas “independientes, con criterio y con total transparencia”.
A las 8:00 a.m. la comisión especial de evaluación inicia las entrevistas a seis de los 79 abogados que presentaron su hoja de vida para reemplazar a Hernán De León, y Luis Ramón Fábrega, a quienes se les vence su periodo como magistrados el 31 de diciembre de este año. De acuerdo con el sorteo que efectuó la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia para determinar el orden de las entrevistas, los primeros son: Diego Fernández Paniagua, Margarita Centella González, Carlos Villalobos Jaén, Juan Ibarra Esquivel, Carlos Jaime Vásquez y Concepción González González.
Tres serán entrevistados en la mañana, y el resto en horas de la tarde.
Mayoría
Con estos dos nombramientos, Cortizo tendrá la mayoría en la Corte: cinco de los nueve magistrados, pues se estrenó en el tema en 2019, a pocos meses de asumir su mandato (1 de julio de 2019), cuando designó a María Eugenia López Arias, Maribel Cornejo Batista, y Carlos Vásquez Reyes, para reemplazar a Jerónimo Mejía, Harry Díaz, y Abel Zamorano, respectivamente. Al igual que ahora, pidió a una comisión que entrevistara a los candidatos, y es posible que en 2022 vuelva a recurrir a este mecanismo para escoger a la persona que reemplazará a José Ayú Prado, quien culmina su periodo en el máximo tribunal en diciembre de 2022.
Con este último paso, Cortizo consolidaría “su poder” en la Corte, pues habrá nombrado a seis de los nueve magistrados. Los tres restantes, Cecilio Cedalise, Ángela Russo, y Olmedo Arrocha, fueron designados por Juan Carlos Varela (2014-2019).
Los retos y las promesas
“Mi administración tendrá la oportunidad de designar a seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia de un total de nueve. Es una decisión sumamente importante para el país, no olvidemos que la columna vertebral de la democracia es su sistema de justicia, y el procedimiento para escogerlos se hará basado en sus conocimientos, compromiso con el país y con el carácter para tomar decisiones”, dijo recientemente el mandatario, a propósito del procedimiento para elegir a los sustitutos de De León, y Fábrega. El Presidente, incluso, adelantó el perfil que deben tener: “conocimiento, carácter, y compromiso”.
Su plan estratégico de gobierno 2019-2024 establece seis promesas para la administración de justicia: garantizar que jueces y magistrados gocen de credibilidad y confianza, garantizar las libertades individuales, los derechos humanos, la vida, y la honra de las personas y sus inversiones, está de número uno. El segundo punto se dirige precisamente a la Corte: designar magistrados independientes, con criterio, y con total transparencia, “conforme a los lineamientos del Pacto de Estado por la Justicia”. En tercer lugar propone contar con servidores judiciales que gocen de estabilidad en sus cargos. También promete dotar al Órgano Judicial y al Ministerio Público de autonomía financiera. El quinto punto se lo dedica a las leyes para permitir la modernización para la solución de conflictos judiciales, especialmente unificando los trámites en la jurisdicción de familia. Por último propone la creación de la jurisdicción constitucional.
¿Pasa la prueba? Precisamente el pasado miércoles la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá dio seguimiento a su Agenda País 2019 - 2024, y se estableció que uno de los retos en administración de justicia es lo relacionado con los nombramientos de los magistrados. De acuerdo al gremio, deben tener mínimo 45 años, el periodo de este cargo debe ser de 20 años y que los seleccionados tengan especialidad en la sala para la que aspiraron. Y que las denuncias de los magistrados las debe ver el Ministerio Público, y no la Asamblea Nacional. También recordaron que el Ejecutivo debe asignar un presupuesto al Judicial acorde con las necesidades para cumplir, entre otras cosas, con la ejecución integral de la Carrera Judicial.
