El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá le entregó el pasado 16 de marzo a la embajada de Estados Unidos dos notas, por medio de las cuales se les solicitó al secretario de Agricultura y a la representante comercial de ese país, la revisión de los términos del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre los dos países, para evitar afectaciones serias a productos sensibles de la economía panameña.
Las cartas son el inicio de lo que debería convertirse en un proceso de renegociación del Tratado de Promoción Comercial, ratificado por Panamá en 2007 y por Estados Unidos en 2011.
El proceso para cambiar el tenor de ese acuerdo comercial se debe iniciar con las autoridades estadounidenses del poder Ejecutivo, para luego trasladarse al Senado para obtener su ratificación.
Una asimetría de nacimiento
Se estima que para el año 2020, los agricultores estadounidenses recibieron subsidios del gobierno federal por un monto de 33 mil millones de dólares, lo que significa que cada uno de los 2 millones de agricultores estadounidenses recibió unos 16 mil 500 dólares ese año y votó predominantemente por el Partido Republicano, según informó el diario español El Mundo.
En segmentos de mercados similares, Panamá no tiene forma de competir con esos subsidios ni contra los altos niveles de productividad de los agronegocios estadounidenses.
La capitulación del sector agropecuario panameño y la caída del empleo rural iban a ser el resultado, no solo del TPC, sino de los otros acuerdos comerciales asimétricos, como el de la Unión Europea.
Entonces, ¿por qué Panamá suscribió estos acuerdos comerciales? Por presiones. Además, existía una suerte de fantasía económica que enunciaba: se compensará lo perdido por el sector agropecuario con las nuevas exportaciones a los mercados abiertos. La balanza comercial de Panamá es deficitaria con la mayoría de los países con los que tiene un tratado de libre comercio.
El secreto fiscal de los acuerdos comerciales
El expresidente de la República Guillermo Endara (1989-1994) contaba la anécdota de que durante su gobierno se eliminaron los aranceles a la insulina para que fuera más barata, pero al paso del tiempo el precio de la insulina aumentó más en Panamá que en otros países, por lo que el gobierno perdió el ingreso arancelario y el consumidor perdió la rebaja de precio.
Según la CEPAL, en 1994, antes de la desgravación masiva de aranceles como requisito para que Panamá formara parte del Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés), el arancel promedio de las importaciones panameñas estaba en un rango de 40% a 70%.
La desgravación le quitó ingresos al Estado y los tratados de libre comercio, incluyendo al Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, han acelerado esta tendencia.
En el año 2019, antes de la pandemia de la Covid-19, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) registró que Panamá realizó importaciones totales por 12 mil 836 millones con 436 mil dólares. Los ingresos que reportó la Autoridad Nacional de Aduanas por su actividad en el año 2019 fueron de mil 319 millones 433 mil dólares; es decir, un equivalente de 10.27% del valor de las importaciones.
Los ingresos de la Autoridad de Aduanas no corresponden en su totalidad a aranceles de importación, pero el monto reportado sirve para un cálculo rápido: si el promedio de los aranceles se hubiese mantenido en el rango documentado por la CEPAL, seguramente las importaciones serían menores, pero los ingresos fiscales del Estado habrían tenido un nivel tal, que muy posiblemente el país no habría tenido déficit fiscal en ninguno de los años del siglo XXI, salvo 2020 y 2021 por la pandemia. Esto nunca podrá ser confirmado, porque la realidad es otra y el nivel arancelario que tiene Panamá es el que ha acordado.
Una gran diferencia
De acuerdo con el INEC, para el año 2019 Panamá importó de Estados Unidos un equivalente a 3 mil 263 millones 993 mil dólares. En cambio, las exportaciones de Panamá hacia ese país fueron de 98 millones 611 mil dólares. Por cada dólar que Panamá exportó a Estados Unidos, importó el equivalente a 33 dólares.
Cuando Costa Rica asumió su negociación dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, entre Estados Unidos y Centroamérica, se entendió la necesidad de hacer más competitiva a la agroindustria del vecino país. El Estado asignó fondos por unos 600 millones de dólares para este propósito. En contraste, el gobierno panameño obtuvo a través de un fideicomiso del Banco Interamericano de Desarrollo 150 millones de dólares para financiar la “agenda complementaria”, que entre muchos significados implica un esfuerzo para modernizar al sector agropecuario.
Esto iba a ser parte del esfuerzo de la administración del entonces presidente Martín Torrijos Espino (2004-2009), para enfrentar el peso del sacrificio del sector agropecuario.
Con el cambio de gobierno, los fondos fueron asignados a otros fines y la agenda complementaria se quedó esperando.
Los vientos de la historia
El 10 de enero de 2006, el entonces ministro de Desarrollo Agropecuario, Laurentino Cortizo, presentó su carta de renuncia al gobierno del presidente Torrijos.
Según se reportó en la época, Cortizo se había opuesto a los resultados de las negociaciones del Tratado de Promoción Comercial.
Ahora, como presidente de la República, su solicitud al gobierno estadounidense para renegociar aspectos muy puntuales del TPC en materia de productos como lácteos, arroz, carne de res, cerdo y aves, representa un gran paso para su gobierno. Sin embargo, es muy poco probable que una carta por sí sola obtenga ese resultado.
Para renegociar el Tratado de Promoción Comercial, el gobierno de Panamá deberá buscar aliados dentro de Estados Unidos y en la región latinoamericana, para aumentar el peso del reclamo. Esto requiere que Panamá contrate asesoría experta de cabilderos que ayuden a movilizar la empatía de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de senadores claves tanto del Partido Demócrata como del Republicano.
Para obtener una ventaja inicial en la renegociación, Panamá tiene que cerrar las ventanas al cuestionamiento que influyentes sectores del gobierno de Estados Unidos pueden invocar.
Primero, está el incumplimiento de los compromisos de documentar y mantener actualizado el registro de los beneficiarios finales de sociedades anónimas y otros vehículos jurídicos y financieros. Segundo, la necesidad de aprobar e implementar una ley de extinción de dominio, que a la vez que sirve para capturar el patrimonio mal habido del crimen organizado, ayudaría para sacar a Panamá de las listas discriminatorias.
El tercer aspecto más urgente es el de la justicia en los casos de corrupción de alto perfil. La percepción generalizada, dentro y fuera del país, de que el poderoso caballero don dinero compra impunidad, debe ser sustituida por condenas ejemplares de tirios y troyanos para que sea muy convincente el mensaje.
Una dimensión en la que Panamá envía las peores señales es en la arena de las contrataciones públicas. Son muy escasas las licitaciones en las que empresas estadounidenses participan, y mucho menos las que ganan. Aquellas inversiones emblemáticas de capital estadounidense, como la compra de Cable & Wireless, y el desarrollo de inversiones en el sector energético, son pruebas claras de que es posible que las empresas estadounidenses participen del mercado panameño. Sin embargo, esta ha sido una experiencia minoritaria que necesita cambiar.
En Estados Unidos, existe una opinión pública favorable a remediar los “excesos” del libre comercio. Eso explica una parte del éxito que tuvo el expresidente Donald Trump, que supo convertir el comercio deficitario con China y México, en un grito de batalla electoral.
Sin embargo, Panamá tiene que ganarse a esa opinión pública, que es la que en el fondo consigue los grandes cambios en Estados Unidos.
Es necesario que el país tenga una estrategia comunicacional y de contacto con los principales medios de comunicación de Estados Unidos para enviar ese mensaje. Esto será sumamente difícil, porque no existe esa relación con los medios panameños.
La imagen de Panamá en el mundo es la de un país tramposo. Desde los Panama Papers hasta los Pandora Papers, pasando por el escándalo Odebrecht, FCC y otros, el Estado panameño no ha sido capaz de articular una ofensiva de imagen respaldada por hechos y logros, que no solo saquen a Panamá de listas incómodas, sino que también faciliten la llegada de buenos socios y nuevos capitales. Todo esto debe acompañar los esfuerzos de renegociación del Tratado de Promoción Comercial.
¿Por qué no entró Walmart a Panamá? Uno de los efectos más visibles de los acuerdos de libre comercio de otros países con Estados Unidos fue la llegada de las grandes empresas minoristas estadounidenses que se establecieron o que adquirieron operaciones en curso. Esto pasó en México, Chile y Costa Rica. A pesar de que existe el TPC desde 2011, Walmart y otras empresas no han llegado a Panamá como tales. La razón es que el artículo 293 de la Constitución Política prohíbe el comercio al por menor a los extranjeros.
A pesar de que este artículo es ampliamente infringido en la práctica, una empresa seria de países como Canadá, Estados Unidos o de Europa no va a incumplir la Constitución panameña porque otros lo hacen. El gobierno de Cortizo podría ofrecer una reforma constitucional para cambiar el artículo 293 y así permitir este flujo de inversiones extranjeras. Ese es un elemento para negociar y para pensar.
El resultado del TPC y de todos los acuerdos comerciales debe ser tan beneficiosos para Panamá como para las contrapartes. Eso significa que el “libre” comercio sea cada vez más justo.
